Ética y sociedad

    La sana convivencia social estriba en que el amor propio y el amor a la patria se complementen con el respeto a las tradiciones y derechos de los demás pueblos sin limitaciones distanciales. Eso es lo que convierte en ciudadano al individuo, cuando comprende que no es posible la felicidad personal con la desdicha colectiva, y que  por encima de los derechos individuales están los intereses generales de la sociedad.

    La comprensión de esta dualidad se consigue a través de la educación solidaria para la democracia, la “paidea” de los griegos, que libera las mentes de ataduras irracionales y hace comprensible y atractiva la necesidad de vivir en sociedad, que es el ámbito donde las personas se realizan como seres humanos en toda su plenitud, como en tiempos remotos se hacía en el seno de la familia, el clan o la tribu.

    Si en la antigüedad los límites territoriales de la sociedad se agotaban en la “polis”, la ciudad, porque fuera de sus límites, extramuros el mundo restante era algo ajeno y distante, a lo largo de la historia, se han extendido al Estado-nación, y actualmente estas formas de organización política han devenido disfuncionales para dar solución a los mil y un problemas que desbordan las fronteras de cualquier nación por más extensa y poblada que sea.

    Por eso, la ética griega de la que aún nos alimentamos, era una ética social, válida para la vida política, es decir,  de la ciudad. Hoy tenemos que elaborar y respetar nuevos principios éticos de validez universal, como por ejemplo los derechos humanos, para asegurar la pervivencia de la comunidad internacional en que se ha convertido la globalización o mundialización. Esta nueva sociedad está constituida, ni más ni menos que por la población del planeta, tan interrelacionada e interdependiente como pudieron estarlo en la antigüedad los habitantes de la “polis”.

    Para adaptarnos al empequeñecimiento del mundo por obra de la técnica, deberá surgir la conciencia de una nueva identidad colectiva, superpuesta a las demás que nos definen, en forma de círculos concéntricos. De esta manera, junto a nuestra pertenencia a un municipio, a una  comunidad autónoma y a una nación, es preciso que asumamos  la condición de ciudadanos del mundo, que a nuestras identidades anteriores agreguemos una más, sin que ninguna pueda considerarse excluyente porque todas son parte de un conjunto que abarca y define a cada persona como miembro de la familia humana.

    Las campañas populares en reivindicación del 0,7% del producto interior bruto para ayuda al Tercer Mundo, cuyas naciones son llamadas ahora en desarrollo, es un signo de que se va abriendo paso la mentalidad de que todos navegamos en el mismo barco y que los pasajeros de cubierta  no pueden desentenderse de los que viajan en los sollados. En definitiva, que el barco llegue a buen puerto o que naufrague en su ruta, será por obra y gracia de todos los viajeros y de la tripulación.

    La vida nos muestra con excesiva frecuencia como los supuestos seres superiores o

dictadores salvapatrias sostienen tesis indefendibles y actúan fuera de toda razón, llevando a sus pueblos a la ruina como nos muestra la historia que, siendo maestra de la vida, cuenta con muchos alumnos desmemoriados.

Valores éticos y razón de Estado

    En el inútil intento de justificar el comportamiento ilícito de los Estados, los politólogos se acogen a tres teorías  diferentes. En unos casos se sustenta el principio de que, excepcionalmente, el fin justifica los medios, ampara la razón de Estado. Y dado que el fin de la política es el bien común, se consideraría admisible que el Estado no estuviera sujeto a los condicionantes y limitaciones de la ética. Como la razón de Estado es interpretada por el poder, fácilmente se colige que puede servir de coartada a los abusos, incluida la práctica de la tortura y los crímenes de Estado.

    El segundo argumento reconoce la subordinación de la política a la moral, pero admite  excepciones en casos extremos en los que  sería explicable que prevaleciera la política sobre la moral y se justificaría la vulneración de las leyes, como sería el caso de la declaración de la suspensión de los derechos constitucionales. Al no tipificarse los estados excepcionales, quedaría su declaración al arbitrio de quien estuviera asistido por la fuerza: nos encontraríamos de hecho en el primer supuesto.

