Quién paga la crisis

Una de las cuestiones asociadas a la crisis es el debate sobre quien debería pagar la crisis y quien la paga efectivamente. En sentido estricto, todos sentiremos las consecuencias a causa de la enorme deuda contraída, que habrá que saldar con impuestos durante varios años con el inconveniente añadido de que el dinero se gastó principalmente en aliviar las penalidades del paro masivo y en facilitar estímulos al consumo, y no para promover inversiones productivas que habrían favorecido la recuperación de la actividad económica y dotarían al país de mejores infraestructuras. No sufrirán, sin embargo, los efectos de la crisis los que contribuyeron a provocarla tales como altos ejecutivos de bancos y grandes empresas los cuales han percibido cantidades astronómicas, sobre todo en Estados Unidos, en forma de salario fijo, bonos, opciones, fondos de pensiones y blindajes en caso de despido, pese al grado de responsabilidad contraída que, con sus manejos llevaron en algunos casos a la ruina de sus empresas. En España tenemos ejemplos por demás elocuentes como lo cobrado por los distintos conceptos en 2008 por el consejero delegado de Iberdrola que ascendió a 16 millones de euros, tanto como lo que cobrarían 2.200 trabajadores durante un año con salario mínimo. Una injusticia social. Un escándalo obsceno.

Tampoco pagarán muchos promotores inmobiliarios que acumularon descomunales beneficios, a veces gracias a inconfesables “pelotazos” urbanísticos compartidos con corporaciones corruptas, ni notarios y registradores que obtuvieron exorbitantes ingresos en tiempo de vacas gordas en virtud de su estatus monopolístico.
Sin duda el inmerecido castigo recaerá sobre los asalariados, comenzando por los acogidos al régimen de contratación temporal y los inmigrantes al perder sus empleos sin indemnización por despido. Su número rebasa los cuatro millones, una cifra que es el más grave exponente de la recesión. Otros “paganos” son los autónomos que, por la disminución de sus clientes se ven forzados al cierre de sus establecimientos. Y finalmente, quienes se ven desahuciados de sus viviendas por no poder abonar las cuotas de las hipotecas.

Como es habitual, la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Tiene que ser siempre así? La respuesta es afirmativa en tanto no se cambie la organización de la sociedad y sus leyes. Aquí viene a cuento la cita de Marx y Engels en su libro “La sagrada familia”: Si el hombre es formado por las circunstancias, resulta necesario formar las circunstancias humanamente.

