Olendorf y la política

Ahora que estamos a punto de comenzar la campaña electora del 20N es pertinente observar el comportamiento de los políticos en su papel de candidatos.

Los medios de comunicación suelen ofrecer espacios en los que el entrevistador formula preguntas concretas sobre el programa con que se presenta su partido para dar a conocer a la audiencia su contenido, pero el resultado suele ser desilusionante porque el interesado va prevenido para declarar lo que le interesa decir, vaya por donde vaya el periodista. La clave consiste en tener presente el método Olendorf.
El nombre proviene de un profesor de idiomas así llamado, el cual entendía que la mejor forma de aprender un idioma extranjero consistía en que el alumno respondiera sin sujeción al tema planteado. Por ejemplo, ¿usted como se llama? Ayer hizo muy mal tiempo. Es más o menos, lo que llamamos irse por los cerros de Úbeda, o salirse por la tangente.

El político de turno acude a la entrevista con el método bien aprendido y elude las respuestas incómodas. Como no quedaría bien visto si responde con el silencio porque el que calla otorga, aprovecha la ocasión para exponer el argumentario de su partido, venga o no venga a cuento, y de paso, para rematar la faena, incluye un ataque apenas velado a sus adversarios.

Un supuesto ejemplo de la aplicación del método Olendorf al discurso político podría ser el siguiente: un ministro o ministra (igual da) acude a una emisora de radio y el locutor le pregunta por cierta disidencia en el seno de su partido, a lo que contesta que esos son cosas del pasado, que ahora está más unido que nunca, que donde la contestación interna existe y es fuerte es en el partido opuesto.

A continuación el interrogatorio versa sobre determinadas acusaciones de corrupción a uno de sus conmilitones. La respuesta, como no podía ser menos, es que se trata de infundios difundidos por medios opuestos a su ideología. Si es un supuesto corrupto, hay que respetar la presunción de inocencia, no como hacen los políticos de otros partidos.
Si, por decisión propia o por efecto de la presión ejercida sobre el sospechoso, éste hubiese dimitido, hay que elogiarle y presentar el caso como muestra de la transparencia y justicia que distingue a su partido, bien distinto de como se comportan otras fuerzas políticas.
Similares procedimientos de autodefensa y ataque al adversario bajo el método Olendorf, son habituales en el debate parlamentario, de modo que cualquier observador puede prever lo que dirán los intervinientes afectados, privando sus intervenciones del interés y la importancia que deberían tener.
De todo esto se colige la poca o nula credibilidad que merecen las declaraciones de los políticos, los cuales huyen de la objetividad, la transparencia y el rigor como el diablo de la cruz.

¿Tiene que ajustarse el noble ejercicio de la política al maligno ejercicio de este paradigma? Indudablemente, no, pero para que esto cambiase sería preciso que los ciudadanos fueran más exigentes a la hora de seleccionar a los candidatos con criterios de competencia y honestidad. Todos podemos cambiar el mundo, comenzando por nosotros mismos.

