Confusión de roles

Nuestra época es testigo de cambios tan rápidos y complejos que no nos da tiempo para adaptarnos a las nuevas situaciones que crean y a los papeles que nos imponen.

Uno de los ámbitos en que la desorientación se hace más visible y palpable es el de las relaciones entre padres e hijos y en la clase de educación que éstos tienen el derecho y el deber de recibir. Sobre esta materia es aleccionador el estudio “Hijos y padres, comunicación y conflicto” publicado en 2002 por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, una de cuyas conclusiones más desalentadoras es que el 40% de los padres reconoce su incapacidad para resolver los conflictos de convivencia, y uno de cada tres confiesa no saber cómo educar a sus retoños.
Hemos pasado sin apenas transición del padre tradicional y autoritario al padre permisivo que sólo quiere ser amigo de sus hijos. De un hogar donde las madres prohibían a los varones participar en las tareas domésticas a inculcarles el deber de compartirlas con sus hermanas y el ama de casa.
Ante su impotencia como educadores, los progenitores descargan su responsabilidad sobre los profesores, trasladándose así la tensión a los colegios, lo que pone a prueba la paciencia y la capacidad de resistencia de los docentes. La situación se complica aún más porque si los profesores exigen un mínimo de disciplina, impone algún leve castigo o simplemente llaman la atención al alumno, es probable que reciban una reprimenda de los padres, quebrándose así el principio de autoridad, indispensable en el sistema educativo.
Es evidente que la educación está en crisis, y de ello dan fe, entre otros testimonios, el elevado fracaso escolar, verdaderamente escandaloso, la insatisfacción de los padres por el escaso aprovechamiento, y el cansancio y desmotivación de los docentes. Tengo para mí que el mal arranca de la falta de aprendizaje con que la sociedad encomienda a la pareja la misión más trascendente y exigente como es la paternidad. Mientras cualquier profesión exige años de estudio y formación para su ejercicio, y para desempeñar un puesto en la Administración, por poco cualificado que sea, se precisa aprobar una oposición, a una pareja de adolescentes que contraen matrimonio religioso o civil se les pide que mantengan la armonía conyugal y que ejerzan de educadores sin ninguna clase de preparación previa, experiencia ni conocimientos de lo que se espera de ellos.
¿Qué diríamos de alguien que para aprender natación comenzase tirándose al agua sin ayuda de un monitor? Pensaríamos que el imprudente correría grave peligro de ahogarse. En trance parecido se embarcan quienes comienzan el ejercicio de cónyuges y de padres sin que nadie les haya enseñado el oficio. Que las cosas no salgan aún peor, debemos atribuirlo a la buena suerte o a un milagro.

