Reformas pendientes

Suele denostarse el siglo XIX por sus repetidas guerras civiles, la inestabilidad política y la pérdida de nuestro imperio colonial (que no es poco) pero a fuer de justos y objetivos, hay que reconocer la tarea de modernización llevada a cabo en ese período de tiempo.
En una somera enumeración de objetivos es preciso reconocer notables logros, de los que en parte seguimos viviendo, de modo que, sin admitir que cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco debemos caer en el error de creer que todo lo bueno que tenemos es obra nuestra a partir de ayer.
Citemos, por ejemplo, el ordenamiento jurídico que en buena parte sigue vigente a partir del Código Civil y del de Comercio, promulgados a finales de dicha centuria. Ambos cuerpos legales han resistido el paso del tiempo y siguen rigiendo nuestra relación contractual y nuestra actividad mercantil, si bien, como es lógico, a costa de sufrir reformas parciales, parches, enmiendas y adherencias que complican la actividad de los juristas, sin que, no obstante, el legislador se haya atrevido a sustituirlos.
Heredamos de dicho siglo el ordenamiento territorial con la división provincial y municipal como la conocemos después de 177 años, y heredamos también la red ferroviaria y de carreteras, así como la implantación de la peseta, que estuvo en circulación desde 1868 hasta 1999. Pero los años no pasan en balde y la sociedad es dinámica.
Si el ordenamiento jurídico ha de ajustarse a la realidad de cada momento, forzosamente ha de actualizarse. No puede afirmase que esta adecuación haya sido asumida por los distintos gobiernos ni por los cuerpos legislativos que, por indolencia o por intereses, no se han remozado aquellas disposiciones, claramente obsoletas, o han hecho oídos sordos a la necesidad de adoptar medidas legislativas de interés general.
En el primer caso destaca, por ejemplo, la urgencia de modificar la absurda división territorial que comporta la existencia de más de 8.000 municipios, la mitad de los cuales, con una población menguada, no dispone de medios para prestar los servicios básicos, o el mantenimiento de las diputaciones provinciales que con el Estado de las autonomías han devenido claramente disfuncionales, emparedadas entre los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.
Entre las leyes cuya ausencia se hace notar en el desarrollo económico y la calidad del Estado del bienestar citaría la de la reforma fiscal que encarne los principios consagrados por la Constitución, es decir, la igualdad y progresividad, y que proporcione a la Hacienda los recursos necesarios para una auténtica redistribución personal de la renta y el sostenimiento del Estado del bienestar. Otra ley demorada regularía una suerte de reforma agraria con tratamiento específico de los latifundios del sur de España y la micropropiedad del Norte, con especial incidencia en Galicia.
Si hubiera voluntad política, no serían estas las únicas reformas pendientes sino un catálogo de ellas que movilizarían la capacidad de trabajo de las Cortes y la iniciativa del Ejecutivo.
Bastaría sacar a colación la necesidad de regular la energía, la educación, la democracia interna y la financiación de los partidos, la de la ley electoral y el derecho de trabajo, entre otras de menor calado.
Si queremos que España sea un país moderno, democrático, próspero y justo, estos cambios deberían formar parte de los programas electorales de los partidos.

Vida y muerte de las Cajas de Ahorros

¿Qué enfermedad mortal sufrieron las cajas de ahorros que llevó al borde de la extinción a la mayor parte de las mismas? En el espacio de los dos últimos años encajaron un acelerado proceso de intervenciones del Banco de España, fusiones y transformaciones en bancos que redujeron el número de entidades de 45 a 15, y protagonizaron el mayor ajuste, todavía inconcluso, del sistema financiero español.

