El sinsentido de las armas nucleares

   Desde que al final de la II Guerra Mundial cayeron sobre Japón sendas bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, nunca más fueron empleadas a pesar de los numerosos conflictos armados que se sucedieron desde entonces.

    El conocimiento de su terrorífica capacidad de destrucción evitó que se produjeran nuevas catástrofes ante la condena de su uso por todos los pueblos. Ni Estados Unidos en Corea y Vietnam, ni la Unión Soviética en Afganistán se atrevieron a lanzarlas. Cuando el general Mac Arthur lo propuso, Washington lo relevó del mando. Por una convención no escrita, de hecho tales armas se consideraron prohibidas.

    A pesar de su inutilidad práctica, los primeros países en disponer de ellas no han dejado de incrementar sus arsenales atómicos, produciendo ingenios cada vez más potentes sin reparar en su coste ni en el que exige su desmantelamiento por obsolescencia, al tiempo que se desarrolla una carrera por dotarse de ellas.

    De esta manera, el club atómico, integrado durante varios años solamente por EE.UU, Rusia, Inglaterra y Francia, posteriormente accedieron a él China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, amen de otros candidatos al ingreso en adelante. La presión del gobierno norteamericano obligó a Corea del Norte a renunciar a su armamento nuclear, pero no consiguió que Irán siguiese el mismo ejemplo.

    A finales de 2007 son ocho las potencias nucleares pero se tiene el temor fundado de que el número se incremente a medio plazo. A la vista del consenso implícito de no emplearlas, cabe preguntarse qué sentido tiene que unas naciones sigan aumentando sus existencias y que otras se empeñen en dotarse de ellas, así  como la fabricación de misiles capaces de dispararlas contra objetivos lo más lejanos posible. La única explicación plausible es que la posesión de bombas de esa clase equivale a firmar una póliza de seguro contra el riesgo de sufrir un ataque de cualquier enemigo potencial por temor a las represalias.

    Durante la guerra fría la amenaza de un bombardeo atómico quedó conjurada por el convencimiento, tanto de la URSS como de Occidente, de que ello supondría la destrucción mutua asegurada, por lo que ambas partes, no teniendo vocación de suicidas evitaron atacarse, y en su lugar ventilaron su antagonismo en las llamadas guerras de baja intensidad libradas en países del Tercer Mundo. El reconocimiento de la propia vulnerabilidad actuó de freno y se mantuvo la paz bajo la sombra del terror.

    El panorama cambió radicalmente con la proliferación de nuevas potencias nucleares de tamaño medio, haciéndose así más problemático el control internacional, con el peligro latente de que un gobernante irresponsable, en un rapto de locura haga uso de tales ingenios. Otro motivo de inseguridad proviene de que un arma de ese tipo caiga en manos de un grupo terrorista al que no le importen las consecuencias de sus actos como no le importan a los suicidas que a menudo se inmolan a cambio de causar el mayor número posible de víctimas.

    Actualmente, la presión internacional dirigida por Estados Unidos se concentra contra Irán para que no prosiga sus investigaciones y renuncie a su propósito –negado por Teherán pero reconocido por sus oponentes- de dotarse de armamento nuclear. Lamentablemente no puede decirse que esta pretensión se apoye en sólidos argumentos morales. Si la comunidad internacional no se movilizó para impedir que otros gobiernos lo poseyeran, el gobierno iraní se pregunta por qué han de ser ellos la excepción. Y especialmente, sabiendo que Israel, que mantiene en la opresión y la miseria a los palestinos, bate todas las marcas de desobediencia a las resoluciones de la ONU, gracias a la protección y amparo que le dispensa el gobierno norteamericano.

    El mundo está pidiendo a gritos la eliminación de la amenaza nuclear para no sentirse al borde del abismo. Si la sensatez inspirase a los gobiernos de las potencias nucleares, éstas deberían promover una conferencia internacional en la ONU que acordase la prohibición de producir nuevas armas de destrucción masiva, como paso previo a la destrucción de sus arsenales nucleares. De no alcanzarse un acuerdo sobre la materia, la Tierra será un lugar progresivamente más inseguro en el que todos viviremos con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Nos jugamos la supervivencia de la civilización que tantos siglos ha costado construir.

