lunes, 7 de julio de 2014

Reforma fiscal



Después de tanto anuncio y cacareo, el Gobierno presentó el 20 de junio pasado un anteproyecto de reforma fiscal, para lo que había encargado un informe a un llamado comité de “sabios”, marginando al Instituto de Estudios Fiscales.
    El anteproyecto que hemos conocido por entregas, recuerda el parto de los montes en que, después de mucho ruido nació un ratón. En realidad no merece el nombre de reforma, puesto que se limita a una serie de retoques en los impuestos de Sociedades e IRPF. Para que lo fuera tendría que haberse ocupado de una nueva regulación de los impuestos de Patrimonio, Transmisiones, Sicav y sociedades pantalla, así como iniciativas para hacer realidad la promesa de suprimir los paraísos fiscales. Resulta especialmente llamativo el silencio sobre la lucha contra el fraude de las grandes empresas y las mayores fortunas, que los expertos evalúan en 70.000 millones de euros, suficientes para eliminar el déficit, para lo que es indispensable aumentar el número de inspectores de Hacienda. En Sociedades, la norma no pasa de establecer recortes graduales de los tipos impositivos y algunas desgravaciones, y en el IRPF el espectro es más amplio.
    La pérdida de recaudación se estima en 9.000 millones de euros a los que habrá que añadir la reducción del déficit para cumplir el compromiso de no pasar del 5,8% en 2014. Lo dicho confirma que la propuesta incumple los principios básicos de todo sistema tributario, a saber: suficiencia y progresividad. Sin ingresos públicos no puede haber servicios esenciales, y la presión fiscal en España es siete puntos inferior a la media de la UE. En lo que a progresividad se refiere, su ausencia impide la redistribución de la renta, tan necesaria en nuestro país en el que los índice de pobreza y desigualdad social son alarmantes y vergonzosos.
    Contra la progresividad atenta en el anteproyecto la reducción de tramos de siete a cinco, y si bien para ingresos de 90.000 euros disminuye la cuota a pagar (48 euros para dicha renta y 330 para 35.000) a todos los que ingresan más de 200.000 hasta 2.000.000 les aumenta la cuota en 1.210 euros.
    La reforma que se anuncia hubo de esperar tres años desde que el PP ocupa el Parlamento con mayoría absoluta y entrará en vigor en dos fases en 2015 y 2016. Como en el primero está previsto que tengan lugar las elecciones generales, queda clara la intención de influir en los comicios. En 2016 caben dos posibilidades: que gane nuevamente el PP, lo cual, a la vista de cómo evolucione el déficit le proporcionará la ocasión de desdecirse y donde dije digo, digo Diego. Si, por el contrario, la victoria electoral fuera del PSOE, tendríamos en perspectiva una nueva reforma.
    Es indiscutible que un sistema tributario justo y equitativo es fundamental para fortalecer la convivencia -del que seguimos huérfanos-  y así lo entendieron los padres de la Constitución al dedicarle el artículo 31. Los impuestos son lo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. De cómo el Estado los recauda y de la honestidad con que los gaste depende que los contribuyentes acepten de buen grado su deber o apelen a todos los trucos posibles para eludirlos.

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