Paliativos de la crisis

El inicio de la recesión que padecemos desde hace más de dos años cogió desprevenidas a las autoridades monetarias, a los políticos, que durante varios meses se obstinaron en negar su existencia, e incluso a los mejores y peores expertos.
Dada la imprevisión, la negación y la ignorancia, no es de extrañar que sus efectos se propagasen con tanta rapidez y alcanzasen la profundidad que conocemos. La demora del diagnóstico explica que la terapia aplicada fuese tardía y que las medidas adoptadas hasta ahora, un tanto inconexas, hayan tenido escasa eficacia. Sí sirvieron para que los causantes salvaran su pellejo con inyecciones de capital público que pagamos todos.
En lo que suele haber general asentimiento es en que las circunstancias imponen un menor gasto público y un refuerzo de los ingresos presupuestarios. Lo primero exige reducir partidas que no se consideren imprescindibles, y lo segundo obliga a una elevación de los impuestos. Desechados los recortes sociales entre los que se incluyen las cuantiosas prestaciones por desempleo por la contestación que suscitarían, tampoco es aconsejable suspender la ejecución de obras públicas porque implicaría un aumento del paro, de por sí situado en niveles dramáticos. El margen de maniobra no es muy amplio pero si se quiere evitar el impacto en las rentas más bajas y buscando al mismo tiempo la ejemplaridad, las medidas de ahorro podrían congelar e incluso rebajar porcentualmente los sueldos más altos de los políticos y funcionarios públicos, la supresión de determinados organismos redundantes, evitar en lo posible la publicidad institucional, restringir el uso de vehículos oficiales, y limitar los viajes de funcionarios y diputados. En resumen reducir los gastos corrientes y adelgazar las Administraciones.
El aumento de los impuestos siempre es mal recibido por los contribuyentes que pueden traducir su enfado en negarle el voto al partido gobernante en favor de los que se opongan aun cuando esta actitud carezca de razones de peso, ya que sin ingresos públicos suficientes, el Estado del bienestar dejaría de cumplir su función.
El buen sentido aconseja que la nueva fiscalidad repercuta lo menos posible en la disminución del consumo y en el aumento del IPC. Por esta y otras razones de equidad, el aumento tributario debería recaer sobre los impuestos directos, y en concreto, sobre los ingresos personales en sus tramos más altos. Pero el Gobierno encontró más fácil y con menos resistencia recargar el IVA, pasándoles la factura a los consumidores en general sin distinción del poder adquisitivo de cada uno.
Tal medida agrava la regresividad del sistema tributario y su inequidad, como pone de relieve el hecho de que siendo la participación de los salarios inferior al 50% de la renta nacional, soportan el 80% del IRPF. Esta desigualdad se acentúa desde que el gobierno socialista, que se proclama progresista y de izquierda, copiando la medida del gobierno del Partido Popular, suprimió el impuesto sobre el patrimonio y rebajó la tarifa máxima del impuesto sobre la renta del 48% al 45%.
La crisis que padecemos se caracteriza por una drástica sequía del crédito bancario que contrae la actividad económica, acrecienta el paro, disminuye el consumo y eleva la morosidad, cerrándose así el círculo vicioso que estrangula la capacidad del sistema financiero para engrasar la maquinaria económica con la necesaria fluidez crediticia.
Sería preciso implantar medidas que inviertan el proceso, o sea, que las entidades financieras volvieran a abrir la mano del crédito. Pienso que este objetivo podría lograrse si los préstamos hipotecarios se pusieran al corriente de sus vencimientos. A tal efecto, el Estado cubriría los pagos correspondientes a dos anualidades, subrogándose en la deuda de los titulares. Se evitarían así los desahucios por falta de pago, se estimularía el consumo y los bancos y cajas dispondrían de fondos para atender la demanda de los empresarios a la vez que disminuirían la obligación de dotar provisiones por fallidos. Es decir, entraríamos en un círculo virtuoso en el que dejarían de influir los factores que alimentan la recesión.

Autores y víctimas de la crisis

Dos años después del estallido de la crisis financiera, ya es posible adelantar algunas lecciones que se desprenden de lo ocurrido y hacer con respecto a España un reparto de responsabilidades.
Responsables. Tal vez se pueda afirmar sin temor a equivocarse que son muchos los implicados con distinto grado de participación. Es inevitable citar a los banqueros como principales agentes causantes, pero también jugaron su papel el Gobierno, el Banco de España y los ciudadanos de a pie. Y entre todos la mataron y ella sola se murió.
Los banqueros, devorados por la codicia, alimentaron la burbuja inmobiliaria dando dinero a cambio de hipotecas con criterios tan heterodoxos que no solo valoraban los inmuebles ofrecidos en garantía con holgura sino que prestaban por encima del valor de tasación. La cuestión era ampliar el volumen de negocio en aras de aumentar el beneficio, aunque para ello tuvieran que endeudarse a corto o medio plazo en los mercados internacionales para suplir la insuficiencia del ahorro nacional.
Gracias a tales prácticas, los promotores inmobiliarios pudieron financiar la construcción de viviendas en exceso, con tal euforia que en 2007 se edificaron más pisos que en Alemania y Francia conjuntamente. Todo basado en la falsa creencia de que los inmuebles eran activos seguros por excelencia, sin posibilidad de que pudieran descender los precios de mercado.
Entre tanto, el Gobierno miraba para otra parte complacido de que el PIB crecía, el paro menguaba, los impuestos aumentaban y todos vivíamos en una burbuja de prosperidad artificial, sin reparar en los desequilibrios macroeconómicos provocados por un crecimiento asentado sobre bases frágiles. Durante meses se empeñó en negar la existencia de la crisis cuando ya eran evidentes sus efectos, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la pregunta de si había crisis o no, respondió en junio de 2008: “Como todo, es opinable y depende de lo que se entienda por crisis. La economía creció el año pasado un 3,5% y este año va a crecer en torno al 2%” El aumento real del PIB fue del 0,9%, inferior a la mitad de lo previsto. Con tan desacertado diagnóstico no es de extrañar que se reaccionase tarde y con medidas inconexas, ajenas a un plan coordinado anticrisis y por tanto de escasos o nulos efectos.
La misma política del gobierno y el sistema financiero de no advertir y corregir a tiempo los desfases del ciclo fue seguida o inspirada por los bancos centrales y los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Reserva nacional norteamericana, Banco Central Europeo y Banco Mundial) que hicieron dejación de sus facultades de aviso, control e inspección que tienen encomendadas.
Tampoco están exentas de responsabilidad las familias, que se endeudaron más allá de todo límite razonable como si la bonanza económica no tuviese fin y, naturalmente, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Es decir, al endeudamiento incontenible sucedió la morosidad bancaria y la insolvencia de los particulares y de las empresas.