Contrastes insostenibles

    La crisis que nos agobia ha puesto de manifiesto las graves carencias de nuestro sistema de protección social, agudizadas por los recortes presupuestarios que castigan  de forma inmisericorde  a los más débiles, a las clases baja y media y a los trabajadores que han perdido su medio de vida. En general, se puede decir que la mayoría de la población tiene que apretarse el cinturón hasta el punto de cambiar hábitos y costumbres en aspectos básicos de la vida cotidiana como puede ser la alimentación y el vestido en orden a reducir la cuantía del gasto. Son consecuencias del paro, la congelación del salario mínimo, la semi-congelación de las pensiones y el aumento de los impuestos que reducen drásticamente la capacidad adquisitiva.

    Pero no todos padecemos las mismas estrecheces. Hay un reducido número  de privilegiados que forman la que el economista norteamericano John Galbraith denominó  sociedad opulenta. Integran este grupo selecto los poseedores de grandes patrimonios, altos cargos de la Administración, las cúpulas directivas de las empresas más importantes y  los presidentes y consejeros delegados de las entidades financieras.

    En fechas tan recientes como el primer semestre de 2011 los altos cargos de las sociedades que integran el Ibex 35 incrementaron sus sueldos en dicho período en un 13% en tanto se mantenía congelado el salario mínimo en 641,40 euros y a pesar de que sus empresas perdieron el 6%. Ellos ignoran que vivimos en tiempos de vacas flacas.

    Al no estar reguladas sus retribuciones por los convenios colectivos sino por contratos privados, estos contemplan además del sueldo fijo conceptos variables como son “bonus”, planes de pensiones y blindajes millonarios en caso de despido. El total de estas percepciones asciende a sumas astronómicas. Sirva de ejemplo el del directivo del Banco Santander, Francisco Luzón, que en enero pasado se jubiló con un fondo de pensiones de 56 millones de euros.

    El caso de las cajas de ahorros es aun más sangrante. Gestores que llevaron a sus empresas a la ruina, o continúan en sus puestos con sueldos de fábula o se prejubilaron  con indemnizaciones y fondos de pensiones multimillonarios. Y para mayor escarnio, estos pagos se hicieron con dinero público procedente de ayudas del Frob, es decir, de nuestros impuestos, para evitar la quiebra de las entidades.

    Como  más vale tarde que nunca, hay que aplaudir  al nuevo gobierno por poner un poco de orden en la anarquía de regulaciones salariales, al establecer que los directivos de cajas ayudadas por el Estado no podrán cobrar más de 600.000 euros anuales y los de las intervenidas, 300.000. Dichas cantidades son harto generosas, pero al menos ponen  coto a la avaricia de unos cuantos desaprensivos, en contraste con el silencio de gobiernos precedentes que durante años y años toleraron estos abusos y miraron para otro lado, ajenos a la justicia, la equidad y el sentido común. Si lo cobrado ya no es recuperable por aplicación del principio de irretroactividad de la ley, por lo menos, en adelante, se habrá impuesto una norma susceptible de generalización a todas las empresas que recorte sus malas prácticas.

    Si la lógica se aplicara en este campo, habría que preguntarse por qué el Estado decide la cuantía del salario mínimo y se omite de fijar el salario máximo. La idea de este tope no tiene nada de descabellada y es tan antigua que ya se discutió durante la I República del siglo XIX, proponiéndose que fuera de 2.000 duros que tampoco estaba mal  habida cuenta de la equivalencia de valor con la moneda actual.  Lamentablemente, la idea cayó en el olvido y de ella, como del pobre Fernández nunca más se supo. Los sindicatos deberían tener algo que decir al respecto.

