Tiempo de grandes decisiones

     A punto de cumplirse un lustro del comienzo de la crisis que nos atenaza, la situación socioeconómica española no ha hecho más que empeorar.

    Desde el punto de vista macroeconómico, los estudios del Banco de España prevén para 2013 una caída del PIB del 1,5%, un escuálido crecimiento del 0,6% en 2014; el déficit será del 6% este año y del 5,9% el próximo; la tasa de paro variará del 27,3% al 26,8% en ambos años.

    Seguimos en recesión por quinto año, y como se ve, con mínimas expectativas de mejorar. El panorama que presenta la sociedad española, similar al que ofrecen Grecia, Portugal e Italia, es desolador, agravado en nuestro caso por el insoportable desempleo que afecta a seis millones de personas entre las que están dos millones de familias sin ningún ingreso al haber agotado el subsidio de paro. Y lo que es peor, que no se atisban signos de inflexión, de cambio de tendencia, de que la crisis haya tocado fondo, de que lo peor haya pasado, de ver la luz que señala la salida del túnel.

    La evolución negativa de la economía conduce al empobrecimiento de la población como registra el VI Informe de Foessa (Fundación de Estudios sociales y Sociología Aplicada), presentado el 20 de marzo por su director. En él se constata la existencia del 21,8% de los españoles que viven bajo el umbral de la pobreza, indicador de que perciben menos del 60% de la renta media nacional. De ellos, tres millones sufren pobreza extrema que les coloca al borde de la exclusión social. Al 55% de los jóvenes se les ha robado el futuro al no encontrar trabajo.

    Estos datos se producen en un contexto de distribución personal de la renta nacional que sitúan a nuestro país entre los más injustos de la UE según pone de manifiesto el “Primer Informe de la Desigualdad en España” promovido por la Fundación Alternativas. La crisis no ha hecho sino profundizar más el abismo que separa a pobres y ricos, al haber crecido más las rentas más altas mientras se hunden las más bajas. La clase media se ha depauperado, pero quienes sufren los peores zarpazos de la miseria son los que ya antes de la crisis lo pasaban mal, Esta desigualdad se hace más hiriente al coincidir con los ingresos escandalosos de una élite por rentas de su patrimonio y sueldos millonarios de dirigentes y consejeros de bancos y cajas de ahorro y grandes compañías aunque hubieran llevado a la ruina a sus empresas.

    A todo esto, la política de los dos últimos gobiernos, inspirada por el neoliberalismo económico, está lejos de dar los frutos deseados. La línea marcada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a partir del 10 de mayo de 2010, fue continuada e intensificada por su sucesor del PP, Mariano Rajoy. En síntesis, se centra en reducir a todo trance el déficit por más que implique demoler el Estado de bienestar mediante recortes en sanidad, educación y congelación de pensiones en contra de lo prometido en campaña electoral, al mismo tiempo que se aprobaba la reforma laboral para abaratar el despido. Como era de prever, el resultado fue la pérdida de 850.000 puestos de trabajo en 2012, el primer año del gobierno popular.

    Al aumentar el paro y deprimirse los salarios, en un contexto de recesión, el miedo de los trabajadores a quedarse en la calle les obliga a aceptar la condición de cobrar menos y trabajar más. Pero al reducirse la capacidad adquisitiva de los consumidores se contrae el consumo y disminuye la actividad económica, y ello hace temer a los mercados  internacionales que no puedan cobrar sus créditos, ante lo cual se defienden elevando el riesgo país que se traduce en aumentar el tipo de interés de la deuda pública.

    Por este mecanismo, el pago de intereses se convierte en el principal capítulo del presupuesto de gasto por importe de 40.000 millones, seguido por el del subsidio de desempleo que absorbe alrededor de 30.000 millones de euros. Frente a estas exigencias la recaudación disminuye, con lo que rebajar el déficit se convierte en tarea imposible. El desarrollo de los acontecimientos prueba que sin crecimiento no se puede reducir la deuda que, por el contrario, crece año tras año, y ya ronda los 886.000 millones, equivalentes al 85% del PIB.

    Esta realidad no parece convencer al Gobierno que sigue impertérrito el tratamiento influido por las teorías neoliberales que cautivan a la señora Merkel y compañía a riesgo de matar al enfermo, desechando implementar estímulos a la reactivación, clave para invertir la tendencia y salir del círculo vicioso en que estamos inmersos.

    El resultado de esta política errada y desastrosa no da otros frutos que el agravamiento de las condiciones de vida y la pauperización de la gente, lo que no impide que un sector muy minoritario aumente su riqueza, todo ello propiciado por una legislación fiscal antisocial que ignora la progresividad de los tipos impositivos y basa la recaudación en impuestos indirectos (fundamentalmente el IVA) y el IRPF que grava las rentas salariales hasta el 56% y aplica el 19% a las rentas del capital.

