Estamos inmersos en una grave crisis económica de imprevisible evolución que tiene su reflejo, obviamente, en la situación política que vivimos, caracterizada por el fracaso de las políticas del Gobierno, la oposición irresponsable del Partido Popular y, como consecuencia, el descrédito, la desconfianza, y el rechazo de la clase política.
La política económica seguida ha sido tan ineficaz como injusta; primero por el tardío reconocimiento de la existencia de la crisis, y después por la serie de medidas descoordinadas con efecto de paños calientes, en lugar de un plan global coherente de reformas que atajasen el deterioro de la economía. Finalmente, cuando los mercados pusieron al Gobierno entre la espada de las reformas y la amenaza de la intervención, el presidente optó por cargar el peso del ajuste sobre las espaldas de los más débiles: parados, pensionistas, funcionarios, autónomos, etc.
El resultado de tantos errores no podía ser otro que el estancamiento económico, un número de desempleados sin precedentes y una preocupante tasa de inflación. Todo conforma augurios que oscurecen el horizonte del año que comienza.
No hace falta ser economista para darse cuenta de que, si el aumento de ingresos públicos para recortar el déficit presupuestario se fía a la elevación de los impuestos indirectos como el IVA, dejando intactos los que dependen del nivel de renta (IRPF), el efecto inmediato es la presión inflacionaria por el carecimiento de los precios, lo cual, automáticamente, se traduce en la reducción del consumo que a su vez provoca la ausencia de crecimiento.
Las medidas adoptadas, además de injustas –y por tanto contrarias a lo que cabría esperar de un gobierno socialdemócrata– son insuficientes, impopulares y antisociales. El efecto previsible es que hundan las expectativas electorales del PSOE, comenzando por los comicios municipales del 22 de mayo próximo mientras el PP se frota las manos de contento viendo el camino abierto para recuperar el poder, y tanto más seguro cuanto más Rodríguez Zapatero prosiga en la misma línea “cueste lo que cueste”. Al país, claro.
Sin embargo, Rajoy pide públicamente el adelanto de las elecciones como táctica política, ya que su interés consiste en que el PSOE prolongue su agonía, como muestran las sucesivas encuestas, e implemente medidas que le evitarán a él acometerlas cuando se produzca el relevo.
Para entonces completará el menú atribuyendo la culpa al Gobierno saliente, con las medidas precisas para aplicar la cura de caballo a la que son proclives los partidos de derecha. Desde luego, a buen seguro que no incrementará los impuestos a las grandes fortunas. El futuro inmediato puede conducirnos de málaga a malagón y convertir nuestro incipiente Estado de bienestar en Estado de malestar. Ojalá que estos temores resulten infundados.
La política económica seguida ha sido tan ineficaz como injusta; primero por el tardío reconocimiento de la existencia de la crisis, y después por la serie de medidas descoordinadas con efecto de paños calientes, en lugar de un plan global coherente de reformas que atajasen el deterioro de la economía. Finalmente, cuando los mercados pusieron al Gobierno entre la espada de las reformas y la amenaza de la intervención, el presidente optó por cargar el peso del ajuste sobre las espaldas de los más débiles: parados, pensionistas, funcionarios, autónomos, etc.
El resultado de tantos errores no podía ser otro que el estancamiento económico, un número de desempleados sin precedentes y una preocupante tasa de inflación. Todo conforma augurios que oscurecen el horizonte del año que comienza.
No hace falta ser economista para darse cuenta de que, si el aumento de ingresos públicos para recortar el déficit presupuestario se fía a la elevación de los impuestos indirectos como el IVA, dejando intactos los que dependen del nivel de renta (IRPF), el efecto inmediato es la presión inflacionaria por el carecimiento de los precios, lo cual, automáticamente, se traduce en la reducción del consumo que a su vez provoca la ausencia de crecimiento.
Las medidas adoptadas, además de injustas –y por tanto contrarias a lo que cabría esperar de un gobierno socialdemócrata– son insuficientes, impopulares y antisociales. El efecto previsible es que hundan las expectativas electorales del PSOE, comenzando por los comicios municipales del 22 de mayo próximo mientras el PP se frota las manos de contento viendo el camino abierto para recuperar el poder, y tanto más seguro cuanto más Rodríguez Zapatero prosiga en la misma línea “cueste lo que cueste”. Al país, claro.
Sin embargo, Rajoy pide públicamente el adelanto de las elecciones como táctica política, ya que su interés consiste en que el PSOE prolongue su agonía, como muestran las sucesivas encuestas, e implemente medidas que le evitarán a él acometerlas cuando se produzca el relevo.
Para entonces completará el menú atribuyendo la culpa al Gobierno saliente, con las medidas precisas para aplicar la cura de caballo a la que son proclives los partidos de derecha. Desde luego, a buen seguro que no incrementará los impuestos a las grandes fortunas. El futuro inmediato puede conducirnos de málaga a malagón y convertir nuestro incipiente Estado de bienestar en Estado de malestar. Ojalá que estos temores resulten infundados.
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