Expectativas de gobierno

Que España vive inmersa en un a crisis profunda comparable a la que en 1929 sumió al mundo en la Gran Depresión, a nadie se le escapa, entre otras razones, porque cada día que pasa se hacen más sensibles y dolorosos los síntomas en forma de desequilibrios macroeconómicos, llámese paro masivo, deuda pública y privada, costes crecientes de su financiación por aumento del riesgo país, etc, etc.
No es esta ciertamente la primera crisis económica que sufre nuestro país, y la más próxima podemos situarla en 1977, ocasionada por el encarecimiento del petróleo y los problemas derivados de la transición política de la dictadura a la democracia. En aquella ocasión la salvación vino por los Pactos de la Moncloa planteados por Enrique Fuentes Quintana y llevados a cabo por Adolfo Suárez. El primero supo hacer un diagnóstico acertado y proponer el tratamiento adecuado, al segundo le debemos el coraje de adoptar las medidas que pusieron en marcha el proceso para aplicarlo y devolver así la salud al enfermo. Se produjo entonces la afortunada conjunción que el economista vigués Antón Costas señala en un artículo de El País, de un experto reformista y un político reformador.
Así como en la guerra es un factor de éxito la sintonía entre el estratega que diseña el plan y los mandos que deben ejecutarlo, y en navegación es preciso que un capitán marque el rumbo y un piloto que dirija la singladura, en política económica, para superar las dificultades se requiere la complementariedad de un economista de prestigio que trace el plan y un gobernante dispuesto si es preciso a sacrificar su carrera política para llevarlo a cabo con decisión y firmeza.
Trasladando el razonamiento a la actualidad, una vez cumplido el trámite de las elecciones del 20-N, todo indica que el papel del político reformador audaz le corresponderá al presidente del PP, Mariano Rajoy. Sobre él recaerá también la responsabilidad de escoger al experto, pertenezca o no al partido –tal vez sea preferible que sea independiente-, para elaborar el proyecto capaz de revertir la tendencia, propiciar la recuperación de la actividad económica, devolver la confianza a los mercados y despejar las dudas sobre la solvencia del país para que desaparezca el temor de que España pueda seguir el triste ejemplo de Grecia, Irlanda y Portugal, que son el exponente del máximo fracaso político y económico.
Aparte de cómo evolucione la crisis en los demás países, inevitablemente, el plan comportará medidas impopulares, y para que sean aceptadas con carácter general se requiere mucha pedagogía explicativa, y sobre todo, llevar al ánimo de los españoles la necesidad de las reformas y el convencimiento de que en los sacrificios participamos todos los ciudadanos de forma equitativa con arreglo a la renta disponible de cada uno con arreglo a criterios de eficiencia, suficiencia y progresividad.
Del empeño y acierto que acompañe la política económica del nuevo gobierno dependerá que su líder pase a la historia con un puesto de honor o defraude la confianza que en él habrán depositado la mayoría de los electores.

J.M.J.

Del 18 al 22 de agosto ce celebró en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el papa Benedicto XVI y con la asistencia de centenares de obispos y cardenales, miles de sacerdotes y centenares de miles de jóvenes procedentes de 190 países, que algunas informaciones elevan a un millón y medio de personas.

La celebración de estos acontecimientos fue establecida por el papa Juan Pablo II y la primera de la serie tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1989.

La organización de estas ornadas multitudinarias, que imitan las convocadas por los regímenes dictatoriales, es muy complicada y costosa. La de Madrid fue dirigida por la Conferencia Episcopal, y la financiación corrió a cargo en gran medida de grandes empresas, con una notable participación de El Corte Inglés, tal vez como compensación al previsto aumento de sus ventas. Por su parte la Administración pública asumió el mantenimiento del orden con la intervención de 10.000 agentes y la atención sanitaria, así como la rebaja del 80% del precio del billete del metro, precisamente un mes después de haberlo subido un 50%. Las autoridades tomaron parte activa en diversos actos religiosos, olvidando que lo eran de un Estado aconfesional.

Cabe preguntarse si la Iglesia jerárquica habrá hecho un estudio del impacto de las ediciones anteriores, tal como hace cualquier empresa tras una campaña de marketing, y en caso afirmativo, dado que por mor del bautismo formamos parte de la Iglesia, queramos o no, deberíamos tener acceso al conocimiento de esa supuesta evaluación. En el caso de que el resultado fuese inapreciable o negativo, sería prudente cambiar el formato, los contenidos o ambos.

Si nos referimos a los objetivos de la Iglesia, ciñéndonos a nuestro país, por ser el que mejor conocemos, no parece que nuestros obispos tengan muchos motivos de satisfacción, toda vez que, según datos publicados, solo el 71% de los españoles se declaran católicos y que el número descendió diez puntos en la última década, pese a la influencia que pudiera haber tenido la JMJ de 1989. Tampoco los seminarios son una muestra de crecimiento puesto que siguen vaciándose de alumnos.

Si juzgamos el éxito por el comportamiento de los españoles como cristianos y ciudadanos, tampoco el balance es muy halagador, mas bien lo contrario. Ni por parte de los jóvenes ni de los adultos se aprecia un descenso del número de asesinatos, robos, estafas, agresiones, delincuencia juvenil, narcotráfico y drogadicción, violencia de género pederastia, pornografía infantil, explotación de mujeres y de inmigrantes, y tantos otros atentados contra la vida y la dignidad del prójimo, cuyos victimarios llenan a rebosar los establecimientos carcelarios.

Y si echamos la vista a otros países de raigambre católica, el panorama no es menos desolador. Todos están muy lejos de dar ejemplo de las virtudes que enseña el Evangelio desde hace dos mil años.