    A pesar de la situación extrema se mantiene afortunadamente la paz social, gracias a tres factores que actúan a modo de colchón: la red familiar (los hijos retrasan su emancipación y los jubilados tienen que compartir su pensión), la economía sumergida, y la asistencia social que llevan a cabo Cáritas, órdenes religiosas y ONG. Los tres son remedios de emergencia que además disponen de recursos insuficientes para atender al creciente número de personas que necesitan ayuda.

    Ante el estado de malestar colectivo son posibles dos tipos de reacciones excluyentes. El primero, deseable, sería que el Gobierno promoviese un acuerdo entre los partidos, y a partir de ahí acometa una profunda reforma legal que cambie el marco jurídico-político actual y afronte la crisis como una cruzada de solidaridad, de forma que los sacrificios inevitables se repartan con equidad entre la población. Esto haría más soportables los recortes sabiendo que tendrían un carácter temporal.

    Una acción complementaria sería proveer la formación de un bloque político con los demás países de la cuenca mediterránea que están soportando el mismo descontento social (Grecia, Chipre, Italia, Francia y Portugal). Ello permitiría contener la presión de Alemania y los demás países del norte de Europa que secundan a la primera para imponernos su cura de caballo y austeridad forzada, tan cruel como ineficaz.

    Cuando uno agota la paciencia y le arrebatan la esperanza, se pueden esperar reacciones violentas, bruscas, imprevistas. En cualquier caso, la desesperación es mala consejera. Entonces puede hacerse realidad la segunda opción. Esperemos que el sentido común, la prudencia y el verdadero patriotismo den paso a la primera opción y nos libren de la pesadilla del segundo que sería un suicidio. No olvidemos que nuestra infausta guerra civil tuvo un elevado componente motivacional en la tremenda injusticia social reinante a la sazón.

La guerra de Irak - Retrospectiva

    En este mes de marzo se cumplen diez años de la invasión de Irak por Estados Unidos y sobre su significado y efectos vale la pena echar una mirada retrospectiva.

    Para preparar el ambiente y justificar la guerra preventiva, el gobierno norteamericano dio una serie de pretextos que el tiempo se encargó de demostrar falsos: posesión por Irak de armas de destrucción masiva, apoyo de Sadam Husein al terrorismo de Al Qaeda y, en consecuencia, que Irak era un peligro para la paz mundial.

    Washington intentó convencer al Consejo de Seguridad de sus argumentos para que acordase la invasión, pero al no conseguirlo, tachó a la ONU de “irrelevante”, y en un gesto de prepotencia y unilateralismo lanzó un ultimátum perentorio de 48 horas desde las islas Azores en compañía del premier británico Tony Blair y del presidente del gobierno español José Mª Aznar. Cumplido el plazo, desencadenó un ataque demoledor por tierra, mar y aire el 20 de marzo de 2003 que el presidente denominó “justicia infinita”, para cambiarle el nombre días después por el de “libertad duradera”.

    La operación fue secundada inicialmente por Gran Bretaña y España –el trio de las Azores- pero encontró el rechazo de Francia y Alemania que pedían continuar las inspecciones de la ONU para conseguir el acuerdo del Consejo de Seguridad. Por culpa de la ilegalidad en que se incurría se produjeron multitudinarias manifestaciones populares de protesta en muchos países, y Turquía, que había ofrecido 14.000 hombres para participar en la operación, dio marcha atrás y prohibió el paso de tropas por su territorio.

    Los planes militares del Pentágono con el apoyo de un impresionante despliegue de fuerza lograron una rápida y aplastante victoria sobre el esperpéntico ejército iraquí que la propaganda había presentado como fuertemente armado, pero fallaron estrepitosamente en el planteamiento de la ocupación del país y en el trato dispensado a la población civil.

    El presidente Bush dio por terminada la guerra el 1º de mayo para entrar en la segunda fase, la de la ocupación. La invasión se planteó en la creencia de que la población iraquí, cansada de la sangrienta dictadura de Sadam recibiría a los soldados norteamericanos con los brazos abiertos, como libertadores. Esta visión resultó totalmente errónea, de lo que tuvo buena parte de culpa el comportamiento brutal de los invasores, el desconocimiento y falta de respeto a la cultura indígena y al mosaico de etnias y religiones formado por suníes, chiíes, kurdos, cristianos y turcomanos con intereses contrapuestos.