    A este principio se acoge la Constitución española al determinar en su art. 116 los requisitos para la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio, sin definirlos.

    Por último, otros teóricos contraponen la ética de los principios a la ética de los resultados. Mientras la primera juzga los hechos con arreglo a los principios, la segunda justificaría la acción u omisión en función de las consecuencias que se supone se derivarían de actuar en forma distinta. Este es el argumento que esgrime EE.UU. para justificar las detenciones de Guantánamo de supuestos miembros de Al Qaeda sin juicio y sometidos a tortura en función de la información que pudieran proporcionar por dichos medios. El moralista, antes de decidir el camino a seguir, se pregunta a qué norma debe atenerse. La cuestión para el político, que no defiende los intereses particulares sino los generales, es de otro orden: “Qué resultados acarrearía mi decisión”. Para el individuo es el principio indeclinable, su máxima es cúmplase la justicia aunque perezca el mundo, pero el político tiene que buscar para su pueblo el mal menor y no puede asumir la responsabilidad de que el mundo perezca. Sus conciudadanos le habrán elegido para salvarles,  no para ser aniquilados. Aquí entraría en juego el concepto de guerra justa.

    La conclusión definitiva que se extrae del triple razonamiento es la imposibilidad de dar una explicación plausible que ampare la autonomía de la política respecto de la ética. Por tanto, no podrán alegar licitud los gobiernos para sus acciones basadas en la mentira, la violencia, el incumplimiento de lo pactado o la vulneración de la ley.

    No obstante, la supeditación a la política, es un hecho cotidiano. La triste realidad sigue siendo la vigencia de las reglas amorales dadas por el príncipe Maquiavelo, y así tenemos que, frente al precepto “no matarás”,  la historia se nos muestra como una serie inacabable de masacres. La compleja realidad de la vida social marca un abismo entre la  reconocida bondad de los principios  y su aplicación en la práctica.

    Las disquisiciones en torno a la colisión de ética y política no son un mero ejercicio de logomaquia sino que abordan un tema de permanente actualidad que enfrenta la teoría con la práctica, el ideal con la realidad.

    Los casos en los que se evidencia este contraste están a la orden del día. He aquí algunos ejemplos de la realidad contrastada.

    Servicios secretos. También llamados “servicios de inteligencia”, “servicios de información” o simplemente “servicios de espionaje y contraespionaje”, cuyo “modus operandi” se sirve del secreto, el sigilo, el disimulo y el engaño en la ejecución de su cometido. Estos servicios defienden  al Estado en las cloacas, según declaró Felipe González, a la sazón presidente del Gobierno. En ellos la publicidad y transparencia  que se exige a los actos públicos, brilla por su ausencia.

    Fondos reservados. Tienen el mismo carácter oculto de los servicios secretos, ajenos al control parlamentario y se destinan a retribuir a confidentes, chivatos, soplones e infiltrados en redes delictivas sin dejar rastros contables o fiscales, de forma que los perceptores no son identificados ni sufren detracción por IRPF o IVA

    Venta de armas. Aquí el Estado no solamente autoriza la fabricación de armas militares para su venta a otros países  sino que su exportación se considera una operación de comercio normal pero difícilmente justificable desde el punto de vista ético, especialmente cuando se envían a países en guerra o que van a ser utilizadas  para reprimir las protestas de sus ciudadanos.