Cómo hacer más ricos a quienes ya lo son

Uno de los aspectos más descorazonadores, por injustos, de nuestro tiempo, es el creciente abismo económico que separa a las personas y familias de un mismo país y de estos entre sí.

Limitando nuestro examen a la realidad socioeconómica española, observamos que, mientras unos pocos ingresan cada año sumas superiores a los seis millones de euros y exhiben su ostentación, más de 30.000 viven a la intemperie, 1,5 millones sufren pobreza extrema (con ingresos menores de 400 euros al mes) y 70.000 familias malviven con el ingreso mínimo de inserción establecido en las comunidades autónomas, que en Galicia recibe el nombre de Risga.

El hecho de que la disparidad de renta se acentúe año tras año tiene su explicación en los mecanismos de redistribución inversa que comporta el sistema neoliberal en que nos movemos, favorecedores de la acumulación de la renta, lógicamente en perjuicio de los desprotegidos, que no tienen las mismas posibilidades de mejora.

He aquí algunos factores que inciden en la acumulación de la riqueza en pocas manos:

• En primer lugar, la institución de la herencia propicia que algunos vengan al mundo nadando en la abundancia amasada con buenas o malas artes por sus antecesores. Las inversiones de este patrimonio tienen muchas posibilidades de obtener altas rentabilidades al estar dirigidas por expertos que disponen de información restringida de las mejores oportunidades y de las ventajas fiscales a las que pueden acogerse.
• Los dueños pueden conseguir con facilidad créditos que refuerzan su capacidad inversora por la garantía patrimonial que ofrecen y porque normalmente ocupan los puestos más lucrativos e influyentes de las grandes empresas y de la Administración.
• Otro factor relevante procede de la tributación aplicable. El IRPF concede un trato de favor a las rentas procedentes del capital sobre las del trabajo, como lo prueba el hecho de que la recaudación de las segundas constituye el 80% del total. Como escribe Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, “¿Por qué aquellos que trabajan para vivir tienen que estar sujetos a impuestos más altos que los que viven de la especulación (a menudo a expensas de los demás)?”
• Todos estos alicientes están amparados por la ley, pero existen otros ilegales o alegales de los que suelen hacer uso los más codiciosos y mejor informados, a sabiendas de que difícilmente podría caer en las redes de la justicia y de que, en el peor de los casos, el beneficio compensa el riesgo.
• Uno de estos recursos es la ocultación a Hacienda de los beneficios obtenidos. Si la inspección los descubriera soportarían una sanción, pero para que la evasión de impuestos constituya delito es preciso, en primer lugar, probarlo, que exista ánimo de defraudar, que se denuncie antes de los cuatro años de cometido, que se demuestre el ánimo de defraudar (¡!), y en segundo lugar que el fraude ascienda a más de 90.000 euros, y hasta ahora nadie ha dado con sus huesos en la cárcel por dicho motivo.
• Otra fuente de ganancia para los potentados es la disposición de información privilegiada para invertir en bolsa con ganancia segura, una operación tipificada como delito pero poco menos que imposible de verificar.
• Finalmente, personas de grandes fortunas pueden depositarlas en paraísos fiscales, donde los beneficios están ocultos al fisco, y por consiguiente , libres de impuestos.

Si estos trucos fueran desvelados, no es infrecuente que los gobiernos promulguen leyes de amnistía fiscal, como la que hace un año dictó el gobierno italiano de Berlusconi, que ponen blanco sobre negro y aquí paz y después gloria.

Por si los privilegios no fueran suficientes, en 2008, el gobierno socialista suprimió los impuestos de patrimonio y transmisiones.

La relación de artimañas expuesta no es exhaustiva, pero sirve para ilustrar la forma en que las grandes fortunas se multiplican como los panes y los peces del Evangelio.

Repetidas reformas fiscales regresivas rebajan los impuestos directos, que son los más visibles y con mayor capacidad redistributiva como es el caso del IRPF, que benefician preferentemente a los grandes contribuyentes, arguyendo como justificante que así se fomenta el ahorro y la inversión, lo cual no ha podido demostrarse. Así se adujo también cuando se anularon los impuestos sobre sucesiones y patrimonio, que indudablemente eran buenos… para algunos. Los gobiernos conservadores secundados por los mal llamados de izquierda están empeñados en quitar a los pobres y clase media para dar a los ricos, quizás por una interpretación sui generis del texto evangélico (Marcos, 20-26).