Todavía está por escribirse el informe detallado y objetivo de las causas que condujeron al desastre, pero ya son reconocibles determinados rasgos comunes que explican la incapacidad de superar los parámetros de solvencia exigidos por el gobierno, con la honrosa excepción de la Caixa de Barcelona, las tres vascas y Unicaja.
Las cajas de ahorros más antiguas fueron creadas en la primera mitad del siglo XIX, respondían al modelo de instituciones benéfico-sociales que como tales dependían de la dirección general de Beneficencia del Ministerio de Gobernación, llamado ahora de Interior. Su finalidad era promover el pequeño ahorro, combatir la usura y financiar las necesidades crediticias de las familias y las pequeñas empresas. Sus excedentes, que no se querían llamar beneficios, se dedicaban a la formación de reservas y a la creación y sostenimiento de obras benéfico-sociales.
Durante muchos años desarrollaron su labor en un reducido ámbito territorial conformado por la población de nacimiento y poco a poco fueron extendiéndose a la provincia y a la región.
Un paso trascendental de su evolución vino dado por el Decreto de 1977 inspirado por el a la sazón vicepresidente del Gobierno, Enrique Fuentes Quintana, que igualó la operatoria de las cajas con la de los bancos.
A partir de entonces se inició una imparable expansión geográfica y del volumen de operaciones que a la larga sería letal. Se abrieron sucursales no sólo en España sino también en Europa y América, y se llevaron a cabo operaciones de riesgo para las que no estaban especialmente preparadas (descuento de efectos, participaciones industriales, créditos sindicados a grandes compañías y sobre todo, subiéndose a la ola de la burbuja inmobiliaria, una imprudente política crediticia centrada en compradores y promotores de viviendas, teniendo que recurrir a los mercados internacionales para la captación de fondos con los que atender la creciente demanda de préstamos.
El resultado fue que las cajas llegaron a administrar más del 50% de los depósitos del sistema financiero con gran preocupación de los bancos que acusaron a las primeras de competencia desleal por cuanto las cajas podían comprar bancos pero no a la inversa por el carácter fundamental de las entidades de ahorro.
La deficiente evaluación del riesgo hizo que al desencadenarse la crisis, con la consiguiente elevación de la tasa de morosidad, muchas de las cajas vieron amenazada su solvencia, situación que agravó el Gobierno al exigir una proporción del 8% al 10% de recursos propios según los casos, que fue como el tiro de gracia. Las consecuencias fueron el cierre de oficinas que nunca debieron abrirse y la pérdida de puestos de trabajo que afectó a miles de empleados.
En resumen, se puede afirmar que las cajas murieron de éxito a causa de un mal uso de la regulación legal permisiva, de una gestión inadecuada, de la presencia de políticos inexpertos en los consejos de administración y de las presiones de la banca que lograron deshacerse de sus mayores competidoras.
La sociedad española ha perdido unas instituciones singulares que contribuyeron enormemente al progreso económico y con su amplia y variada obra social cubrieron objetivos asistenciales y culturales que a partir de ahora quedan desatendidos. Por culpa de muchos y con la impunidad de todos.

Motivos para indignarse

Es una explicación recurrente que la cruz que llevamos a cuestas con nombre de crisis no es solamente económica o financiera sino de valores. Esta desconsoladora constatación se refleja también en el comportamiento y quehacer de los particulares, y lo que es más lamentable es la actitud de las instituciones que suscita entre las gentes sencillas, además de sorpresa y asombro, enfado y cabreo, y hasta la desesperanza de que pueda corregirse el desmadre, el exceso de codicia y la lacerante injusticia social que padecemos. En definitiva, el desorden en que nos movemos da motivos más que suficientes para sentirnos indignados.

He aquí una somera relación, que no pretende ser exhaustiva, de abusos y transgresiones legales que abona el diagnóstico precedente.

1. Es intolerable que España soporte una tasa de paro del 21% de la población activa que somete a cerca del 50% de los jóvenes a buscar trabajo en vano.

2. En este contexto, carece de sentido que se haya elevado la edad de jubilación de 65 a 67 años al mismo tiempo que se prejubila a trabajadores a partir de los 50 años.

3. Es incomprensible que en un Estado social de derecho, directivos de bancos, cajas de ahorros y grandes empresas tengan sus cargos blindados, y perciban además de sueldos millonarios indemnizaciones, “bonus” y pensiones de cantidades escandalosas, incluso después de que sus empresas fueran apuntaladas con dinero público para evitar la quiebra.

4. Repugna a la conciencia la impunidad fáctica de gestores de entidades financieras que llevaron a sus empresas a la ruina y son retribuidos con dádivas de fábula, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores son despedidos con indemnizaciones mínimas o sin ninguna si se trata de contratos temporales. Estos, sin haber tenido arte ni parte en el desastre, son los más castigados.

5. Es inadmisible la impunidad de que gozan los políticos que derrocharon los recursos públicos en aeropuertos sin aviones, autopistas sin tráfico, auditorios sin programación, piscinas climatizadas en pueblos sin nadadores, campos de fútbol en aldeas dotados de césped artificial y tantos otros disparates. Y para más inri, a costa de endeudar a sus respectivas haciendas hasta las cejas. Sin ánimo de sacar a colación casos particulares que producen sonrojo, no me resisto a citar un caso arquetípicos por su reciente pronunciamiento judicial. La Generalidad valenciana pagó al arquitecto Santiago Calatrava 15 millones de euros por diseñar un proyecto urbanístico en 2004 que ni se ha hecho ni probablemente se hará. La denuncia por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos fue archivada por no existir “la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero público”. Increíble.