La retribución de los ejecutivos

La crisis que venimos padeciendo desde agosto de 2007 comporta graves perjuicios de toda índole para la mayoría de la población que tiene que apretarse el cinturón pero no todos estamos en el mismo plano de igualdad.
Lo más justo sería que quienes con sus errores y operaciones especulativas, en definitiva, con malas prácticas provocaron la catástrofe tuvieran que pagar los platos rotos, incluida la responsabilidad penal si a ello hubiera lugar, en compensación a las ganancias ilícitas que obtuvieron.
La realidad, no obstante, es muy distinta, y demuestra que no siempre el que la hace la paga. Quienes verdaderamente llevan las de perder son otros que no tuvieron arte ni parte en el desaguisado: los asalariados que perdieron su empleo, los prestatarios abocados al desahucio por no poder pagar sus hipotecas, los autónomos forzados al cierre de sus negocios por la caída del consumo. A todos ellos les toca afrontar las consecuencias del mal que hicieron otros.
Por el contrario, los directivos y consejeros de las entidades financieras y de las grandes multinacionales que ocasionaron el hundimiento de la economía no solo quedaron exentos de responsabilidad ni vieron reducidos sus ingresos sino que mejoraron sus sueldos millonarios complementados con retribuciones variables en forma de bonus, asignación a fondos de pensiones y blindajes económicos de sus puestos en caso de despido sin que sea obstáculo que su mala gestión haya menguado los beneficios de sus empresas, las cuales, en ciertos casos obligaron al Estado a inyectarles cuantiosas ayudas para salvarlas de la quiebra, en un ejemplo escandaloso de privatización de ganancias y socialización de pérdidas.
En buena lógica, el salario fijo, que para sí quisiera el 98% de los españoles, debería compensar la dedicación plena, eficaz, inteligente y leal de un ejecutivo a su empresa, ya que de no ser así, cubriría también la deficiente atención y fallos de gestión, algo que repugna a la lógica y la justicia. Por consiguiente, la retribución variable que los propios beneficiarios se conceden, incluso cuando las empresas entran en pérdidas, resultan de muy difícil justificación sobre todo por su desmesurada cuantía. Por otro lado, ni el éxito ni el fracaso de una compañía cabe atribuirlos en exclusiva a los consejeros o ejecutivos, sino al conjunto de los trabajadores que participan en la tarea común.
Aun cuando los mayores abusos de esta índole se registran en Estados Unidos como meca del capitalismo, en España no faltan ejemplos que poco tienen que envidiar a los norteamericanos.
Los consejeros y altos directivos de las empresas del Ibex percibieron en 2010 una media de un millón de euros, con casos en que los cobros fueron muy superiores. Así, ocho ejecutivos de Amadeus, una central de reservas de viajes, se repartieron 55 millones de euros; el presidente de Repsol se embolsó siete millones, y el de Iberdrola ganó otro tanto, además de recibir un elevado número de acciones de Iberdrola Renovables, sociedad filial de la primera. En contraste con tan fantástica recompensa, quienes invirtieron sus ahorros en la última sociedad, pagaron las acciones a 5,30 euros en su salida a Bolsa y más tarde Iberdrola los recompró a 2,97, lo que equivale a una pérdida del 44%, en una operación que tiene el tufo de una estafa sin responsabilidad penal.
Lo más curioso es que todos estos hechos, verdaderos atentados contra la ética y equidad, discurren en una situación de estricta legalidad, sin que por tanto, sus autores sufran la menor molestia de las autoridades, y no digamos de orden moral porque se da por supuesto que sus estómagos están preparados para digerir lo que les echen.
Si así es el orden jurídico que tenemos, evidentemente no se puede afirmar que esté inspirado en los sanos principios de la justicia y la decencia. Un Estado de derecho no debería amparar tales prácticas.

Confusión de roles

Nuestra época es testigo de cambios tan rápidos y complejos que no nos da tiempo para adaptarnos a las nuevas situaciones que crean y a los papeles que nos imponen.