Lo que de verdad España necesita es una auténtica reforma tributaria que recoja el espíritu y la letra del art. 31 de la Constitución , por lo que debería ser la máxima prioridad de cualquier gobierno digno de tal nombre. No se trata de la demagógica petición de “que paguen más los ricos” sino de repartir equitativamente las cargas fiscales.

Claves para salir de la crisis

En este mes de septiembre, en competencia con otras efemérides (11-9-1973, golpe de Pinochet; 11-9-2001, ataque a las torres gemelas de Nueva York) se cumplen cuatro años del estallido de la crisis que nació financiera, se convirtió en económica y se propagó rápidamente de las llamadas hipotecas “subprime” o hipotecas basura de bancos norteamericanos. Desde entonces el mundo industrializado ha ido dando tumbos pasando de la ralentización al estancamiento, de éste a la recesión y finalmente a la depresión. Cuando parecía vencida esta fase, los países avanzados se enfrentan a la amenaza de una segunda recesión a juzgar por las alertas de diversos organismos internacionales como el FMI o la OCDE.
En todo este tiempo se acusa una decepcionante ausencia de iniciativas y de liderazgo político para dirigir la economía globalizada. Existe una notable falta de ideas nuevas e imaginativas, a la vez que realistas que permitan salir del túnel en que nos hallamos.
Los economistas se dividen en un grupo de tendencia socialdemócrata que propugnan impulsar el crecimiento para aumentar la tasa de ocupación, y otro de ideología conservadora que apuestan por rebajar impuestos y reducir drásticamente el déficit para favorecer la inversión y conseguir el mismo fin.
Como vemos, las metas a conseguir son compartidas, así como la necesidad de relanzar el crecimiento, revitalizar el crédito, incrementar la recaudación pública, aumentar la tasa de empleo, reducir el déficit, facilitar el consumo, repartir con equidad los costes de la crisis y devolver la confianza a los mercados para que se avengan a seguir financiando nuestra deuda sin que se dispare el coste en forma de riesgo país. Lo malo de este planteamiento es que una parte de estos objetivos son contradictorios con otros y es necesario priorizar y dosificar los medios para lograr el éxito.
A mi juicio, la superación de la crisis sería coherente con la adopción de un catálogo de medidas como el siguiente con respecto a España:
1. Dedicación por el ICO de financiación (a título orientativo, de 10.000 millones de euros) de las PYMES aunque fuera preciso aumentar la deuda en dicho importe.
2. Tramitar una reforma fiscal bajo los criterios de progresividad, eficiencia y suficiencia, que incluya una contribución especial transitoria de los perceptores de ingresos personales superiores, por ejemplo a 100.000 euros anuales y como medida previa a la recuperación de los impuestos de patrimonio y transmisiones, de forma selectiva. Dicha ley gravaría por igual las rentas del trabajo y del capital. A este respecto no está de más recordar como precedente, que para financiar la guerra civil se implantó un impuesto especial que afectaba a los beneficios extraordinarios.
3. Imponer a la banca una moratoria de dos años en el cobro de las amortizaciones de las hipotecas cuyos prestatarios podrían pagar solamente intereses. Los préstamos verían prorrogada su vigencia por dicho plazo.
4. Negociar un acuerdo con sindicatos y patronal para mantener congelados salarios y pensiones durante dos años, con excepción del salario y pensiones mínimas que incorporarían los incrementos del IPC.
5. Regular el sistema financiero para controlar las operaciones especulativas.
6. Intensificar la investigación del fraude fiscal y la economía sumergida, con especial atención a las grandes operaciones de capital.
7. Regular racionalmente las retribuciones de funcionarios y políticos. No tiene sentido que determinados presidentes de organismos autónomos establezcan sus propios salarios.
8. Implantar una política de austeridad en el gasto público, excepto en I+D+i, enseñanza, formación y sanidad.
9. Dedicar las inversiones en obras públicas exclusivamente a las más próximas a su terminación y efectuar una revisión a fondo de las proyectadas que se pospondrían o eliminarían de no justificarse su rentabilidad social o si no hubiera garantía de medios disponibles para su mantenimiento.
10. Arbitrar una fórmula, lo más equitativa posible, para suavizar, o mejor, eliminar el mercado dual del trabajo que tenemos ahora.
11. Rebajar el 50% del IVA durante dos años a los contratos de compraventa y rehabilitación de primeras viviendas.
12. Rebajar el 50% de las cargas sociales por el mismo período en los contratos laborales indefinidos a mayores de 45 años.
El plan propuesto persigue medidas de carácter social y económico de forma que los esfuerzos sean compartidos por todos los ciudadanos con arreglo a sus medios de fortuna.
Vivimos circunstancias excepcionales que requieren un tratamiento de igual calado, enmarcado en un plan global en el que los sacrificios sean proporcionales a la capacidad adquisitiva de cada uno. Sus ejes principales deberán ser remediar el paro masivo y calmar a los famosos mercados para que no eleven el coste de los intereses de la deuda, lo cual sólo será admitido si las reformas acordadas convencen de que surtirán los efectos deseados, lo cual vendrá avalado por el relanzamiento de la actividad económica. Si, por el contrario, las medidas de choque condujeran al estancamiento por aplicación de una cura de caballo, tal vez sería inevitable el rescate, el peor escenario imaginable, como se puede ver en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal.