6. Indigna que la misma impunidad ampare a corporaciones locales que dan licencias de obras ilegales, y cuando los tribunales obligan a su demolición, o bien se regularizan con otra ilegitimidad incluyéndolas en un plan de ordenación urbana o, si hubiera responsabilidad económica, se pasa la factura a Juan Pueblo que es quien paga los platos rotos. Tanto los causantes directos como los altos funcionarios encargados de supervisar los acuerdos adoptados y las obras ejecutadas, hacen dejación de sus funciones y miran para otro lado; aquí no pasa nada. Si alguien cree que apunto, entre otros, al Banco de España, no va descaminado.

7. Cuando uno ve que de los 3.000 defraudadores a Hacienda descubiertos en Liechtenstein, como del pobre Fernández, nunca más se supo, o que los equipos de fútbol de primera división adeudan a Hacienda 3.500 millones de euros sin que al parecer se les apremie como a los morosos que son desahuciados por no poder pagar sus hipotecas, uno se pregunta donde diablos han ido a parar la equidad, la igualdad ante la ley y la ética.

8. El escepticismo y el desánimo se extienden al ver que los paraísos fiscales siguen ofreciendo refugio al dinero sucio y al que se evade al control del fisco incumpliendo las reiteradas promesas de los políticos.

Si a todo lo anterior añadimos el descrédito de las instituciones y de los partidos políticos por sus actuaciones y por los innumerables episodios de corrupción en que se ven envueltos sus miembros prominentes, nos cabe la duda de si España precisa un Hércules que restablezca la vigencia de principios que nunca debieron abandonarse como la honestidad, la sobriedad, la capacidad, el sentido del deber, la responsabilidad y la transparencia de la gestión de lo público; hazaña no menor que la que el héroe mitológico acometió para limpiar los establos de Augias desviando el cauce de dos ríos. Sería como refundar el Estado.

La crisis del capitalismo

La génesis y desarrollo de las crisis económicas muestran con ofuscante claridad que son un producto propio e indisociable del sistema capitalista. Al conjugar la codicia humana con la libertad de la iniciativa privada sin regulación, surgen inevitablemente los excesos y malas prácticas, especialmente por los agentes financieros, amparados en el falso dogma de que los mercados se autocorrigen, razón por la cual se oponen a la intervención legal de sus operaciones.

La realidad, sin embargo, ha probado sin lugar a dudas que las entidades financieras, administradoras de caudales ajenos, impulsadas por el desmedido afán de lucro, son proclives a emprender operaciones de riesgo, como fueron las hipotecas basura “subprime”, rayanas en el engaño colectivo por decirlo suavemente, sin importar en casos extremos incurrir en el delito de apropiación indebida como mostró el famoso Madoff, hoy en prisión.
Los bancos tienen además el curioso privilegio de crear dinero mediante la titulización de sus activos. Los préstamos hipotecarios que conceden a sus clientes pueden ser vendidos, recuperando así la inversión y contar con nuevos medios para invertir nuevamente como ocurrió con las antes citadas, que estuvieron en el origen de la crisis desencadenada en 2007. Este proceso multiplicador es tan simple y arriesgado que la mente lo rechaza al decir de Galbraith.
Las crisis económicas germinan con la prosperidad, crecen con la euforia y estallan con los excesos. A semejanza del cáncer, producen metástasis, afectan a todo el sistema y revisten muchas variantes. Algo similar a lo que acontece en medicina cuando un individuo aparentemente sano sufre un infarto que le puede ocasionar la muerte si no es atendido de inmediato.
Como vemos en la crisis que padecemos, la falta de tratamiento preventivo y de un diagnóstico certero hace que las manifestaciones patológicas se aceleren y se propaguen. Los bancos restringen los créditos, la industria y el comercio carecen de financiación, el paro se extiende, la morosidad aumenta, el consumo se reduce, la bolsa se desploma y la actividad económica se contrae en una secuencia sin fin.
Por la misma razón de que no se detecta a tiempo el estallido de la burbuja, nadie se atreve a predecir el inicio de la recuperación, debatiéndose los bancos centrales entre la duda de mantener los estímulos fiscales y los bajos tipos de interés por temor a la inflación o retirarlos antes de tiempo y frenar en seco el proceso productivo. Lamentablemente, la economía no es una ciencia exacta y no ofrece recetas de validez general.
En este clima de incertidumbre, los medios de comunicación echan leña al fuego, afirmando una y otra vez que lo peor aún está por llegar con lo que se extiende la sicosis y pérdida de confianza que a su vez obstaculiza la reactivación. Por ello reaparece la vigencia de la recomendación de Roosevelt durante la Gran Depresión de 1929: “vencer el miedo al miedo”
Si se quiere impedir que las crisis sigan siendo recurrentes habrá que vencer la presión que ejercen los grupos oligárquicos, reacios a toda intervención de los organismos reguladores que pongan coto a la potencial comisión de abusos, a la opacidad de sus actividades financieras y a comprometerse en operaciones de alto riesgo, englobadas en conceptos tan vagos como la denominada arquitectura financiera.

