Discriminación fiscal

Por muy oscuras razones, las sociedades humanas están formadas por grupos relativamente pequeños de adinerados y grandes mayorías de desheredados. Los primeros detentan el poder y a los segundos les toca obedecer.

Un factor coadyuvante de la distancia que separa la opulencia de la pobreza, cuando no de la miseria, reside en el régimen de libre mercado cuya doctrina como ciencia económica se debe al británico Adam Smith (1723-1790), autor del libro “La riqueza de las naciones”, que pasa por ser fundador del liberalismo económico. El sistema capitalista promueve el reparto desigual de la riqueza nacional a través de variados mecanismos socioeconómicos, como pueden ser, entre otros, la endogamia de la clase más acomodada, el sistema fiscal imperante y las relaciones laborales.

Es un hecho real que el dinero proporciona poder y el poder facilita la obtención de beneficios, y como consecuencia, dinero y poder viajan juntos y ambos factores se potencian mutuamente. Como resultado, la máxima expresión del poder que es el Estado, influido por los poderes económicos, promulga leyes que favorecen los intereses de las clases privilegiadas. Donde más se aprecia esta predisposición al doble rasero es en las normas fiscales que gravan con diferente intensidad las rentas provenientes del capital y las del trabajo. Por ejemplo, si un especulador bursátil o inmobiliario consigue en un día una plusvalía de un millón de euros o lo cobrase por intereses o dividendos, pagaría por IRPF el 21%, en tanto que si procediese de sueldos, tributaría al 52%.

Todo ello sería así si nos movemos dentro de la ley, porque el millonario dispone de fórmulas a su alcance para reducir o escamotear los impuestos, desde la creación de sociedad interpuestas a las sociedades de  inversión mobiliaria de capital variable (Sicav).

Marginando la ley puede –y muchos lo hacen– enviar su dinero a paraísos fiscales que Hacienda no puede conocer, y en el peor de los casos, si el supuesto culpable fuese descubierto, tendría una sanción que solo sería efectiva después de un largo proceso judicial en el que la Agencia Tributaria debería probar la intención de defraudar. Finalmente, podría acogerse a una amnistía fiscal como han acordado distintos Gobiernos que le permitiría repatriar el capital sin apenas coste. A causa del tratamiento discriminatorio, los trabajadores soportan más del 80% de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Impuestos de finalidad eminentemente redistributiva como Transmisiones y Patrimonio recaudados por las Comunidades Autónomas, muchas de ellas los han reducido en gran parte e incluso suprimido como ocurre en la Comunidad de Madrid.

Si a todo esto añadimos el desigual efecto que producen en las economías familiares los impuestos indirectos (IVA, etc.) llegaremos a la conclusión de que las leyes fiscales adolecen de graves defectos de equidad, y por tanto, son injustas. No se trata de “que paguen los ricos” como algunos reclaman, sino de que cada uno tribute según su capacidad, y legislar con ecuanimidad para cumplir lo que la Constitución proclama.

La justicia sigue pendiente de que se promulgue una auténtica reforma tributaria que devuelva al trabajo la parte del producto social que le ha arrebatado el capital. Una espera que no admite dilación.