Uno de los ámbitos en que la desorientación se hace más visible y palpable es el de las relaciones entre padres e hijos y en la clase de educación que éstos tienen el derecho y el deber de recibir. Sobre esta materia es aleccionador el estudio “Hijos y padres, comunicación y conflicto” publicado en 2002 por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, una de cuyas conclusiones más desalentadoras es que el 40% de los padres reconoce su incapacidad para resolver los conflictos de convivencia, y uno de cada tres confiesa no saber cómo educar a sus retoños.
Hemos pasado sin apenas transición del padre tradicional y autoritario al padre permisivo que sólo quiere ser amigo de sus hijos. De un hogar donde las madres prohibían a los varones participar en las tareas domésticas a inculcarles el deber de compartirlas con sus hermanas y el ama de casa.
Ante su impotencia como educadores, los progenitores descargan su responsabilidad sobre los profesores, trasladándose así la tensión a los colegios, lo que pone a prueba la paciencia y la capacidad de resistencia de los docentes. La situación se complica aún más porque si los profesores exigen un mínimo de disciplina, impone algún leve castigo o simplemente llaman la atención al alumno, es probable que reciban una reprimenda de los padres, quebrándose así el principio de autoridad, indispensable en el sistema educativo.
Es evidente que la educación está en crisis, y de ello dan fe, entre otros testimonios, el elevado fracaso escolar, verdaderamente escandaloso, la insatisfacción de los padres por el escaso aprovechamiento, y el cansancio y desmotivación de los docentes. Tengo para mí que el mal arranca de la falta de aprendizaje con que la sociedad encomienda a la pareja la misión más trascendente y exigente como es la paternidad. Mientras cualquier profesión exige años de estudio y formación para su ejercicio, y para desempeñar un puesto en la Administración, por poco cualificado que sea, se precisa aprobar una oposición, a una pareja de adolescentes que contraen matrimonio religioso o civil se les pide que mantengan la armonía conyugal y que ejerzan de educadores sin ninguna clase de preparación previa, experiencia ni conocimientos de lo que se espera de ellos.
¿Qué diríamos de alguien que para aprender natación comenzase tirándose al agua sin ayuda de un monitor? Pensaríamos que el imprudente correría grave peligro de ahogarse. En trance parecido se embarcan quienes comienzan el ejercicio de cónyuges y de padres sin que nadie les haya enseñado el oficio. Que las cosas no salgan aún peor, debemos atribuirlo a la buena suerte o a un milagro.

Transparencia en las cajas

Las cajas de ahorros que recibieron ayudas del Estado para sanearse fueron obligadas a hacer públicas las retribuciones de sus altos cargos. Los interesados demoraron todo lo posible el cumplimiento hasta el último día de plazo, con excepción de alguna entidad que se negó en redondo, como fue el caso de la Caja España Duero, ateniéndose a las consecuencias.
Los datos públicos detallan los sueldos fijos que, siendo todos de elevado importe, alcanzan en varias ocasiones cifras millonarias, cual es el caso de Bankia presidida por el ex ministro Rodrigo Rato que cobra 2,3 millones, independientemente de la retribución variable. Este ingreso supera en mucho lo que percibió antes como director general del FMJ, del orden de 300.000 euros, sin que ello indique que su cargo actual implique mayor responsabilidad al del primero.
En general, la desmesura de los sueldos de los máximos directivos de las cajas se pone de manifiesto al reparar que las pagadoras son entidades de crédito cuyos beneficios, después de la dotación preceptiva a reservas, se destinan a obra social. En la medida en que las retribuciones salariales sean desmedidas, están dañando la cuantía de la concesión de becas, las subvenciones a asociaciones benéficas y culturales, etc, dentro de la amplia gama de actividades de este tipo que abarca la obra social de las cajas. Por haberse convertido gran parte de ellas en sociedades bancarias, la Obra Social queda reducida al mínimo, lo que producirá un vacío en la actividad asistencial y cultural que en 2009 rondó los 2.000 millones de euros. Por otro lado, tratándose de empresas deudoras de fondos públicos, en buena lógica carece de sentido que el dinero de los contribuyentes sirva para enriquecer a algunos privilegiados.
Todas estas razones abonan que el Banco de España no debería limitar su supervisión a la publicidad de los sueldos, sino a disponer que éstos no sobrepasasen lo razonable que no tendrían justificación económica y mucho menos ética. Sobre todo cuando el Gobierno acaba de congelar el salario mínimo de 641,40 euros. Eso al menos cabría esperar de los representantes del Banco de España en los consejos de administración, sabiendo además que las retribuciones fijas suelen ir acompañadas de otras variables: dietas, representaciones en empresas participadas, planes de pensiones, blindajes en caso de despido, etc.
Finalmente, sorprende que los principales ejecutivos de las cajas sean tan remisos en dar publicidad a sus emolumentos, por cuanto aquellas entidades siempre han pregonado su aceptación y práctica de la responsabilidad social corporativa, uno de cuyos principios es la transparencia de la gestión. Se nota que es más fácil predicar que dar trigo.