    Testimonio de arrepentidos. De algún tiempo a esta parte se tiende a admitir su testimonio y al mismo tiempo a discutir la figura del “arrepentido” como un colaborador singular de la justicia, especialmente en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Estamos ante delincuentes que en un momento determinado, por distintos motivos, deciden traicionar a sus socios y se convierte en acusador, facilitando con ello la detención y posterior juicio de la banda a la que pertenecía. El precio que puede poner por su delación es la exoneración o la reducción sustancial de la pena que en su caso le correspondería, exigiendo a la Administración la garantía de su seguridad, pudiendo facilitarle una nueva identidad. Esto supone una claudicación de la justicia que suscita el rechazo de algunos juristas, porque además, el supuesto arrepentido  puede no ser tal sino que actúe  por un móvil de venganza o por librarse en la medida de lo posible, de la expiación de sus delitos, sobre todo si el juicio se celebra sin la presencia del inculpado que por tal razón no puede defenderse, porque el acusador tenderá a atribuir a otros la autoría de los delitos que él cometió.

    Quienes admiten la figura del arrepentido lo hacen en base a la eficacia de la labor represiva. Esta actitud pone en cuestión la validez del principio de que los fines  perseguidos no deben justificar los medios. Lo contrario configuraría un ejemplo  práctico de elección  entre la ética de los principios y la ética  de los resultados. Quienes defienden el primer supuesto se atienen al respeto de la norma, quienes optan por el segundo supuesto, se amparan en las consecuencias de sus actos.

    En España, la doctrina del Tribunal Supremo es contraria a la obtención de pruebas por medios reputados de ilícitos como el descubrimiento de un delito por medio de escuchas telefónicas no autorizado. Recientemente hemos asistido a un caso de discutible eticidad. Cuando el juez Garzón tuvo fundadas sospechas de que unos abogados se habían confabulado con sus defendidos en prisión, intervino sus comunicaciones telefónicas. Denunciado, el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación, lo que supuso el final de su carrera.

    También son rechazadas las pruebas obtenidas por la entrada en domicilio sin autorización judicial, o mediante la provocación del delito como sería el caso de un agente que se finge comprador de droga. El sistema de garantías que puede dejar impunes delitos probados, es difícilmente aceptado por la opinión pública pero es la servidumbre que impone el funcionamiento del Estado de derecho.

Profecías autocumplidas

    Existen situaciones en las que quien anuncia un suceso determinado puede influir directa o indirectamente en que los hechos venideros  favorezcan el cumplimiento de su predicción. Imaginemos el caso de un enamorado que reprocha a su novia que no le ama, lo cual es negado por ella. No obstante, el celoso galán  insiste una y otra vez  que su amor no es correspondido. Y lo hace con tanta insistencia que su interlocutora termina diciéndole que no lo soporta. Porque ¿quién puede sentirse atraído  por un pelmazo que aburre y empalaga? Lo que era un temor infundado en un principio, termina siendo una realidad. Es lo que se llama una profecía autocumplida.

    A veces, quienes asumen el papel de augures no son tan intrascendentes en sus vaticinios como el amante en cuestión. Se trata de intelectuales con prestigio académico metidos a profetas del desastre en cuestiones que nos afectan a todos.

    A esta clase de vaticinios son adictos los organismos económicos y servicios de estudios que acostumbran a pronosticar con años de antelación el crecimiento del PIB  y cuando la realidad les desmiente, como ocurre con harta frecuencia, no por ello desisten de continuar en la tarea. A menudo, lo que anuncian es un empeoramiento de la situación y sus previsiones pesimistas influyen en el comportamiento de los agentes sociales (familias y empresas) que se retraen por desconfianza en el futuro, y de esta manera la profecía tiende a cumplirse.

Otro ejemplo nos lo ofreció hace algunos años el politólogo estadounidense Samuel Huntington quien publicó un libro que tituló “El choque de civilizaciones” en el que sostenía la inevitabilidad del conflicto entre el mundo cristiano y el musulmán. Para muchos, esta visión catastrofista se vería confirmada por los ataques terroristas del 11-S y la reacción del presidente Bush hijo que dio lugar a las guerras de Irak y Afganistán, todavía no resueltas

    Si en lugar de combatir  las causas del desorden mundial que alimentan el terrorismo

 internacional, motivado en parte por la miseria de gran parte del mundo y la opulencia de otro, buscamos el enfrentamiento y rehuimos el diálogo, estamos contribuyendo a que las circunstancias propicien el cumplimiento de los más funestos presagios.