Transparencia en las cajas

Las cajas de ahorros que recibieron ayudas del Estado para sanearse fueron obligadas a hacer públicas las retribuciones de sus altos cargos. Los interesados demoraron todo lo posible el cumplimiento hasta el último día de plazo, con excepción de alguna entidad que se negó en redondo, como fue el caso de la Caja España Duero, ateniéndose a las consecuencias.
Los datos públicos detallan los sueldos fijos que, siendo todos de elevado importe, alcanzan en varias ocasiones cifras millonarias, cual es el caso de Bankia presidida por el ex ministro Rodrigo Rato que cobra 2,3 millones, independientemente de la retribución variable. Este ingreso supera en mucho lo que percibió antes como director general del FMJ, del orden de 300.000 euros, sin que ello indique que su cargo actual implique mayor responsabilidad al del primero.
En general, la desmesura de los sueldos de los máximos directivos de las cajas se pone de manifiesto al reparar que las pagadoras son entidades de crédito cuyos beneficios, después de la dotación preceptiva a reservas, se destinan a obra social. En la medida en que las retribuciones salariales sean desmedidas, están dañando la cuantía de la concesión de becas, las subvenciones a asociaciones benéficas y culturales, etc, dentro de la amplia gama de actividades de este tipo que abarca la obra social de las cajas. Por haberse convertido gran parte de ellas en sociedades bancarias, la Obra Social queda reducida al mínimo, lo que producirá un vacío en la actividad asistencial y cultural que en 2009 rondó los 2.000 millones de euros. Por otro lado, tratándose de empresas deudoras de fondos públicos, en buena lógica carece de sentido que el dinero de los contribuyentes sirva para enriquecer a algunos privilegiados.
Todas estas razones abonan que el Banco de España no debería limitar su supervisión a la publicidad de los sueldos, sino a disponer que éstos no sobrepasasen lo razonable que no tendrían justificación económica y mucho menos ética. Sobre todo cuando el Gobierno acaba de congelar el salario mínimo de 641,40 euros. Eso al menos cabría esperar de los representantes del Banco de España en los consejos de administración, sabiendo además que las retribuciones fijas suelen ir acompañadas de otras variables: dietas, representaciones en empresas participadas, planes de pensiones, blindajes en caso de despido, etc.
Finalmente, sorprende que los principales ejecutivos de las cajas sean tan remisos en dar publicidad a sus emolumentos, por cuanto aquellas entidades siempre han pregonado su aceptación y práctica de la responsabilidad social corporativa, uno de cuyos principios es la transparencia de la gestión. Se nota que es más fácil predicar que dar trigo.

Saludo al 2012

A lo largo del año que comienza podrán ocurrir acontecimientos imprevistos e inesperados, felices y aciagos no pocos, pero sin duda, unos y otros serán más de lo mismo, repetición de lo ya visto.

Veremos, por un lado desastres provocados por la ciega naturaleza tan maltratada por nosotros: huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, corrimientos de tierras, sequías prolongadas acá e inundaciones devastadoras acullá. A estos males habrá que añadir los causados por la perversidad humana tales como guerras, terrorismo, revoluciones violentas, hambrunas, crímenes contra la humanidad y gentes desplazadas de sus tierras; o por la imprudencia, a saber: accidentes de tráfico, siniestros laborales, violencia doméstica, incendios, naufragios y epidemias y plagas. En resumen, desgracias sin cuento, desolación y sufrimiento configuran un panorama espeluznante que justificaría pedir al mundo que se detenga para apearnos de él.
Sin embargo, no tenemos otros al que trasladarnos y solamente nos queda el recurso de desviar la mirada de este lado oscuro de la vida y recuperar el resuello y despejar el horizonte de las sombras ominosas que lo pueblan a fin de recuperar fuerzas para recorrer los 365 días en el nuevo año, heredero del viejo.
Pese a la triste realidad que dibuja la enumeración precedente, es justo pensar como consuelo en las almas generosas y solidarias que consagran sus vidas al cuidado y consuelo de enfermos y desvalidos en un medio precario y adverso; en los artistas que se desviven por lograr su obra maestra en la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro; en la callada labor de los científicos encerrados en sus laboratorios a la procura de verdades ocultas o de inventos que mejoren la vida de sus semejantes; en los pacifistas de corazón, que no diré que luchan sino que trabajan incansablemente por una convivencia armónica y justa, ajena a la violencia, y ¿por qué no? en las personas anónimas que día a día dan ejemplo de dedicación callada y constante a las tareas que hacen posible que el mundo funcione y no descarrile, sin que la fama pregone sus nombres.
Así de polimórfica, variopinta y heteróclita es la vida en sus múltiples manifestaciones. En definitiva, en el nuevo año asistiremos a una carrera sin fin entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte que comenzó con la aparición de los primeros homínidos y se renueva incesantemente. En el gran teatro del mundo la función seguirá representándose con la entrada en escena de millones de nuevos actores y la salida simultánea por el foro de multitudes que emigrarán al reino de las sombras para que los primeros sigan escenificando la comedia humana, con rasgos de tragedia, en este mundo cada vez más destartalado y hostil.
Querido Año Nuevo: te pido que seas clemente y nos depares mejores novedades que las que nos dejaron tus predecesores; mas, si no estuviera en tu mano concedernos esta gracia, que al menos no seas más cruel que ellos y nos permitas festejar tu despedida, que no será pequeño favor.
Esperamos lo mejor de ti, y con esta esperanza, te saludamos. ¡Bienvenido 2012!

