miércoles, 29 de enero de 2014

Aumentar los ingresos públicos




  Se comprende fácilmente que los recortes presupuestarios en servicios básicos perjudican el bienestar general, con especial incidencia en los sectores de población más vulnerables. Los ajustes también son negativos, especialmente con vista al futuro cuando reducen el gasto en I+D, explicables en ambos casos por la necesidad de rebajar el abultado déficit de las cuentas públicas, fruto del derroche en tiempos de bonanza aparente.
    Hay otras restricciones del gasto que son doblemente nocivas porque no estimulan el crecimiento de la economía, y además menguan los ingresos fiscales y dificultan el objetivo de consolidar el presupuesto. Me refiero a la insuficiencia de medios personales y materiales que necesitan la administración de justicia y la inspección de Hacienda.
    En el primer caso, más de 200 fiscales se dirigieron por escrito el 13 de enero al fiscal general del Estado para denunciar la precariedad de medios y la excesiva carga de trabajo que soportan para investigar la corrupción tras los recortes sufridos. El resultado aumentará la ralentización crónica, provocará la paralización de los casos en curso y obstruirá la investigación de los que permanecen ocultos. De esta manera la tan criticada lentitud con que se desarrollan los procesos judiciales se verá agravada, los ingresos por multas, tasas e indemnizaciones se demorarán y los patrimonios embargados se desvalorizarán sin provecho de nadie, y finalmente, muchos delitos quedarán impunes por prescripción. La escasez de recursos explica en buena parte que muchos juicios se eternicen en los juzgados y lleguen las sentencias después de largos años de tramitación.
    Un servicio público como la justicia está pidiendo a gritos su modernización y su proximidad a los ciudadanos y debería gozar de prioridad de los poderes ejecutivo y legislativo para corregir sus disfuncionalidades. Es una exigencia de pragmatismo y de racionalidad.
    Por su parte, la inspección fiscal sufre las mismas restricciones en la asignación de recursos que dificulta la eficacia de la labor que tiene encomendada.
    Cuantos más casos de fraude se descubran serán mayores los ingresos que aporten al erario, y ello es fundamental para reducir el déficit que tanto preocupa al Gobierno y a la Comisión Europea. En consecuencia, nada hay más incoherente que desatender las necesidades de personal que reclaman tanto la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) como el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
    Cumplir estas peticiones estaría en consonancia con los deseos de la ciudadanía de que dos de las instituciones más importantes del Estado estén a la altura de las circunstancias y sean modelo de eficacia y responsabilidad. Todos los españoles saldríamos ganando.

No hay comentarios: