Por arte de birlibirloque nos encontramos
inmersos en una profunda crisis económica
que socava los fundamentos de nuestra convivencia y cuya salida
desorienta a los políticos y divide a los economistas, apostando unos por
imponer recortes a ultranza en el gasto público y sosteniendo otros que la
salida pasa por la adopción de estímulos que favorezcan el crecimiento.
En el caso de España, el gobierno surgido
de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, sometido a la presión
de la Comisión Europea, el gobierno alemán y los temibles “mercados”, se siente
forzado a optar por la primera solución con lo cual nos vemos metidos de hoz y
coz en un proceso de austeridad
presupuestaria que para la mayoría de los ciudadanos significa vivir en la
pobreza, incrementar el paro, apretarse al máximo el cinturón, y en definitiva,
someterse a una cura de caballo sin plazo de vigencia, para cumplir así el
“diktat” de la señora Merkel y la especulación de los mercados que encarece el
pago de la deuda y empeora las dimensiones del problema.
Ante la gravedad de la situación, Rajoy
toca a rebato y compromete a todos a asumir de buen grado las reformas
impopulares que implementa para vencer la amenaza que pende sobre España de ser
rescatada, con las ominosas consecuencias que ello comporta, según comprueban
en sus propias carnes Grecia, Irlanda y Portugal.
Que nos encontramos en un peligroso aprieto
es evidente y que superarlo con éxito beneficiaría a todos. Es, por tanto, un
problema nacional.
Para que todos podamos sentirnos
concernidos y aportemos cada uno nuestro grano de arena, es preciso que los
sacrificios compartidos sean equitativos, de forma que no caiga el peso de la
crisis sobre los hombros de quienes son más vulnerables, los cuales a pesar de
no haber tenido arte ni parte en el desastre, se ven y se desean para llegar a
fin de mes.
Lamentablemente, la equidad es la principal
asignatura pendiente de nuestro sistema político, económico y fiscal. Esta insolidaria
característica tuve ocasión de verla
reflejada en dos noticias recientes. En un periódico nacional del 31 de
marzo pasado, en la misma página aparecen una información que daba cuenta de
que en 2011 habían sido desahuciadas 58.200 familias, y a su lado otra
reveladora de que “los cinco directivos mejor pagados ganan 62,7 millones”, y
detallaba los beneficiarios de tan suculentas remuneraciones. Y sin traer a
colación las desmedidas ganancias de las mayores fortunas del país, destacan
las ayudas a los bancos y las facilidades y moratorias concedidas para que los
equipos de futbol liquiden sus increíbles deudas a Hacienda y a la Seguridad
Social hasta el año 2020.
Si estamos ante una situación de emergencia,
lo coherente es combatirla con medidas excepcionales sin perder la
proporcionalidad entre las exacciones que se exigen a los contribuyentes y sus
ingresos. A este respecto recuerdo que tras nuestra Guerra Civil se impuso una
contribución especial sobre beneficios extraordinarios (que sigue habiéndolos)
que duró, si mal no recuerdo, hasta
1948.
Paradójicamente, el gobierno del PP en su reunión del 30 de
marzo pasado acordó conceder una amnistía fiscal a los evasores de impuestos
que ocultaron sus capitales en paraísos fiscales para ponerlos a buen recaudo
de Hacienda y decidan retornarlos, pagando una tasa del 10%.
Tal tratamiento fiscal privilegiado es
totalmente injusto y un agravio a quienes pagan sus impuestos religiosamente
sin rechistar. Son hechos que desmienten el conocido eslogan de que Hacienda
somos todos.
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