    El enfoque norteamericano de la lucha antiterrorista de considerar sospechosos a árabes y musulmanes da lugar a episodios racistas y xenófobos causantes de que las relaciones internacionales e interculturales sean cada vez más tirantes y que la colisión sea inevitable.

    De perseverar en esta actitud, la lucha antiterrorista se confundirá con una cruzada contra el Islam, a sabiendas de la incoherencia que representa al apoyar simultáneamente a las monarquías semifeudales del Golfo Pérsico de donde procede  el suministro del gas y petróleo.

    Sería trágico que la persistencia de tal mentalidad nos abocase al cumplimiento de la profecía de Huntington que podría significar la destrucción mutua asegurada que pudo ser evitada por la guerra fría. El remedio está en manos de todos. Y Occidente daría pruebas de altura de miras y buen sentido no tomando por enemigos a 1.300 millones de mahometanos cuando menos de un 10% podría estar formado por fanáticos recalcitrantes, fanatismo que anima a los terroristas suicidas.

    El mundo islámico necesita mayor desarrollo económico y librarse de gobiernos despóticos y corruptos, muchas veces respaldados por los países industrializados en función de intereses económicos. En lugar de cruzadas deberíamos ofrecer a ese mundo

más intensas relaciones culturales y comerciales y apoyo a los grupos que en su seno aspiran a mayores niveles de libertad y democracia de sus regímenes y una convivencia pacífica con el resto de las naciones.

Turquía, un experimento político

    El debate existente en torno a que la política islámica se acomode a las reglas democráticas sigue abierto, si bien los ensayos hasta ahora realizados se saldaron con sendos fracasos.
Una visión relativamente optimista la ofrece la evolución sociopolítica de Turquía, curiosamente impulsada por el partido islamista moderado AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) liderado por el primer ministro Recep Tayip Erdogan, con la oposición del CHP (Partido Republicano del Pueblo), laico y socialdemócrata. Un gesto de modernidad muy importante se dio el 12 de octubre de 2010 al ser aprobada la nueva Constitución que sustituye a la de 1982, redactada por una junta militar golpista.
    La nueva Carta Magna libera al régimen de la tutela militar impuesta por el fundador de la República el general Kemal Ataturk, llamado el padre de la patria, en 1923, otorga a los funcionarios el derecho de huelga, reconoce la privacidad de las informaciones personales y aumenta la protección de ciertos sectores de la población como pueden ser niños, ancianos, discapacitados, viudas y huérfanos. A pesar de todo, la nueva ley de leyes  aún está lejos de ser homologable con las europeas, y además tiene pendiente el reconocimiento de la autonomía y los derechos y libertades de los kurdos, un pueblo que suma más de doce millones de habitantes. También falta la emancipación del poder de la tutela religiosa. Por otro lado, Francia exige que el gobierno turco reconozca como verdad el genocidio cometido contra los armenios entre 1915 y 1917 cuyas víctimas se hacen ascender a 1.500.000, lo que las autoridades turcas no admiten, alegando que fueron consecuencia de luchas étnicas.
    Los derechos reconocidos encajan en la aspiración de que el país sea admitido como miembro de la UE, pero tras once años de negociaciones no se han logrado progresos significativos, sobre todo por la oposición de Francia y Alemania temerosas de que Turquía con 73 millones de habitantes islámicos pueda adquirir un papel preponderante en la toma de decisiones, con la agravante de que la demografía turca es expansiva en  tanto que la europea está en retroceso.
    Si la democracia se consolidase en Turquía sería un éxito para todos y daría pie a que otros países musulmanes siguieran el ejemplo. Sería la constatación de que es posible  la transformación de los pueblos árabes y musulmanes en democracias homologables con las occidentales y a su vez la adhesión otomana actuaría como un acicate para acelerar el proceso de cambio. No obstante, la prueba de fuego solo será superada cuando se produzca la alternancia ordenada de la oposición.
    Posiblemente estaríamos ante un error histórico si por defender los intereses particulares de los dos socios principales de la UE se cerrasen definitivamente las puertas a Turquía frustrando las expectativas de paz y entendimiento de cristianos y musulmanes cuyos creyentes suman más de 2.000 millones. Es preciso que nos concienciemos de que si no podemos  entendernos como creyentes, estamos obligados a respetarnos, y mejor, amarnos como ciudadanos libres. 

