El mapa institucional de España

    Nuestro país tiene una arquitectura institucional demasiado florida fruto de la acumulación de estructuras mantenidas contra viento y marea, pese a que algunas han devenido manifiestamente obsoletas y disfuncionales por no haberse adaptado oportunamente el marco político al cambio de circunstancias y al paso del tiempo.

    Este inmovilismo tiene como consecuencia el sostenimiento de administraciones con la consiguiente multiplicación del gasto público que frena el desarrollo económico.

    Entendemos por miembro de la clase política aquel que ostenta un cargo público por elección popular. Alguien calculó –se supone que con fundamento- que su número se eleva a 445.000. Su crecimiento elefantiásico es el resultado de mantener, además del Gobierno central, 17 Comunidades autónomas, 50 diputaciones provinciales (que en las Islas Canarias reciben el nombre de Cabildos Insulares) y 8.104 Ayuntamientos, muchos de ellos con menos de 500 habitantes, lo que da idea de su inutilidad. Tenemos una plétora de cargos públicos cuyos sueldos representan una onerosa carga presupuestaria. Los miles de corporaciones pudieron tener sentido cuando fueron creadas, por las precarias comunicaciones existentes en la época con la diligencia como único medio de transporte, pero no se explica su pervivencia en nuestros días con redes ferroviarias, líneas de autobuses  y la profusión de vehículo propio, además de Internet.

    Las Diputaciones han quedado emparedadas entre los gobiernos autónomos y los ayuntamientos y por consiguiente, se han convertido en instituciones redundantes que han perdido su razón de ser.

    No es exagerado decir que la Administración está pidiendo a gritos una profunda reforma, o mejor la refundación que dote de racionalidad y eficacia al sistema. Para que ello tenga lugar será preciso vencer el peso de la inercia y la resistencia al cambio, especialmente de quienes pueden sentir lesionado su lucro personal, ajeno -cuando no opuesto- al bien común. Son los intereses creados.

    Efecto pernicioso del ejercicio del poder suele ser el desprecio del dinero de los contribuyentes que se traduce en obras de lucimiento sin objetivos de rentabilidad social y económica. Véase el ejemplo de la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela. En la relación de los políticos con la ciudadanía suelen desarrollarse nexos insanos (nepotismo, amiguismo, clientelismo y caciquismo) que persiguen la fidelización de los votantes y atraer sufragios en sucesivas convocatorias

    El deseo de complacer o socorrer a amigos y colaboradores que ayudaron a ganar las elecciones dan origen al nombramiento a dedo de los llamados asesores que proliferan en todas las administraciones, y que al ser tantos, hacen sospechar que, o bien los gobernantes confían muy poco en sus capacidades o desprecian los conocimientos del personal técnico al que así condenan a la ociosidad forzosa.

    Dado que los recursos disponibles siempre son inferiores a la demanda, su defectuosa asignación impide que puedan ser atendidas otras necesidades que en un correcto orden de preferencias deberían ser prioritarias.