Olendorf y la política

Ahora que estamos a punto de comenzar la campaña electora del 20N es pertinente observar el comportamiento de los políticos en su papel de candidatos.

Los medios de comunicación suelen ofrecer espacios en los que el entrevistador formula preguntas concretas sobre el programa con que se presenta su partido para dar a conocer a la audiencia su contenido, pero el resultado suele ser desilusionante porque el interesado va prevenido para declarar lo que le interesa decir, vaya por donde vaya el periodista. La clave consiste en tener presente el método Olendorf.
El nombre proviene de un profesor de idiomas así llamado, el cual entendía que la mejor forma de aprender un idioma extranjero consistía en que el alumno respondiera sin sujeción al tema planteado. Por ejemplo, ¿usted como se llama? Ayer hizo muy mal tiempo. Es más o menos, lo que llamamos irse por los cerros de Úbeda, o salirse por la tangente.

El político de turno acude a la entrevista con el método bien aprendido y elude las respuestas incómodas. Como no quedaría bien visto si responde con el silencio porque el que calla otorga, aprovecha la ocasión para exponer el argumentario de su partido, venga o no venga a cuento, y de paso, para rematar la faena, incluye un ataque apenas velado a sus adversarios.

Un supuesto ejemplo de la aplicación del método Olendorf al discurso político podría ser el siguiente: un ministro o ministra (igual da) acude a una emisora de radio y el locutor le pregunta por cierta disidencia en el seno de su partido, a lo que contesta que esos son cosas del pasado, que ahora está más unido que nunca, que donde la contestación interna existe y es fuerte es en el partido opuesto.

A continuación el interrogatorio versa sobre determinadas acusaciones de corrupción a uno de sus conmilitones. La respuesta, como no podía ser menos, es que se trata de infundios difundidos por medios opuestos a su ideología. Si es un supuesto corrupto, hay que respetar la presunción de inocencia, no como hacen los políticos de otros partidos.
Si, por decisión propia o por efecto de la presión ejercida sobre el sospechoso, éste hubiese dimitido, hay que elogiarle y presentar el caso como muestra de la transparencia y justicia que distingue a su partido, bien distinto de como se comportan otras fuerzas políticas.
Similares procedimientos de autodefensa y ataque al adversario bajo el método Olendorf, son habituales en el debate parlamentario, de modo que cualquier observador puede prever lo que dirán los intervinientes afectados, privando sus intervenciones del interés y la importancia que deberían tener.
De todo esto se colige la poca o nula credibilidad que merecen las declaraciones de los políticos, los cuales huyen de la objetividad, la transparencia y el rigor como el diablo de la cruz.

¿Tiene que ajustarse el noble ejercicio de la política al maligno ejercicio de este paradigma? Indudablemente, no, pero para que esto cambiase sería preciso que los ciudadanos fueran más exigentes a la hora de seleccionar a los candidatos con criterios de competencia y honestidad. Todos podemos cambiar el mundo, comenzando por nosotros mismos.