Hemos visto que quienes provocaron la crisis, entre los cuales ocupan un lugar destacado los grandes bancos y sus principales ejecutivos que pusieron en peligro la propia existencia de las respectivas entidades con su gestión inepta y temeraria, salieron indemnes del desastre. Ninguno dio con sus huesos en la cárcel ni sufrieron sanción alguna. Al contrario, siguieron cobrando sus ingresos de fábula. Un caso paradigmático fue el de la Caja de Castilla-La Mancha que hubo de ser intervenida por el Banco de España para evitar su quiebra en tanto que sus gestores quedaban sin sanción alguna.
El Gobierno, con el dinero de todos, aportó cantidades ingentes de recursos a los bancos para prevenir la quiebra inminente del sistema financiero. Un ejemplo ilustrativo del trato injusto fue el que protagonizó el presidente del Banco de Bilbao Vizcaya, Francisco González, que, entre salario, retribución variable y fondo de pensiones se embolsó en 2008 la cantidad de 9.000.000 de euros por más que su banco viese recortados sus beneficios y el dividendo.
También se favorecieron de las circunstancias algunos promotores inmobiliarios que acumularon enormes ganancias en los años de vacas gordas, gracias en ocasiones a escandalosos “pelotazos” urbanísticos, compartidos con corporaciones municipales corruptas. Otros que también hicieron su agosto por el “boom” inmobiliario fueron los notarios, registradores y arquitectos merced al privilegiado “status” monopolístico de sus profesiones.
Se puede decir que con excepción de las personas antes citadas que salieron airosas del desastre, toda la población en mayor o menor medida se vio perjudicada. Se podría afirmar que nunca tan pocos arruinaron a tantos. Tomando la terminología del economista italiano Cipolla, los primeros serían clasificados como “estúpidos bandidos” (los estúpidos que hacen daño a los demás en beneficio propio).
Entre los perdedores son dignos de mención, en primer lugar, los millones de parados que, al perder su empleo, quedaron sin su única fuente de ingresos y de repente se vieron sumidos en la pobreza.
Otros perjudicados fueron los accionistas que vieron como sus inversiones mobiliarias se volatilizaron, aunque más tarde se recuperaron en parte. En general, toda la población sufrió las consecuencias de la crisis, entre otras razones, porque de los bolsillos de de los contribuyentes salieron las sumas multimillonarias que el Gobierno facilitó a los bancos para recuperar su liquidez y solvencia, y en definitiva, para evitar el colapso del sistema crediticio y productivo.
El menor poder adquisitivo de la gente y el temor al futuro redujeron drásticamente el consumo, lo que se tradujo en la recesión, que a su vez ocasionó el cierre de miles de empresas, con el consiguiente despido de sus trabajadores.