Efectos perversos de la crisis

“Cataluña cierra hasta octubre el 25% de las camas de hospitales” (Titular de prensa del 27 – 07-11)

Estamos a punto de cumplir cuatro años desde que en EE.UU se destapó la trampa de las hipotecas basura, allá llamadas “subprime” y todavía no se ha salido del túnel en que nos sumió la crisis. Los efectos de aquel engaño se propagaron a otros países europeos, y naturalmente, también al nuestro, donde sirvió de detonante del estallido de la burbuja inmobiliaria y el revolcón de las entidades financieras, con especial incidencia en las cajas de ahorros, que mostraron su debilidad para superar su errónea política de expansión y la excesiva concentración del riesgo en la inversión inmobiliaria.
Las consecuencias de las crisis económicas se manifiestan en cadena a lo largo de un proceso que se autoalimenta. La reducción de la actividad ocasiona un incremento del paro, éste hace que disminuya el consumo, lo que a su vez mantiene el bajo nivel de la producción. Para las Administraciones públicas eso significa una mengua de la recaudación, al mismo tiempo que aumentan las prestaciones sociales por desempleo. El déficit presupuestario se agranda y se convierte en deuda al año siguiente.
Tal es el panorama que ofrecen las finanzas estatales, autonómicas y locales, que obliga a los gobernantes a arbitrar fórmulas para contener el desfase, no sólo por iniciativa propia sino bajo la presión que ejercen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y de una manera más apremiante, ese monstruo conocido con el nombre de “los mercados”, detrás de los cuales se esconden personas de carne y hueso dispuestas a especular a costa de los países para hundirlo aun más.
Para hacer frente a la disminución de los impuestos, las autoridades deben buscar ingresos utilizando dos vías diferentes: aumentar la recaudación o reducir los gastos. La primera opción implicaría aumentar la presión fiscal, y como la ideología neoliberal que hoy predomina se opone a gravar más el IRPF, solo queda la alternativa de incrementar los impuestos indirectos, con especial énfasis en el IVA, el gravamen sobre el tabaco y alcohol y las tasas, cuyos efectos se reflejan en el crecimiento del IPC.
La otra vertiente afecta a los gastos e inversiones y como vemos por las medidas adoptadas por muchas comunidades autónomas, se opta por el recorte de los servicios sociales (sanidad y educación), pilares del Estado de bienestar, que tantos esfuerzos y sacrificios han costado conseguir. En cuanto a las inversiones en obras públicas, las licitaciones experimentan un severo recorte con repercusión en el volumen de paro.
Es obvio que, puestos a emplear las tijeras en el capítulo de gastos, es fácil localizar muchos sumideros como alternativa a los recortes sociales.
He aquí algunos ejemplos: oficinas de representación exterior que se solapan con la red estatal de embajadas y consulados, televisiones públicas que además de tener una escasa audiencia, están abiertas hasta altas horas de la madrugada, publicidad institucional que en muchos casos huele a pago de servicios prestados de determinados medios de comunicación; asesores que nadie sabe sobre qué asesoran, subvenciones de carácter clientelar ajenas a criterios públicos y objetivos; ediciones de libros de lujo que nadie lee; coches oficiales y pago de dietas, susceptibles de significativos recortes.
Sería pertinente un examen detallado de los gastos presupuestarios con arreglo a la metodología de presupuesto base cero para cerciorarse de que no se incluyen partidas sin razonable justificación. Los parlamentarios, por su parte harían bien en ejercitar la facultad que tienen atribuida del control previo a la aprobación de la ley.
Todas estas medidas pueden ser de pronta ejecución. A más largo plazo procede iniciar sin demora el estudio de otras de mayor calado, incluyendo el “aggiornamento” de muchas de nuestras leyes que o bien han quedado obsoletas o bien no se corresponden con las ansias de modernidad y racionalización del gasto público como requiere la renuncia a la que se obliga a los ciudadanos al disfrute directo de una parte de sus ingresos que han de entregar a Hacienda.