Saludo al 2012

A lo largo del año que comienza podrán ocurrir acontecimientos imprevistos e inesperados, felices y aciagos no pocos, pero sin duda, unos y otros serán más de lo mismo, repetición de lo ya visto.

Veremos, por un lado desastres provocados por la ciega naturaleza tan maltratada por nosotros: huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, corrimientos de tierras, sequías prolongadas acá e inundaciones devastadoras acullá. A estos males habrá que añadir los causados por la perversidad humana tales como guerras, terrorismo, revoluciones violentas, hambrunas, crímenes contra la humanidad y gentes desplazadas de sus tierras; o por la imprudencia, a saber: accidentes de tráfico, siniestros laborales, violencia doméstica, incendios, naufragios y epidemias y plagas. En resumen, desgracias sin cuento, desolación y sufrimiento configuran un panorama espeluznante que justificaría pedir al mundo que se detenga para apearnos de él.
Sin embargo, no tenemos otros al que trasladarnos y solamente nos queda el recurso de desviar la mirada de este lado oscuro de la vida y recuperar el resuello y despejar el horizonte de las sombras ominosas que lo pueblan a fin de recuperar fuerzas para recorrer los 365 días en el nuevo año, heredero del viejo.
Pese a la triste realidad que dibuja la enumeración precedente, es justo pensar como consuelo en las almas generosas y solidarias que consagran sus vidas al cuidado y consuelo de enfermos y desvalidos en un medio precario y adverso; en los artistas que se desviven por lograr su obra maestra en la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro; en la callada labor de los científicos encerrados en sus laboratorios a la procura de verdades ocultas o de inventos que mejoren la vida de sus semejantes; en los pacifistas de corazón, que no diré que luchan sino que trabajan incansablemente por una convivencia armónica y justa, ajena a la violencia, y ¿por qué no? en las personas anónimas que día a día dan ejemplo de dedicación callada y constante a las tareas que hacen posible que el mundo funcione y no descarrile, sin que la fama pregone sus nombres.
Así de polimórfica, variopinta y heteróclita es la vida en sus múltiples manifestaciones. En definitiva, en el nuevo año asistiremos a una carrera sin fin entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte que comenzó con la aparición de los primeros homínidos y se renueva incesantemente. En el gran teatro del mundo la función seguirá representándose con la entrada en escena de millones de nuevos actores y la salida simultánea por el foro de multitudes que emigrarán al reino de las sombras para que los primeros sigan escenificando la comedia humana, con rasgos de tragedia, en este mundo cada vez más destartalado y hostil.
Querido Año Nuevo: te pido que seas clemente y nos depares mejores novedades que las que nos dejaron tus predecesores; mas, si no estuviera en tu mano concedernos esta gracia, que al menos no seas más cruel que ellos y nos permitas festejar tu despedida, que no será pequeño favor.
Esperamos lo mejor de ti, y con esta esperanza, te saludamos. ¡Bienvenido 2012!