    Para complicar y dificultar más la pacificación, los ocupantes desmovilizaron los restos de las fuerzas armadas y disolvieron la policía con una acusada falta de tacto. Estas medidas crearon un vacío de poder, aumentaron el paro y el descontento, al tiempo que de ambas instituciones salían voluntarios de la resistencia. A todo ello aun habría que añadir el empleo de armas de guerra contra la población civil en ciudades como Faluya, incluidos bombardeos aéreos y artilleros; y el fallo de los servicios públicos que sumieron al país en el caos y la desesperación. Cualquier resto de simpatía que pudiera quedar se esfumó cuando se hicieron públicas las torturas y vejaciones infligidas a los prisioneros en la cárcel de Abu Graib.

     Como consecuencia, poco después de terminadas las hostilidades menudearon los atentados, los sabotajes contra los oleoductos, la colocación de minas en las carreteras, la explosión de coches bomba conducidos por suicidas, sobre todo frente a los centros de reclutamiento, y en el secuestro de civiles como arma de chantaje y extorsión. La detención de Sadam nueve meses después de la invasión que se creyó provocaría el desplome de la insurgencia, contribuyó más bien a reforzarla.

    Los 150.000 soldados que llegaron a ocupar el país se mostraron impotentes para garantizar un mínimo  de seguridad ciudadana, lo que indujo al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan a retirar su personal tras ser asesinado su representante, el brasileño Vieira de Melo. El regreso del contingente español en abril, en cumplimiento de una promesa electoral del PSOE asestó un duro golpe a la coalición, decisión que fue seguida por otros gobiernos, presionados por su opinión pública.

    Finalmente, el nuevo presidente Barak Obama resolvió retirar las tropas de combate el 31 de agosto de 2010 salvo 50.000 hombres acantonados allí.

    Según diferentes testimonios después del atentado del 11 de septiembre de 2001 el presidente Bush se propuso atacar Irak con objetivos múltiples: controlar el suministro de petróleo, imponer su hegemonía en la región de Oriente Próximo, preservar la seguridad de Israel, acercar su ejército a Siria, Irán y Arabia Saudí, y hasta vengarse de Sadam porque “quiso matar a mi papá”, y sobre todo, porque “iba a implantar un modelo de democracia en la región”. Transcurridos diez años del inicio de la agresión, casi nada se ha conseguido; 122.000 muertos solo trajeron a Irak corrupción, paro, fragilidad democrática y hundimiento del nivel de vida.

    La historia muestra que los estrategas del Pentágono no aprendieron las lecciones de la historia reciente y particularmente de Vietnam y, como dijo Santayana, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

Discriminación de la mujer

    Una de las injusticias más persistentes cometidas por la humanidad a lo largo de los siglos es el maltrato de que fueron objeto –y son– las mujeres.

    La imputación puede hacerse extensiva a todas las sociedades, pero es paradójico que las religiones en general y las monoteístas en particular, que pretenden ser referentes morales, dan ejemplo de todo lo contrario, en lo que a la subordinación y exclusión de la mujer se refiere.

    Ateniéndonos al caso de la religión católica, la discriminación que practica con el sexo femenino tiene mil manifestaciones, siendo la más injusta además de despectiva, la que representa la prohibición de la ordenación sacerdotal, so pretexto de razones carentes de fundamento.

    A este respecto, choca con la realidad el mantenimiento de tal medida en una época que registra una tendencia imparable al reconocimiento de la igualdad de derechos de ambos sexos.

    Por ello resulta incomprensible que el papa emérito Benedicto XVI  al reformar el 15 de julio de 2010 el código para endurecer las penas de los delitos más graves que pueden cometerse en el seno de la Iglesia, incluyera, junto a la pederastia y la pornografía infantil, la ordenación sacerdotal de mujeres. Es una equiparación que ofende la sensibilidad y rechaza el sentido común. Veremos si el nuevo papa elegido hace escasos días tiene algo diferente que decir al respecto.

    El origen del menosprecio de la mujer es muy antiguo y se apoya en prejuicios tan subjetivos como carentes de justificación. La denigración de la mujer comienza en el Génesis, al establecer que Dios creó a Adán y para que no se sintiera solo, le envió a Eva, a modo de complemento de lo esencial. Esto se repite con la tesis de que el pecado de Adán se produjo por instigación de Eva para que comiese la maldita manzana y ser por ello expulsados del paraíso.

    Aristóteles fue el primero en sostener la inferioridad de la mujer en base a que tenía menos dientes que el varón, sin haberse tomado la molestia de contar los de la boca de su esposa para no incurrir en tan ridícula aseveración.

    Tal vez la absurda observación aristotélica dio pie a San Agustín, el más misógino de los santos, para hacerse la pregunta en la “Ciudad de Dios” de que el diablo no se dirigió a Adán sino a Eva, y el mismo se da la respuesta de que Luzbel se dirigió a la parte inferior de la pareja humana porque creyó que el varón no sería tan crédulo.

    El mismo San Agustín dirigió sus dardos al sexo opuesto al atribuirle la causa de que el hombre fuese “un ser empecatado”, juicio que se explica por su juventud disoluta y su desastrosa experiencia sexual, como recoge en sus “Confesiones”.