Diez consecuencias del paro

Autor invitado: Marcos Franco

El paro es un fenómeno relativamente moderno, producto de la economía industrial que empezó a surgir en Europa hace algo más de dos siglos. Antes de eso, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo, y ya se tratara de producir para el autoconsumo o para su venta, la tierra suponía una inagotable fuente de generación de empleo.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, el trabajo ya no es un bien infinito, y el paro se presenta como una de las consecuencias indeseables de la por otra parte engrasada máquina que es la moderna economía de mercado. En el caso de España, este mal moderno ha estado particularmente presente en los últimos 30 años (de los cuales hemos padecido durante 28 un índice de paro superior al 10% de la población activa).

Todos sabemos lo perjudicial que resulta el desempleo, pero probablemente sus consecuencias son aún mayores de las que se ven a primera vista, afectando no sólo a los parados sino a la población completa. Seguramente hay alguna más, pero podemos destacar las siguientes:

1. La más evidente consecuencia del desempleo es la disminución de los ingresos de las familias afectadas. Una situación de dificultad financiera a la que a menudo va aparejado un deterioro de la vida familiar y de la autoestima del individuo.

2. Un elevado índice de paro también perjudica a los trabajadores ocupados. Allí donde el empleo se convierte en un bien preciado o en peligro de desaparecer, pueden crecer la tensión entre empleados y las situaciones de explotación laboral más o menos encubierta. Del mismo modo, la desesperación de los demandantes de empleo les hace ser candidatos mucho más dispuestos a aceptar condiciones que en otras circunstancias no aceptarían, lo que incrementa la precariedad.

3. La precariedad laboral actúa de refuerzo para la expansión de la economía sumergida, cuyos índices son mayores en nuestro país que en otros países de nuestro entorno (se calcula cercana a un 20%), y cuyas consecuencias son bien conocidas: trabajadores desprotegidos, fraude fiscal, competencia desleal...

4. Criminalidad. Alguna gente, sobre todo personas jóvenes de entornos marginales, pueden verse empujados a buscar fuera de la legalidad los ingresos que les aportaría ese empleo que no encuentran en el mercado laboral. Hablamos de actividades como tráfico de drogas, prostitución, delincuencia...

5. Desmotivación en la educación. Muchos jóvenes en edad universitaria desconfían de que sus estudios vayan a servirles de algo el día de mañana. De hecho, se sabe que una buena parte de los titulados universitarios acaban trabajando en puestos inferiores a su titulación académica, o incluso en tareas que no tienen nada que ver con aquello que estudiaron.

6. Reducción de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo entre los parados. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de “efectos de segunda ronda” contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.

7. Reducción de los presupuestos del Estado y por tanto los servicios que éste puede ofrecer. Entiéndase que, por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos. Y por otro, el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo, por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.

8. Despilfarro de recursos. Siendo el factor humano uno de los factores principales que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico para un páis mantener un stock tan elevado de capital humano sin usar.

9. Retardo en la edad de emancipación juvenil. La falta de trabajo (o de estabilidad laboral entre quienes sí lo tienen) supone para los jóvenes la imposibilidad de abandonar el hogar paterno, retrasándose así sus planes futuros de vida como puedan ser el independizarse, casarse y formar una familia.

10. Paternidad atrasada y baja natalidad. Derivado del punto anterior, la edad media para tener el primer hijo en España se ha retrasado considerablemente en las últimas décadas hasta situarse por encima de los 30 años. La paternidad atrasada conduce muchas veces a tener menos hijos en total, con lo cual el problema de la baja natalidad que sufre nuestro país puede también achacarse en buena medida al fenómeno del paro.

En definitiva, y ya para terminar, no cabe duda de que la sombra del paro es muy alargada, y que la reducción del desempleo debe ser, y especialmente en momentos como éste, una prioridad fundamental para los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición. Eso significa saber hacer política de altura y tomar medidas que en ocasiones pueden resultar impopulares o no coincidir con los intereses de patronal y sindicatos (ninguno de los cuales, tengámoslo en cuenta, representan los intereses de los parados). Esperemos que, con valentía y con todos los medios a su alcance, el gobierno actual (o el que venga después) consiga atajar este mal que es desde hace mucho tiempo, y ahora todavía más, el problema número uno de este país.