Reformas pendientes

Suele denostarse el siglo XIX por sus repetidas guerras civiles, la inestabilidad política y la pérdida de nuestro imperio colonial (que no es poco) pero a fuer de justos y objetivos, hay que reconocer la tarea de modernización llevada a cabo en ese período de tiempo.
En una somera enumeración de objetivos es preciso reconocer notables logros, de los que en parte seguimos viviendo, de modo que, sin admitir que cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco debemos caer en el error de creer que todo lo bueno que tenemos es obra nuestra a partir de ayer.
Citemos, por ejemplo, el ordenamiento jurídico que en buena parte sigue vigente a partir del Código Civil y del de Comercio, promulgados a finales de dicha centuria. Ambos cuerpos legales han resistido el paso del tiempo y siguen rigiendo nuestra relación contractual y nuestra actividad mercantil, si bien, como es lógico, a costa de sufrir reformas parciales, parches, enmiendas y adherencias que complican la actividad de los juristas, sin que, no obstante, el legislador se haya atrevido a sustituirlos.
Heredamos de dicho siglo el ordenamiento territorial con la división provincial y municipal como la conocemos después de 177 años, y heredamos también la red ferroviaria y de carreteras, así como la implantación de la peseta, que estuvo en circulación desde 1868 hasta 1999. Pero los años no pasan en balde y la sociedad es dinámica.
Si el ordenamiento jurídico ha de ajustarse a la realidad de cada momento, forzosamente ha de actualizarse. No puede afirmase que esta adecuación haya sido asumida por los distintos gobiernos ni por los cuerpos legislativos que, por indolencia o por intereses, no se han remozado aquellas disposiciones, claramente obsoletas, o han hecho oídos sordos a la necesidad de adoptar medidas legislativas de interés general.
En el primer caso destaca, por ejemplo, la urgencia de modificar la absurda división territorial que comporta la existencia de más de 8.000 municipios, la mitad de los cuales, con una población menguada, no dispone de medios para prestar los servicios básicos, o el mantenimiento de las diputaciones provinciales que con el Estado de las autonomías han devenido claramente disfuncionales, emparedadas entre los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.
Entre las leyes cuya ausencia se hace notar en el desarrollo económico y la calidad del Estado del bienestar citaría la de la reforma fiscal que encarne los principios consagrados por la Constitución, es decir, la igualdad y progresividad, y que proporcione a la Hacienda los recursos necesarios para una auténtica redistribución personal de la renta y el sostenimiento del Estado del bienestar. Otra ley demorada regularía una suerte de reforma agraria con tratamiento específico de los latifundios del sur de España y la micropropiedad del Norte, con especial incidencia en Galicia.
Si hubiera voluntad política, no serían estas las únicas reformas pendientes sino un catálogo de ellas que movilizarían la capacidad de trabajo de las Cortes y la iniciativa del Ejecutivo.
Bastaría sacar a colación la necesidad de regular la energía, la educación, la democracia interna y la financiación de los partidos, la de la ley electoral y el derecho de trabajo, entre otras de menor calado.
Si queremos que España sea un país moderno, democrático, próspero y justo, estos cambios deberían formar parte de los programas electorales de los partidos.