   Su intemperancia le llevó a expresar la afirmación de que “el marido ama a la mujer porque es su esposa, pero la odia porque es mujer”. Una verdadera temeridad.

    A partir del obispo de Hipona asistimos a un extenso florilegio de opiniones adversas al sexo femenino de hombres canonizados como Santo Tomás, San Juan Damasceno o San Alberto Magno.

    El “Doctor Angélico”, guía espiritual de los católicos, opina que, “si el sacerdote fuera mujer, los fieles se excitarían al verla, sin plantearse la reciprocidad de que las jóvenes se excitasen en presencia de un cura guapo. Con una clara animadversión hacia la mujer, considera que ésta es un varón fallido y sostiene que debe someterse al marido como su amo y señor, que tiene “inteligencia más perfecta y virtud más robusta”.

    Para San Juan Damasceno, la mujer es “una burra tozuda, un gusano terrible en el corazón del hombre, hija de la mentira, centinela del infierno”. Es difícil imaginarse mayor injuria de alguien que sería elevado a los altares.

    Por su parte San Alberto Magno afirma que “la mujer tiene la naturaleza incorrecta y defectuosa”. Con tan infamantes juicios de los mejores pensadores católicos no pueden extrañarnos los excesos dialécticos y comportamientos de machistas recalcitrantes.

    Cuando una determinada situación, por absurda, excluyente e injusta que sea, se mantiene mucho tiempo, se torna normal, y se da la paradoja de que no solo es admitida y defendida por los favorecidos o privilegiados, sino con no menor ahínco por quienes sufren las consecuencias del desorden. Tal es el caso de las mujeres que, a pesar del trato vejatorio de santos varones y que mantiene la jerarquía eclesiástica, son las más fervorosas creyentes y llenan los templos y los conventos, en mayor número que los frailes. Es inevitable evocar la actitud de quienes en India sufren los rigores de la separación de castas y así los intocables no se oponen al orden establecido por más inicuo que sea.

    No le falta razón a la teóloga Uta Ranke Heinemann al decir que de los innumerables pecados cometidos a lo largo de su historia, de ningún otro deberían arrepentirse tanto las Iglesias como del pecado cometido contra la mujer.

    Tanto Juan Pablo II como su sucesor, han pedido perdón por distintos hechos protagonizados por la Iglesia –los horrores de la Inquisición y la persecución de Galileo- entre otras, empero Benedicto XVI no mostró indicios de seguir el mismo camino con respecto a la conducta de la Jerarquía con respecto al sexo débil.

Notarios y registradores: ¿funcionarios o autónomos?

    En una de sus acepciones, el Diccionario de la Real Academia define la palabra corrupción como “vicio o abuso introducido en las cosas no materiales”, y pone como ejemplo la corrupción de costumbres.

    Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y ampara la existencia de figuras sociales que por su ambigüedad o por contradecir la norma general aceptada (en este caso, la libertad de mercado) o por su anomalía pueden asimilarse a formas corruptas.

    Una de ellas es la situación especial amparada por la ley de notarios y registradores, que disfrutan de un doble “status”: como funcionarios y empresarios autónomos, lo que les otorga un carácter privilegiado.

    Como funcionarios públicos acceden al cargo por oposición y son depositarios de la fe pública, pero ejercen su actividad en despachos privados independientes, costean su funcionamiento, contratan a su personal, y la cuantía de su retribución depende del número de actos administrativos en que intervengan: formalización de documentos públicos e inscripción registral de los mismos, respectivamente, funciones todas ellas propias de un empresario privado.

    El número de plazas está rigurosamente limitado por lo que ejercen su función en régimen de monopolio que les garantiza beneficios más que notables. Sin duda no mentía el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy cuando declaró que ganaba más como registrador que dedicándose a la política. Notarios y registradores forman parte de la elite funcionarial sin ser específicamente funcionarios.

    Si la ley definiera con precisión su personalidad jurídica, como funcionarios públicos se instalarían en oficinas del Estado, y éste percibiría de los particulares las tasas reglamentarias por la prestación del servicio.

    Si, por el contrario, actuasen como empresarios, perderían el privilegio del monopolio con lo cual se facilitaría la libre competencia y los ciudadanos podrían acudir a los profesionales que les infundieran mayor confianza. La libertad de elección redundaría en  aumento de elevación a público  de los contratos y su inscripción reforzaría la fuerza probatoria de los títulos en beneficio de la seguridad jurídica.

    Cualquiera de las dos modalidades posibles sería preferible al actual maridaje entre lo público y lo privado, cuya permanencia solo se justifica por el mantenimiento de privilegios anacrónicos que la sociedad rechaza por injustos y nocivos.