Cuando el actual gobierno del PP inició su
andadura, la primera reforma legislativa que llevó a cabo fue la laboral por
medio del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, con tanta prisa que acudió al Decreto-Ley
para abreviar su tramitación parlamentaria, sin que le importase prescindir del
consenso con los agentes sociales, que había sido presupuesto de otras reformas
anteriores. Fue como si la mayoría electoral que le otorgaron las urnas al
partido le autorizase a legislar por su cuenta cual si estuviesen en posesión
de la verdad absoluta.
Antes de examinar someramente su contenido,
digamos que sus promotores sufrieron un error de calendario, pues como se vio
muy pronto, lo verdaderamente prioritario era acometer la reforma del sistema
financiero, donde se ocultaba la fuente de los problemas que, ya existentes a
la sazón, no hicieron más que agravarse
día tras día. Pero tal vez ahí estarían implicados otros intereses que al PP no
le interesaba desvelar y combatir.
Desde distintos puntos de vista, lo que
importaba era alterar profundamente el contenido del Estatuto de los
Trabajadores de 1985 para abaratar los salarios y la indemnización por despido
para remediar la insoportable tasa de paro del 23% de la población activa, que
en lo que a la juventud se refiere, llegaba al 50%. En cuanto al concepto
indemnizatorio por despido improcedente, mientras el Estatuto la establecía en
45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, la nueva norma
la rebaja a 20 días y 12 mensualidades, respectivamente.
Entre tanto, altos directivos de las
empresas, al producirse el cese, por despido o dimisión, se embolsan sumas
millonarias, independientemente de que su gestión hubiera sido nefasta, fruto
de la libertad de contratación de esta élite privilegiada.
En cuanto a los efectos de la reforma
conocidos hasta ahora, lo menos que puede decirse es que defraudó todas las
expectativas. El desempleo siguió creciendo como era de prever. Al facilitarse
y abaratarse el despido, las empresas vieron la oportunidad de de reducir sus costes salariales recortando
la plantilla y sustituyendo trabajadores con años de antigüedad por otros de
nuevo ingreso con sueldos inferiores.
A la clase trabajadora en general se le
metió el miedo en el cuerpo al sentir la amenaza implícita o expresa, a modo de
espada de Damocles, de perder el empleo, creándose así una situación que nos
retrotrae a tiempos pasados que creíamos superados.
Por otro lado, la demora en conocer y
reconocer la verdadera situación de bancos y cajas, que al día en que escribo
sigue siendo un misterio, ha llevado a la pérdida de confianza de los mercados,
lo que se traduce en un aumento descontrolado del riesgo país que a su vez
encarece el coste de la deuda soberana hasta el extremo de haberse convertirse en el mayor capítulo de gasto
presupuestario, lo que asimismo compromete
la consolidación fiscal que es un compro miso irrenunciable del
gobierno.
El reciente rescate de la banca sigue sin formalizarse,
según la canciller alemana porque el gobierno español aun no ha cursado la
oportuna solicitud. El país está sumido en una crisis sin fondo y los
gobernantes encargados de gestionarla semejan enanos políticos desbordados por
los acontecimientos, mientras no paran de afirmar que siguen su hoja de ruta,
sin dar la cara ni informar al Parlamento y al pueblo de cómo piensan salir del
atolladero, En situaciones como ésta surge espontáneamente la expresión de “que
Dios nos coja confesados” seguida de “sálvese quien pueda” que es el peor
camino para salvarnos todos.
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