Ética privada y ética pública

    Cuando nuestros ancestros arborícolas migraron de la selva a la sabana y adoptaron  la posición bípeda, con ello no solo mejoraron su habilidad venatoria al liberar las dos extremidades superiores, sino que propiciaron el crecimiento del cerebro y consiguientemente la inteligencia. Con el desarrollo de la capacidad intelectiva fue posible prever las consecuencias de los actos propios y así establecer las primeras relaciones entre medios y fines.
    En sucesivas etapas de la evolución natural los seres humanos fueron elaborando sucesivos códigos de conducta que se interiorizaron de tal manera en la conciencia que la aceptación de sus principios se consideraron como cualidades innatas a la vez que se clasificaban los actos en buenos si se ajustaban a las necesidades biológicas y favorecían la supervivencia de la especie y por ello recibieron la sanción moral, en tanto que eran prohibidos por ley los actos malos que incumplían dichas condiciones y perjudicaban la convivencia colectiva. La vigencia de dichas normas explica el apelativo  que nos atribuimos de “Homo moralis” junto con el de “Homo sapiens”.
    Los valores éticos que corresponden a las acciones buenas y malas se basan en el principio de  “no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti”.
    Gracias a la proclamación de mandatos morales –de los cuales debió de ser el primero “no matarás”- la convivencia en sociedad se fue haciendo progresivamente más segura y pacífica, en definitiva, más gratificante para todos.
    Aun cuando nadie discute la aplicación de los códigos éticos en las relaciones interpersonales, y el castigo regulado de los infractores,  no existe unanimidad en cuanto a la traslación del comportamiento de los Estados. Las reservas en cuanto a la  vigencia en el ámbito estatal remiten al problema nunca resuelto de la relación entre ética y política, abordado con criterios contrapuestos por Maquiavelo y Tomás Moro, y siglos después por Kant y Hegel, pero continuamos sin consenso respecto a que la moral privada deba extenderse a la acción política, amparada por postulados de la soberanía nacional y amparada por la “razón de Estado”.
    En un intento de explicar la disparidad de criterios, los tratadistas echan mano del principio enunciado por Maquiavelo, el autor de “El Príncipe”, de que, siendo el fin de la política la conservación del Estado, cualquier medio es bueno, ateniéndose a la máxima “salus rei pública suprema lex” (la salvación del Estado es la ley suprema) a pesar de que la norma es incompatible con lo que conocemos como Estado democrático de derecho.
La justificación de los Estados para situarse por encima de la ley se ampara en el vetusto tabú de la soberanía nacional que se basa en que las naciones no reconocen ninguna  autoridad superior a ellas. Frente a esta aberración jurídica se abre paso, venciendo muchos obstáculos, la tendencia a superar esta fase de primitivismo político cuyo avance más notable fue la reciente fundación del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya al que no se adhirieron Estados Unidos, Rusia, China e Israel  por evitar ser juzgados sus agentes y fuerzas armadas en el extranjero. Lamentablemente, los deseos de someter a derecho las conductas criminales de ciudadanos de las grandes potencias tropieza con su resistencia a admitir las normas internacionales encaminadas a perseguir el uso arbitrario de la fuerza. En este argumento fían la  impunidad de sus actos, de lo que son ejemplos la prisión de Guantánamo, la brutal represión de Chechenia o la ocupación del Tíbet.

