Las cajas de ahorros que recibieron ayudas del Estado para sanearse fueron obligadas a hacer públicas las retribuciones de sus altos cargos. Los interesados demoraron todo lo posible el cumplimiento hasta el último día de plazo, con excepción de alguna entidad que se negó en redondo, como fue el caso de la Caja España Duero, ateniéndose a las consecuencias.
Los datos públicos detallan los sueldos fijos que, siendo todos de elevado importe, alcanzan en varias ocasiones cifras millonarias, cual es el caso de Bankia presidida por el ex ministro Rodrigo Rato que cobra 2,3 millones, independientemente de la retribución variable. Este ingreso supera en mucho lo que percibió antes como director general del FMJ, del orden de 300.000 euros, sin que ello indique que su cargo actual implique mayor responsabilidad al del primero.
En general, la desmesura de los sueldos de los máximos directivos de las cajas se pone de manifiesto al reparar que las pagadoras son entidades de crédito cuyos beneficios, después de la dotación preceptiva a reservas, se destinan a obra social. En la medida en que las retribuciones salariales sean desmedidas, están dañando la cuantía de la concesión de becas, las subvenciones a asociaciones benéficas y culturales, etc, dentro de la amplia gama de actividades de este tipo que abarca la obra social de las cajas. Por haberse convertido gran parte de ellas en sociedades bancarias, la Obra Social queda reducida al mínimo, lo que producirá un vacío en la actividad asistencial y cultural que en 2009 rondó los 2.000 millones de euros. Por otro lado, tratándose de empresas deudoras de fondos públicos, en buena lógica carece de sentido que el dinero de los contribuyentes sirva para enriquecer a algunos privilegiados.
Todas estas razones abonan que el Banco de España no debería limitar su supervisión a la publicidad de los sueldos, sino a disponer que éstos no sobrepasasen lo razonable que no tendrían justificación económica y mucho menos ética. Sobre todo cuando el Gobierno acaba de congelar el salario mínimo de 641,40 euros. Eso al menos cabría esperar de los representantes del Banco de España en los consejos de administración, sabiendo además que las retribuciones fijas suelen ir acompañadas de otras variables: dietas, representaciones en empresas participadas, planes de pensiones, blindajes en caso de despido, etc.
Finalmente, sorprende que los principales ejecutivos de las cajas sean tan remisos en dar publicidad a sus emolumentos, por cuanto aquellas entidades siempre han pregonado su aceptación y práctica de la responsabilidad social corporativa, uno de cuyos principios es la transparencia de la gestión. Se nota que es más fácil predicar que dar trigo.
Los datos públicos detallan los sueldos fijos que, siendo todos de elevado importe, alcanzan en varias ocasiones cifras millonarias, cual es el caso de Bankia presidida por el ex ministro Rodrigo Rato que cobra 2,3 millones, independientemente de la retribución variable. Este ingreso supera en mucho lo que percibió antes como director general del FMJ, del orden de 300.000 euros, sin que ello indique que su cargo actual implique mayor responsabilidad al del primero.
En general, la desmesura de los sueldos de los máximos directivos de las cajas se pone de manifiesto al reparar que las pagadoras son entidades de crédito cuyos beneficios, después de la dotación preceptiva a reservas, se destinan a obra social. En la medida en que las retribuciones salariales sean desmedidas, están dañando la cuantía de la concesión de becas, las subvenciones a asociaciones benéficas y culturales, etc, dentro de la amplia gama de actividades de este tipo que abarca la obra social de las cajas. Por haberse convertido gran parte de ellas en sociedades bancarias, la Obra Social queda reducida al mínimo, lo que producirá un vacío en la actividad asistencial y cultural que en 2009 rondó los 2.000 millones de euros. Por otro lado, tratándose de empresas deudoras de fondos públicos, en buena lógica carece de sentido que el dinero de los contribuyentes sirva para enriquecer a algunos privilegiados.
Todas estas razones abonan que el Banco de España no debería limitar su supervisión a la publicidad de los sueldos, sino a disponer que éstos no sobrepasasen lo razonable que no tendrían justificación económica y mucho menos ética. Sobre todo cuando el Gobierno acaba de congelar el salario mínimo de 641,40 euros. Eso al menos cabría esperar de los representantes del Banco de España en los consejos de administración, sabiendo además que las retribuciones fijas suelen ir acompañadas de otras variables: dietas, representaciones en empresas participadas, planes de pensiones, blindajes en caso de despido, etc.
Finalmente, sorprende que los principales ejecutivos de las cajas sean tan remisos en dar publicidad a sus emolumentos, por cuanto aquellas entidades siempre han pregonado su aceptación y práctica de la responsabilidad social corporativa, uno de cuyos principios es la transparencia de la gestión. Se nota que es más fácil predicar que dar trigo.
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