Efectos perversos de la crisis

“Cataluña cierra hasta octubre el 25% de las camas de hospitales” (Titular de prensa del 27 – 07-11)

Estamos a punto de cumplir cuatro años desde que en EE.UU se destapó la trampa de las hipotecas basura, allá llamadas “subprime” y todavía no se ha salido del túnel en que nos sumió la crisis. Los efectos de aquel engaño se propagaron a otros países europeos, y naturalmente, también al nuestro, donde sirvió de detonante del estallido de la burbuja inmobiliaria y el revolcón de las entidades financieras, con especial incidencia en las cajas de ahorros, que mostraron su debilidad para superar su errónea política de expansión y la excesiva concentración del riesgo en la inversión inmobiliaria.
Las consecuencias de las crisis económicas se manifiestan en cadena a lo largo de un proceso que se autoalimenta. La reducción de la actividad ocasiona un incremento del paro, éste hace que disminuya el consumo, lo que a su vez mantiene el bajo nivel de la producción. Para las Administraciones públicas eso significa una mengua de la recaudación, al mismo tiempo que aumentan las prestaciones sociales por desempleo. El déficit presupuestario se agranda y se convierte en deuda al año siguiente.
Tal es el panorama que ofrecen las finanzas estatales, autonómicas y locales, que obliga a los gobernantes a arbitrar fórmulas para contener el desfase, no sólo por iniciativa propia sino bajo la presión que ejercen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y de una manera más apremiante, ese monstruo conocido con el nombre de “los mercados”, detrás de los cuales se esconden personas de carne y hueso dispuestas a especular a costa de los países para hundirlo aun más.
Para hacer frente a la disminución de los impuestos, las autoridades deben buscar ingresos utilizando dos vías diferentes: aumentar la recaudación o reducir los gastos. La primera opción implicaría aumentar la presión fiscal, y como la ideología neoliberal que hoy predomina se opone a gravar más el IRPF, solo queda la alternativa de incrementar los impuestos indirectos, con especial énfasis en el IVA, el gravamen sobre el tabaco y alcohol y las tasas, cuyos efectos se reflejan en el crecimiento del IPC.
La otra vertiente afecta a los gastos e inversiones y como vemos por las medidas adoptadas por muchas comunidades autónomas, se opta por el recorte de los servicios sociales (sanidad y educación), pilares del Estado de bienestar, que tantos esfuerzos y sacrificios han costado conseguir. En cuanto a las inversiones en obras públicas, las licitaciones experimentan un severo recorte con repercusión en el volumen de paro.
Es obvio que, puestos a emplear las tijeras en el capítulo de gastos, es fácil localizar muchos sumideros como alternativa a los recortes sociales.
He aquí algunos ejemplos: oficinas de representación exterior que se solapan con la red estatal de embajadas y consulados, televisiones públicas que además de tener una escasa audiencia, están abiertas hasta altas horas de la madrugada, publicidad institucional que en muchos casos huele a pago de servicios prestados de determinados medios de comunicación; asesores que nadie sabe sobre qué asesoran, subvenciones de carácter clientelar ajenas a criterios públicos y objetivos; ediciones de libros de lujo que nadie lee; coches oficiales y pago de dietas, susceptibles de significativos recortes.
Sería pertinente un examen detallado de los gastos presupuestarios con arreglo a la metodología de presupuesto base cero para cerciorarse de que no se incluyen partidas sin razonable justificación. Los parlamentarios, por su parte harían bien en ejercitar la facultad que tienen atribuida del control previo a la aprobación de la ley.
Todas estas medidas pueden ser de pronta ejecución. A más largo plazo procede iniciar sin demora el estudio de otras de mayor calado, incluyendo el “aggiornamento” de muchas de nuestras leyes que o bien han quedado obsoletas o bien no se corresponden con las ansias de modernidad y racionalización del gasto público como requiere la renuncia a la que se obliga a los ciudadanos al disfrute directo de una parte de sus ingresos que han de entregar a Hacienda.