De economía y política

Se ha dicho que la economía es una ciencia lúgubre, porque asegura, sin que nadie haya podido desmentirlo, que las necesidades humanas son ilimitadas, en tanto que los medios disponibles son finitos. Lo malo del asunto no son las leyes económicas sino el mundo real, exigente y lleno de carencias. Habría que decir que como la vida , la economía no es triste sino seria, porque, si no fuera así, no sería ciencia, y gracias a ella podemos entender cómo funcionan los complejos mecanismos de la producción y distribución de los bienes. Me recuerda aquellos versos según los cuales, “todo en amor es triste, mas, triste y todo, es lo mejor que existe”.
Pues bien, la economía es algo tan próximo que nos sale al encuentro a cada paso y por ello debería enseñarse desde los primeros grados para que pudiéramos explicarnos lúcidamente los problemas con los que nos topamos cada día.
Aun cuando la recomendación podía parecer excesiva, lo que es indisculpable es la ignorancia supina por parte de quienes se dedican a la política o de ella viven sin haber oído nombrar a Adam Smith, por lo que incurren a menudo, no sé si involuntariamente, en la incoherencia de su discurso, en el dislate rayano en el desatino de reclamar cosas contradictorias, olvidándose de aquella sentencia que hizo famoso al autor, de que lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. He aquí algunos ejemplos que ilustran lo antedicho:
Es frecuente entonar un canto a la rebaja de impuestos, y a renglón seguido pedir más y mejores servicios públicos sin advertir que, con menores ingresos no puede aumentar la cantidad ni mejorar la calidad de los que presta el Estado. Una cosa u otra, vale; las dos juntas, imposible.
Los mismos que se despachan a gusto contra el excesivo gasto público reclaman más y más subvenciones y desgravaciones tributarias, y desde luego, se guardan bien de indicar por dónde habrá de comenzar la poda. Cuando los beneficios empresariales suben como la espuma, los empresarios lo explican por la excelencia de su gestión en un mercado libre; si, por el contrario, la competencia les arrincona, claman al Estado, antes denostado por intervencionista, que les saque del atolladero frenando las importaciones, para “poder mantener los puestos de trabajo” o para evitar que nuestras empresas caigan en manos del capital extranjero, como si del diablo se tratase. Un ejemplo actual nos lo proporcionan los políticos que condicionan la existencia de las cajas de ahorro a su “galleguidad” como si las foráneas o los bancos no cobrasen los mismos intereses e iguales comisiones. Lo más sorprendente es que haya líderes políticos o sindicales con eco en los medios de comunicación dispuestos a secundarles, sin importarles un ardite que los impuestos de los contribuyentes encuentren un imprevisto destino como es el de ir a parar a los bolsillos de los particulares, en una extraña política de redistribución de la renta a la inversa.
El tema de las inversiones extranjeras concita las más diversas y contrapuestas opiniones. En principio todos aceptamos que si el ahorro nacional es insuficiente o no suficientemente emprendedor para financiar las obras necesarias o crear empresas y mejorar el nivel de empleo, bienvenidos sean los capitales de otros países y hasta aplaudimos que funcionarios o banqueros peregrinen a los centros financieros internacionales para seducir a los inversores. Pero tan pronto como tal o cual sociedad es comprada, “opada” o absorbida por otra extranjera, aparecen celosos defensores de nuestras esencias patrias para advertirnos del riesgo de la colonización en perjuicio de los sagrados intereses nacionales. El espíritu tribal está tan a flor de piel que hasta recelamos si los postores son vecinos de otra comunidad autónoma. ¿En qué quedamos? ¿Es el capital internacional intrínsecamente perverso y por ello paga peores salarios, engaña a los consumidores o juega a arruinar la economía nacional? Hasta ahora nadie ha podido probar tales supuestos Si así fuera tendríamos que demostrar con hechos que nuestros empresarios son más bienhechores y filántropos cuando se establecen en otros mercados para convencer, por ejemplo a nuestros vecinos portugueses que no se preocupen por lo que ellos llaman invasión del capital español
El aldeanismo es tanto más estrambótico ahora que la economía se ha globalizado y que un mundo pacífico y próspero es indisociable de la libre circulación de personas, mercancías y capitales. Lo que sí es exigible es que todos empleemos las mismas armas.