De la condición del político

    La actividad política es, por las muchas peculiaridades que concurren en ella, una figura singular de difícil clasificación entre las múltiples profesiones a las que cada cual puede dedicar su vida.
   
    Por ser una ocupación no reglamentada como puede serlo la de funcionario municipal, no le atañen las condiciones o requisitos que son normales o necesarios en  otros quehaceres. El aspirante a un cargo público por elección no precisa acreditar ninguna clase de conocimientos, ni estar en posesión de ningún título académico. Sus dotes provienen de una especie de ciencia infusa, acreditada por su actuación anterior que cuando alcanza un grado sobresaliente le reviste de “carisma”, algo de muy difícil concreción pero que arrastra tras sí a las multitudes. El político puede alcanzar los más altos peldaños de la jerarquía, incluso siendo inválido como lo demostró el cuatro veces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, inmovilizado en una silla de ruedas por haber sufrido un ataque de poliomielitis. Un político puede dirigir el ministerio de defensa sin haber hecho el servicio militar o recaer en una mujer que nunca vistió un uniforme. Curiosamente,  algunas constituciones exigen que los jefes de Estado profesen la religión oficial del país, identificando creencias íntimas con aptitudes de estadista.

    Otra particularidad de la clase política consiste en la suposición implícita en los electores de que la idoneidad de sus representantes no guarda relación con la edad y que su aptitud no se verá mermada  porque el candidato se encuentre  en el ocaso de su ciclo vital. Limitándonos a la magistratura del Estado, existe una edad mínima para acceder a ella que en España es de 18 años mientras que en Alemania es de 40, pero en ningún caso se contempla un tope de edad para abandonarla, lo mismo si se llegó a ella por elección, por imposición o por herencia. En ningún caso se fijan límites de senectud que obliguen  a abdicar o cierren el paso a los candidatos. Un ejemplo notable de político senil lo dio en 1989 el griego Xenofon Zelotas al aceptar presidir el gobierno pese a haber superado los 85 inviernos. No parece que la fe popular en la longevidad de los políticos se haya visto afectada por el ejemplo de Andropov y Chernenko, antecesores de Gorbachov, ambos septuagenarios que fueron investidos como jefes de Estado soviéticos y fallecieron  en menos de dos años.

    No es fácil hallar una explicación plausible a tan ingenua creencia que ampara la perpetuación en los cargos públicos, como no se comprende que, un general tenga que resignar el mando de una división o un magistrado del más alto tribunal a renunciar a dictar sentencias por alcanzar la edad de jubilación forzosa, en tanto que el presidente de una república pueda ostentar el mando supremo del ejército o juzgar lo que conviene a todo un pueblo por más años que tenga. Cabe citar entre nosotros la paradoja de que Fraga fuese licenciado de su cátedra a los 65 años y poco después fuese elegido presidente de la Xunta. por tres mandatos hasta ser derrotado en su cuarto intento.

    Para el común de los mortales el paso de los años marca su huella indeleble y cuando se entra en la madurez comienza un declive biológico que se va acentuando progresivamente y se manifiesta en una menor resistencia a la fatiga, una capacidad decreciente a la adaptación a los cambios y una disminuida   capacidad de concentración mental, amén de la pérdida de memoria. Por ello, la jubilación no obedece a un capricho administrativo, por más que el mecanismo sea susceptible de perfeccionamiento, sino a la evidencia  de que comienza la cuesta abajo. La puesta en práctica del retiro facilita el relevo generacional y permite la combinación de la experiencia y serenidad de juicio que aportan los años vividos y la experiencia, con el impulso y el entusiasmo que acompañan a la juventud, sin caer en el extremo de primar el juvenilismo ni apostar por la gerontocracia.