Expectativas de gobierno

Que España vive inmersa en un a crisis profunda comparable a la que en 1929 sumió al mundo en la Gran Depresión, a nadie se le escapa, entre otras razones, porque cada día que pasa se hacen más sensibles y dolorosos los síntomas en forma de desequilibrios macroeconómicos, llámese paro masivo, deuda pública y privada, costes crecientes de su financiación por aumento del riesgo país, etc, etc.
No es esta ciertamente la primera crisis económica que sufre nuestro país, y la más próxima podemos situarla en 1977, ocasionada por el encarecimiento del petróleo y los problemas derivados de la transición política de la dictadura a la democracia. En aquella ocasión la salvación vino por los Pactos de la Moncloa planteados por Enrique Fuentes Quintana y llevados a cabo por Adolfo Suárez. El primero supo hacer un diagnóstico acertado y proponer el tratamiento adecuado, al segundo le debemos el coraje de adoptar las medidas que pusieron en marcha el proceso para aplicarlo y devolver así la salud al enfermo. Se produjo entonces la afortunada conjunción que el economista vigués Antón Costas señala en un artículo de El País, de un experto reformista y un político reformador.
Así como en la guerra es un factor de éxito la sintonía entre el estratega que diseña el plan y los mandos que deben ejecutarlo, y en navegación es preciso que un capitán marque el rumbo y un piloto que dirija la singladura, en política económica, para superar las dificultades se requiere la complementariedad de un economista de prestigio que trace el plan y un gobernante dispuesto si es preciso a sacrificar su carrera política para llevarlo a cabo con decisión y firmeza.
Trasladando el razonamiento a la actualidad, una vez cumplido el trámite de las elecciones del 20-N, todo indica que el papel del político reformador audaz le corresponderá al presidente del PP, Mariano Rajoy. Sobre él recaerá también la responsabilidad de escoger al experto, pertenezca o no al partido –tal vez sea preferible que sea independiente-, para elaborar el proyecto capaz de revertir la tendencia, propiciar la recuperación de la actividad económica, devolver la confianza a los mercados y despejar las dudas sobre la solvencia del país para que desaparezca el temor de que España pueda seguir el triste ejemplo de Grecia, Irlanda y Portugal, que son el exponente del máximo fracaso político y económico.
Aparte de cómo evolucione la crisis en los demás países, inevitablemente, el plan comportará medidas impopulares, y para que sean aceptadas con carácter general se requiere mucha pedagogía explicativa, y sobre todo, llevar al ánimo de los españoles la necesidad de las reformas y el convencimiento de que en los sacrificios participamos todos los ciudadanos de forma equitativa con arreglo a la renta disponible de cada uno con arreglo a criterios de eficiencia, suficiencia y progresividad.
Del empeño y acierto que acompañe la política económica del nuevo gobierno dependerá que su líder pase a la historia con un puesto de honor o defraude la confianza que en él habrán depositado la mayoría de los electores.

J.M.J.

Del 18 al 22 de agosto ce celebró en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el papa Benedicto XVI y con la asistencia de centenares de obispos y cardenales, miles de sacerdotes y centenares de miles de jóvenes procedentes de 190 países, que algunas informaciones elevan a un millón y medio de personas.

La celebración de estos acontecimientos fue establecida por el papa Juan Pablo II y la primera de la serie tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1989.

La organización de estas ornadas multitudinarias, que imitan las convocadas por los regímenes dictatoriales, es muy complicada y costosa. La de Madrid fue dirigida por la Conferencia Episcopal, y la financiación corrió a cargo en gran medida de grandes empresas, con una notable participación de El Corte Inglés, tal vez como compensación al previsto aumento de sus ventas. Por su parte la Administración pública asumió el mantenimiento del orden con la intervención de 10.000 agentes y la atención sanitaria, así como la rebaja del 80% del precio del billete del metro, precisamente un mes después de haberlo subido un 50%. Las autoridades tomaron parte activa en diversos actos religiosos, olvidando que lo eran de un Estado aconfesional.

Cabe preguntarse si la Iglesia jerárquica habrá hecho un estudio del impacto de las ediciones anteriores, tal como hace cualquier empresa tras una campaña de marketing, y en caso afirmativo, dado que por mor del bautismo formamos parte de la Iglesia, queramos o no, deberíamos tener acceso al conocimiento de esa supuesta evaluación. En el caso de que el resultado fuese inapreciable o negativo, sería prudente cambiar el formato, los contenidos o ambos.

Si nos referimos a los objetivos de la Iglesia, ciñéndonos a nuestro país, por ser el que mejor conocemos, no parece que nuestros obispos tengan muchos motivos de satisfacción, toda vez que, según datos publicados, solo el 71% de los españoles se declaran católicos y que el número descendió diez puntos en la última década, pese a la influencia que pudiera haber tenido la JMJ de 1989. Tampoco los seminarios son una muestra de crecimiento puesto que siguen vaciándose de alumnos.

Si juzgamos el éxito por el comportamiento de los españoles como cristianos y ciudadanos, tampoco el balance es muy halagador, mas bien lo contrario. Ni por parte de los jóvenes ni de los adultos se aprecia un descenso del número de asesinatos, robos, estafas, agresiones, delincuencia juvenil, narcotráfico y drogadicción, violencia de género pederastia, pornografía infantil, explotación de mujeres y de inmigrantes, y tantos otros atentados contra la vida y la dignidad del prójimo, cuyos victimarios llenan a rebosar los establecimientos carcelarios.

Y si echamos la vista a otros países de raigambre católica, el panorama no es menos desolador. Todos están muy lejos de dar ejemplo de las virtudes que enseña el Evangelio desde hace dos mil años.