Vida y muerte de las Cajas de Ahorros

¿Qué enfermedad mortal sufrieron las cajas de ahorros que llevó al borde de la extinción a la mayor parte de las mismas? En el espacio de los dos últimos años encajaron un acelerado proceso de intervenciones del Banco de España, fusiones y transformaciones en bancos que redujeron el número de entidades de 45 a 15, y protagonizaron el mayor ajuste, todavía inconcluso, del sistema financiero español.

Todavía está por escribirse el informe detallado y objetivo de las causas que condujeron al desastre, pero ya son reconocibles determinados rasgos comunes que explican la incapacidad de superar los parámetros de solvencia exigidos por el gobierno, con la honrosa excepción de la Caixa de Barcelona, las tres vascas y Unicaja.
Las cajas de ahorros más antiguas fueron creadas en la primera mitad del siglo XIX, respondían al modelo de instituciones benéfico-sociales que como tales dependían de la dirección general de Beneficencia del Ministerio de Gobernación, llamado ahora de Interior. Su finalidad era promover el pequeño ahorro, combatir la usura y financiar las necesidades crediticias de las familias y las pequeñas empresas. Sus excedentes, que no se querían llamar beneficios, se dedicaban a la formación de reservas y a la creación y sostenimiento de obras benéfico-sociales.
Durante muchos años desarrollaron su labor en un reducido ámbito territorial conformado por la población de nacimiento y poco a poco fueron extendiéndose a la provincia y a la región.
Un paso trascendental de su evolución vino dado por el Decreto de 1977 inspirado por el a la sazón vicepresidente del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, que igualó la operatoria de las cajas con la de los bancos.
A partir de entonces se inició una imparable expansión geográfica y del volumen de operaciones que a la larga sería letal. Se abrieron sucursales no sólo en España sino también en Europa y América, y se llevaron a cabo operaciones de riesgo para las que no estaban especialmente preparadas (descuento de efectos, participaciones industriales, créditos sindicados a grandes compañías y sobre todo, subiéndose a la ola de la burbuja inmobiliaria, una imprudente política crediticia centrada en compradores y promotores de viviendas, teniendo que recurrir a los mercados internacionales para la captación de fondos con los que atender la creciente demanda de préstamos.
El resultado fue que las cajas llegaron a administrar más del 50% de los depósitos del sistema financiero con gran preocupación de los bancos que acusaron a las primeras de competencia desleal por cuanto las cajas podían comprar bancos pero no a la inversa por el carácter fundamental de las entidades de ahorro.
La deficiente evaluación del riesgo hizo que al desencadenarse la crisis, con la consiguiente elevación de la tasa de morosidad, muchas de las cajas vieron amenazada su solvencia, situación que agravó el Gobierno al exigir una proporción del 8% al 10% de recursos propios según los casos, que fue como el tiro de gracia. Las consecuencias fueron el cierre de oficinas que nunca debieron abrirse y la pérdida de puestos de trabajo que afectó a miles de empleados.
En resumen, se puede afirmar que las cajas murieron de éxito a causa de un mal uso de la regulación legal permisiva, de una gestión inadecuada, de la presencia de políticos inexpertos en los consejos de administración y de las presiones de la banca que lograron deshacerse de sus mayores competidoras.
La sociedad española ha perdido unas instituciones singulares que contribuyeron enormemente al progreso económico y con su amplia y variada obra social cubrieron objetivos asistenciales y culturales que a partir de ahora quedan desatendidos. Por culpa de muchos y con la impunidad de todos.

Motivos para indignarse

Es una explicación recurrente que la cruz que llevamos a cuestas con nombre de crisis no es solamente económica o financiera sino de valores. Esta desconsoladora constatación se refleja también en el comportamiento y quehacer de los particulares, y lo que es más lamentable es la actitud de las instituciones que suscita entre las gentes sencillas, además de sorpresa y asombro, enfado y cabreo, y hasta la desesperanza de que pueda corregirse el desmadre, el exceso de codicia y la lacerante injusticia social que padecemos. En definitiva, el desorden en que nos movemos da motivos más que suficientes para sentirnos indignados.