    Por las razones que sea, nadie retira a los políticos por muy ancianos que sean. ¿Será  que el poder hace incombustibles a quienes lo detentan, tanto desde el punto de vista político como biológico? Si tan atrevida teoría fuese confirmada empíricamente, sería cosa de apuntarse a cualquier candidatura para poder aspirar a la eterna ,juventud, tan soñada como inalcanzable. En todo caso, parece demostrado que la de político es una carrera de muy singulares características, no sobrada de racionalidad.

Occidente vs. Islamismo

    No faltan motivos para pensar que uno de los problemas del que más se hablará en este siglo, heredado del anterior, será la conflictiva convivencia del mundo musulmán con el Occidente cristiano, las dos principales religiones apostólicas, junto con sus respectivos estilos de vida, en las cuales comulgan más de mil millones de creyentes en cada una.

    La gran mayoría de los occidentales y muchos intelectuales islámicos reconocen la superioridad del sistema de gobierno del pueblo por el pueblo en que se inspira la democracia, pero es un enigma irresuelto si es compatible con los preceptos islámicos que no solamente rigen y ordenan lo espiritual, sino también la vida política, social y económica.

    De ahí la dificultad de adaptar el Islam –término que significa la sumisión a Alá-  a la democracia, la cual reconoce el pluralismo político y la separación de poderes, lo que provoca un choque  de actitudes. Hoy por hoy, los países islámicos y el Occidente cristiano constituyen dos mundos enfrentados, con episodios tan trágicos y recientes  como las guerras de Irán y Afganistán o los atentados del 11-S contra las torres gemelas de Nueva York.

    Históricamente las relaciones entre la política y la religión cristiana han evolucionado  notablemente. Hasta la aparición del Renacimiento se aceptaba que los reyes  gobernaban “por la gracia de Dios” y la religión estaba profundamente enraizada en la política. El principal embate a este estado de cosas lo representó la Revolución Francesa, seguido de la Ilustración, culminando con la efectiva separación  de poderes a principios del siglo XX. La Iglesia reconoció la legitimidad del cambio en el Concilio Vaticano II celebrado entre 1962 y 1965. En España la dictadura de Franco supuso una vuelta al pasado al proclamarse “caudillo por la gracia de Dios”, inscripción que figuraba en las monedas. A cambio, la Iglesia jerárquica le recibía en sus visitas bajo palio y pedía por él en las misas junto con el papa y los obispos. Por primera vez, la Constitución de 1978 estableció la aconfesionalidad del Estado.

    Lo contrario ha ocurrido con la religión de Mahoma que sigue anclada en la Edad Media y sus frutos son gobiernos teocráticos, ausencia de libertades ciudadanas,   discriminación de la mujer , miseria, subdesarrollo y desigualdad social.

    No es baladí la magnitud de los hechos que dividen a ambas civilizaciones. Bastaría  aludir al pobre papel de la mujer, la ablación del clítoris que se practica en diversos países de Africa, la vigencia en otros de la “sharia” que contempla la aplicación de castigos tan bárbaros como la muerte por lapidación en caso de adulterio en Irán o la represión con la pena capital de la homosexualidad

    La incógnita está en si los impulsos sociales se sobrepondrán al integrismo religioso que ocasiona enfrentamientos no sólo con los cristianos sino también entre sunies y chiies y deje de ser omnipresente como referencia excluyente en todos los campos de las relaciones internacionales. En que se consolide una relación pacífica y respeto mutuo se juega el futuro del Islam y la civilización occidental. Una visión pesimista del futuro inspiró al norteamericano Samuel Huntington (1927-2008) su libro “Choque de civilizaciones”.

    A pesar de las profundas diferencias que nos separan debemos intensificar los esfuerzos y tender puentes con  la esperanza  de que en los pueblos islámicos terminen arraigando los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, y lograr así un mundo en el que podamos vivir sin odios ni violencia.