El futuro de las pensiones

La propuesta que el Gobierno envió en febrero al Pacto de Toledo ha despertado ácidas reacciones contra el propósito implícito de reformar el sistema público de pensiones que implicarían un recorte de las prestaciones.
La primera respuesta ha sido de sorpresa pues no ha pasado mucho tiempo desde que se aseguraba por los políticos que no había ningún motivo de preocupación y que, por el contrario, el fondo de reserva aumentaría año tras año. De repente, parece que al Gobierno se le cayó la venda de los ojos y descubrió asustado que estaba en peligro el futuro del sistema con la consiguiente amenaza para los derechos de los futuros jubilados. En consecuencia, era preciso retrasar la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67 y pasar la base de cálculo de la pensión de 15 años que se toman ahora a 25.
Lo primero me parece más lógico que lo segundo, siempre que sea con carácter voluntario incentivando la prolongación en el trabajo, que su aplicación sea diferenciada en función de las profesiones y que el trabajador pueda jubilarse a cualquier edad si tiene 40 años cotizados. Es indudable que la esperanza de vida se ha incrementado notablemente y debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer el cese de la actividad laboral. Por otro lado se facilitaría la posibilidad de completar el período mínimo de cotización, Esta medida debería ser complementada con otras dos: que la edad media de jubilación efectiva fuese de 65 años desde los 63 actuales y que las prejubilaciones se redujeran drásticamente. Y todo ello sin descuidar la eficiencia de la gestión.
Con el fin de velar por la buena salud del sistema de pensiones sería deseable que las no contributivas fuesen satisfechas con cargo al presupuesto del Estado, y lo mismo cabe decir de los complementos a mínimos.
Habrá que recordar que los ataques al régimen de pensiones públicas se vienen sucediendo desde hace más de una década por parte de quienes propugnan como alternativa la suscripción individual de planes privados que constituyen un saneado negocio de la banca y de las compañías de seguros. Con este fin los defensores de las pensiones complementarias demandan que la legislación aumente las desgravaciones fiscales que induzcan a los trabajadores con mayores ingresos a confiar la seguridad de su vejez a las entidades financieras, que la experiencia demuestra no ser invulnerables.
En el fondo de la cuestión subyace el concepto de la seguridad social como un pilar fundamental del Estado del bienestar, como fruto de un siglo de conquistas sociales conseguidas a un alto precio de luchas y sacrificios.
Frente a apriorismos ideológicos y planteamientos economicistas, no se puede olvidar que la seguridad social es un instrumento indispensable para garantizar la paz social, basada en la justicia , que es el fin último del progreso económico. No se hizo el hombre para el desarrollo, sino éste para el hombre.
Una sociedad insolidaria que se despreocupase de la estabilidad y cohesión social estaría abocada a afrontar otros problemas, comenzando por el de la propia seguridad y a soportar el lastre que para el progreso representa un sector importante de la población condenada a vivir en condiciones precarias.
Como corolario, la financiación de la seguridad social no tiene por que sostenerse exclusivamente en las cotizaciones de los asegurados sino que, en caso de déficit sería cubierto por los ingresos públicos como fórmula de redistribución personal de la renta entre todos los españoles mediante un sistema tributario que cumpla lo previsto en la Constitución, la cual, en su artículo 31 exige que sea justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, ideal que lamentablemente, está lejos de cumplir el que está en vigor.

Diez consecuencias del paro

Autor invitado: Marcos Franco

El paro es un fenómeno relativamente moderno, producto de la economía industrial que empezó a surgir en Europa hace algo más de dos siglos. Antes de eso, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo, y ya se tratara de producir para el autoconsumo o para su venta, la tierra suponía una inagotable fuente de generación de empleo.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, el trabajo ya no es un bien infinito, y el paro se presenta como una de las consecuencias indeseables de la por otra parte engrasada máquina que es la moderna economía de mercado. En el caso de España, este mal moderno ha estado particularmente presente en los últimos 30 años (de los cuales hemos padecido durante 28 un índice de paro superior al 10% de la población activa).

Todos sabemos lo perjudicial que resulta el desempleo, pero probablemente sus consecuencias son aún mayores de las que se ven a primera vista, afectando no sólo a los parados sino a la población completa. Seguramente hay alguna más, pero podemos destacar las siguientes:

1. La más evidente consecuencia del desempleo es la disminución de los ingresos de las familias afectadas. Una situación de dificultad financiera a la que a menudo va aparejado un deterioro de la vida familiar y de la autoestima del individuo.

2. Un elevado índice de paro también perjudica a los trabajadores ocupados. Allí donde el empleo se convierte en un bien preciado o en peligro de desaparecer, pueden crecer la tensión entre empleados y las situaciones de explotación laboral más o menos encubierta. Del mismo modo, la desesperación de los demandantes de empleo les hace ser candidatos mucho más dispuestos a aceptar condiciones que en otras circunstancias no aceptarían, lo que incrementa la precariedad.

3. La precariedad laboral actúa de refuerzo para la expansión de la economía sumergida, cuyos índices son mayores en nuestro país que en otros países de nuestro entorno (se calcula cercana a un 20%), y cuyas consecuencias son bien conocidas: trabajadores desprotegidos, fraude fiscal, competencia desleal...

4. Criminalidad. Alguna gente, sobre todo personas jóvenes de entornos marginales, pueden verse empujados a buscar fuera de la legalidad los ingresos que les aportaría ese empleo que no encuentran en el mercado laboral. Hablamos de actividades como tráfico de drogas, prostitución, delincuencia...

5. Desmotivación en la educación. Muchos jóvenes en edad universitaria desconfían de que sus estudios vayan a servirles de algo el día de mañana. De hecho, se sabe que una buena parte de los titulados universitarios acaban trabajando en puestos inferiores a su titulación académica, o incluso en tareas que no tienen nada que ver con aquello que estudiaron.

6. Reducción de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo entre los parados. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de “efectos de segunda ronda” contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.

7. Reducción de los presupuestos del Estado y por tanto los servicios que éste puede ofrecer. Entiéndase que, por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos. Y por otro, el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo, por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.

8. Despilfarro de recursos. Siendo el factor humano uno de los factores principales que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico para un páis mantener un stock tan elevado de capital humano sin usar.

9. Retardo en la edad de emancipación juvenil. La falta de trabajo (o de estabilidad laboral entre quienes sí lo tienen) supone para los jóvenes la imposibilidad de abandonar el hogar paterno, retrasándose así sus planes futuros de vida como puedan ser el independizarse, casarse y formar una familia.

10. Paternidad atrasada y baja natalidad. Derivado del punto anterior, la edad media para tener el primer hijo en España se ha retrasado considerablemente en las últimas décadas hasta situarse por encima de los 30 años. La paternidad atrasada conduce muchas veces a tener menos hijos en total, con lo cual el problema de la baja natalidad que sufre nuestro país puede también achacarse en buena medida al fenómeno del paro.

En definitiva, y ya para terminar, no cabe duda de que la sombra del paro es muy alargada, y que la reducción del desempleo debe ser, y especialmente en momentos como éste, una prioridad fundamental para los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición. Eso significa saber hacer política de altura y tomar medidas que en ocasiones pueden resultar impopulares o no coincidir con los intereses de patronal y sindicatos (ninguno de los cuales, tengámoslo en cuenta, representan los intereses de los parados). Esperemos que, con valentía y con todos los medios a su alcance, el gobierno actual (o el que venga después) consiga atajar este mal que es desde hace mucho tiempo, y ahora todavía más, el problema número uno de este país.

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