He aquí una somera relación, que no pretende ser exhaustiva, de abusos y transgresiones legales que abona el diagnóstico precedente.

1. Es intolerable que España soporte una tasa de paro del 21% de la población activa que somete a cerca del 50% de los jóvenes a buscar trabajo en vano.

2. En este contexto, carece de sentido que se haya elevado la edad de jubilación de 65 a 67 años al mismo tiempo que se prejubila a trabajadores a partir de los 50 años.

3. Es incomprensible que en un Estado social de derecho, directivos de bancos, cajas de ahorros y grandes empresas tengan sus cargos blindados, y perciban además de sueldos millonarios indemnizaciones, “bonus” y pensiones de cantidades escandalosas, incluso después de que sus empresas fueran apuntaladas con dinero público para evitar la quiebra.

4. Repugna a la conciencia la impunidad fáctica de gestores de entidades financieras que llevaron a sus empresas a la ruina y son retribuidos con dádivas de fábula, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores son despedidos con indemnizaciones mínimas o sin ninguna si se trata de contratos temporales. Estos, sin haber tenido arte ni parte en el desastre, son los más castigados.

5. Es inadmisible la impunidad de que gozan los políticos que derrocharon los recursos públicos en aeropuertos sin aviones, autopistas sin tráfico, auditorios sin programación, piscinas climatizadas en pueblos sin nadadores, campos de fútbol en aldeas dotados de césped artificial y tantos otros disparates. Y para más inri, a costa de endeudar a sus respectivas haciendas hasta las cejas. Sin ánimo de sacar a colación casos particulares que producen sonrojo, no me resisto a citar un caso arquetípicos por su reciente pronunciamiento judicial. La Generalidad valenciana pagó al arquitecto Santiago Calatrava 15 millones de euros por diseñar un proyecto urbanístico en 2004 que ni se ha hecho ni probablemente se hará. La denuncia por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos fue archivada por no existir “la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero público”. Increíble.

6. Indigna que la misma impunidad ampare a corporaciones locales que dan licencias de obras ilegales, y cuando los tribunales obligan a su demolición, o bien se regularizan con otra ilegitimidad incluyéndolas en un plan de ordenación urbana o, si hubiera responsabilidad económica, se pasa la factura a Juan Pueblo que es quien paga los platos rotos. Tanto los causantes directos como los altos funcionarios encargados de supervisar los acuerdos adoptados y las obras ejecutadas, hacen dejación de sus funciones y miran para otro lado; aquí no pasa nada. Si alguien cree que apunto, entre otros, al Banco de España, no va descaminado.

7. Cuando uno ve que de los 3.000 defraudadores a Hacienda descubiertos en Liechtenstein, como del pobre Fernández, nunca más se supo, o que los equipos de fútbol de primera división adeudan a Hacienda 3.500 millones de euros sin que al parecer se les apremie como a los morosos que son desahuciados por no poder pagar sus hipotecas, uno se pregunta donde diablos han ido a parar la equidad, la igualdad ante la ley y la ética.

8. El escepticismo y el desánimo se extienden al ver que los paraísos fiscales siguen ofreciendo refugio al dinero sucio y al que se evade al control del fisco incumpliendo las reiteradas promesas de los políticos.

Si a todo lo anterior añadimos el descrédito de las instituciones y de los partidos políticos por sus actuaciones y por los innumerables episodios de corrupción en que se ven envueltos sus miembros prominentes, nos cabe la duda de si España precisa un Hércules que restablezca la vigencia de principios que nunca debieron abandonarse como la honestidad, la sobriedad, la capacidad, el sentido del deber, la responsabilidad y la transparencia de la gestión de lo público; hazaña no menor que la que el héroe mitológico acometió para limpiar los establos de Augias desviando el cauce de dos ríos. Sería como refundar el Estado.