La Constitución reconoce y garantiza la
igualdad de todos los españoles ante la ley. Tan elevado respaldo legal hace
suponer a los ciudadanos que pueden estar seguros de que el principio se cumple
a rajatabla. Sin embargo, quienes así piensan cometen pecado de ingenuidad,
como se encarga de demostrar la realidad cotidiana.
Comenzaré por referirme al diferente
tratamiento que la justicia reserva a pobres y ricos. Supongamos el caso de dos
personas acusadas de sendos delitos graves. Una, carente de medios económicos,
defendida por abogado de oficio ingresa en prisión preventiva, pudiendo
permanecer ella cuatro años, el plazo máximo de celebración del juicio en el
que puede ser declarado inocente. La otra persona, de familia adinerada,
asistida por un afamado letrado especializado en el tratamiento judicial de
delitos similares al supuestamente cometido por su defendido, sustituye la
reclusión por el pago de una fianza que recuperaría si fuese absuelto.
En general, se admite que todos debemos
hacer frente a nuestras
responsabilidades, mas las excepciones son abundantes. Mientras los
profesionales pueden ser denunciados, juzgados y castigados con penas de
inhabilitación, multa o prisión por un mal desempeño de su actividad, a otros
individuos causantes de graves perjuicios a mucha gente, e incluso al país
entero, no son objeto de penalización alguna.
Cuando a un ingeniero se le cae un puente, a un arquitecto un edificio, o que un
médico hace un diagnóstico equivocado o que un cirujano realiza una operación
defectuosa, pueden pagar las consecuencias y hasta dar con sus huesos en la
cárcel.
En lacerante contraste, altos cargos
públicos que incumplen su deber (por ejemplo, el gobernador del Banco de
España), gobernantes que adoptan medidas claramente erróneas e injustas, (así la construcción de
aeropuertos sin aviones, autovías sin coches) o corporaciones locales que
otorgan licencias de obras ilegales, y finalmente, gestores de entidades financieras a las que llevan al
borde de la quiebra, todos quedan exentos de culpa y, o bien continúan
desempeñando los mismos cargos, o bien se van con la bolsa llena para, como previsores
que fueron, disfrutar de indemnizaciones millonarias que se autoadjudicaron
oportunamente para el caso de que fueran despedidos. De modo que a disfrutar de
prejubilaciones doradas y que los bancos y cajas que dirigieron, que llamen a
las puertas del Estado para que les saque de la ruina. El caso de Bankia que
colea en estos días, clama al cielo.
Todos estos casos prueban hasta la saciedad
que lo de la igualdad ante la ley es un mito que, como es sabido,
etimológicamente significa fábula. Para los privilegiados, eso de que el la
hace la paga no reza con ellos.
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