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Medidas anticrisis

En la extensa, profunda y prolongada crisis que nos aflige, es obvio que nadie sabe con certeza como paliar los daños colaterales que provoca el estancamiento económico. La ciencia lúgubre, como la llamó Carlyle, no ha encontrado aun la receta que prevenga o cure los espasmos cíclicos en que se desenvuelve la actividad humana.
Lo que nadie discute es que en tales circunstancias se impone la austeridad, lo que conlleva la supresión de los gastos improductivos y la reducción de costes empresariales para incrementar la productividad y mejorar la posición competitiva del sistema económico. Por supuesto que ello no será el bálsamo de Fierabrás, pero sí contribuirá a hacer menos dolorosos los efectos de la crisis y a adelantar la recuperación de la economía nacional.
Es evidente que cuanto mayores sean los recursos detraídos del consumo prescindible, mas serán los disponibles para inversiones que aumenten el bienestar y creen empleo en momentos en que el paro hace estragos y se convierte en el mayor de los problemas.
En el capítulo de gastos susceptibles de recibir el tijeretazo están, entre otros, la proliferación de asesores de los gobiernos central y autonómicos, teñidos de amiguismo y nepotismo; la publicidad institucional con la que a menudo se premia a los medios afines o para seducir a los que no lo son; la emisión de TVE las veinticuatro horas, con informativos que duplican los de otras cadenas autonómicas; la iluminación nocturna de los edificios oficiales; y los viajes institucionales que a veces parecen ignorar la existencia de las embajadas. Por supuesto que estos pasos no serán el bálsamo de Fierabrás para curar las heridas de la crisis y hasta puede que alguien las llame el chocolate del loro, pero tendrán al menos el valor de la ejemplaridad.
Estas medidas de ahorro deberían ir acompañadas de otras de moderación salarial en los tramos más altos, de aplicación inmediata, sin perjuicio de un tratamiento posterior a fondo de carácter general en aras de una homogenización y equidad del abanico salarial a fin de que las consecuencias de la recesión no recaigan como siempre sobre las espaldas de los más débiles.

Con una cifra de desempleados que rebasa los cuatro millones y un descenso del índice de precios al consumo que implica un riesgo de deflación, parece oportuna una contención selectiva de las rentas salariales con arreglo a dos criterios: que comenzase por los ministros, directores generales, altos cargos de organismos públicos y parlamentarios, y que el Ejecutivo promoviese iniciativas legislativas de tipo fiscal para que el ejemplo se extendiese a la empresa privada.
Se evitarían así espectáculos obscenos protagonizados por directores de grandes empresas como el presidente del BBVA al cobrar en 2008 la cantidad de 5,3 millones de euros, tanto como percibiría un mileurista en 378 años –y no es el que bate el record- al mismo tiempo que se pide a los trabajadores la congelación de sus sueldos.
Con un Gobierno de izquierda como se supone que es el que tenemos –aunque algunos de sus hechos lo desmientan- es inaceptable la coexistencia
de esas escandalosas remuneraciones con el salario mínimo en vigor.
Sin duda la macroeconomía precisa otras medidas de estímulo para compensar la inhibición inversora de la empresa privada. En este contexto, la Administración debería actuar con arreglo a un doble plan, a corto y medio plazo: a corto, como actuación urgente con el propósito de ralentizar el paro masivo; y a largo, con programas de infraestructuras educativas, sanitarias y de transportes que generan economías externas y propician un desarrollo económico sostenido.
Con relación a esto último, las Administraciones públicas central y autonómicas procurarán disponer de una cartera de proyectos elaborados para que cuando se cuente con los medios de financiación necesarios se puedan iniciar las obras sin demora.
En situaciones críticas como la presente, lo dicho no agota ni mucho menos el catálogo de medidas con las que revertir la tendencia depresiva del ciclo, y todas son pocas, pero al menos, las propuestas son fácilmente comprensibles y se apartan de las frases huecas tan socorridas que aluden a planes estratégicos y reformas estructurales sin mayor concreción.
Sin duda, todo lo que se haga debe estar inspirado en el propósito de contribuir al bienestar general, pero si faltasen las virtudes de la solidaridad y la justicia social, la superación de la crisis sería imperfecta y el mundo sería menos habitable.