Morir de éxito

Salvo error por mi parte, fue Felipe González quien dijo que también se puede morir de éxito. Tal parecer ser el caso de las Cajas de Ahorros cuya mayor parte se debate entre la amputación o la desaparición.

Hasta 1977 estas entidades llevaban una vida tranquila en su ámbito de actuación municipal, provincial o autonómico como piezas secundarias del sistema financiero, impulsando el pequeño ahorro – al que premiaban con motivo del “Día Universal del Ahorro” el 31 de octubre de cada año -, la concesión de créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas y a la inversión en fondos públicos, todo ello con arreglo a los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. El excedente se repartía entre la constitución de reservas y la realización de obra social. Esta última equivalía a los dividendos de la banca.
En agosto de dicho año, el gobierno de UCD, a instancia de Enrique Fuentes Quintana, a la sazón vicepresidente del Ejecutivo, fue promulgado un Decreto que equiparaba la operatoria de las cajas a la de los bancos, con tanto éxito que aquéllas alcanzaron el 50% del sistema financiero. A partir de ahí, la expansión no tuvo límites. Se multiplicaron las sucursales no sólo en el territorio nacional sino en el extranjero; se tomaron participaciones, incluso mayoritarias, en empresas industriales y de servicios; se concertaron créditos sindicados y se amplió la cartera de créditos con una laxa evaluación del riesgo contraído, incurriendo además en una excesiva concentración en el sector de la construcción residencial.
Como los depósitos de los ahorradores no crecían al mismo ritmo que las inversiones, hubo que recurrir al endeudamiento en los mercados internacionales, con el riesgo añadido de que la devolución venciera antes de recuperar los créditos concedidos.
Con la burbuja inmobiliaria se desató la euforia, las cajas olvidaron las reglas elementales de prudencia y se incurrió en riesgos fuera de control, sin que el Banco de España, como organismo regulador y supervisor hiciera uso de sus atribuciones para prevenir los excesos. Se trataba de incrementar el volumen de negocio por encima de todo y con ello los beneficios como objetivo prioritario en detrimento de la función social, como si la ganancia fuera el fin exclusivo de las cajas que habían nacido como instituciones benéfico-sociales para combatir la usura, carácter que formaba parte de sus señas de identidad.
Los errores sólo se reconocen cuando son visibles sus efectos negativos, y a menudo, demasiado tarde. Entonces hay que emplear remedios duros, medidas dolorosas y tratamientos largos que es lo que ahora está ocurriendo.
El despertar a la realidad se produjo cuando se hizo visible la crisis de insolvencia de los bancos anglonorteamericanos que fue seguida por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España lo cual puso de manifiesto los errores y abusos cometidos, lo que obligó a muchas cajas a salvar los muebles transformándose en sociedades bancarias con la ayuda financiera del FROB y con el resultado predecible de poner en serio peligro la supervivencia de la Obra Benéfico Social. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Más de 130 años de historia están a punto de ser borrados de un plumazo. Lo que fue pensado como un medicamento vigorizante tornose tóxico. Entre la cumbre y el precipicio sólo se interpone un resbalón.