Cuando se habla de las crisis económicas, su más dramático y visible exponente lo constituye la legión de trabajadores que pierden su empleo. A tal punto llega en España esta patología en estos momentos que el paro afecta a más del 20% de la población activa, lo que significa que dos de cada diez personas en condiciones de trabajar no lo pueden hacer y engrosan las listas del INEM. Esta situación supone en primer lugar un drama intolerable para millones de familias que se ven privadas de ingresos, y también un derroche de recursos humanos que quedan improductivos y ociosos.
Al coincidir en el tiempo la desocupación forzosa con el déficit presupuestario, es más difícil combatir ambos desequilibrios macroeconómicos a la vez, porque sus efectos se potencian recíprocamente. En efecto, a más paro, menos consumo, lo que repercute en la actividad económica, y cuanto mayores sean las prestaciones por el desempleo más se agravará el déficit. Nos movemos en un círculo vicioso.
Reducir el déficit y crear empleo semejan dos objetivos incompatibles, y sin embargo es un desafío que debe afrontar la política económica. Es preciso que la economía nacional sea más competitiva, de forma que exportemos más e importemos menos a fin de que podamos pagar lo que necesitamos con la venta de lo que producimos.
A mi juicio, después de cubrir las aportaciones del subsidio de desempleo, que es prioritario, es preciso atacar el déficit porque así se reducirá la transferencia de renta del sector público al privado integrado en gran parte por inversores particulares e institucionales extranjeros. Para ello, el Gobierno tiene dos vías a seguir, no exclusivas sino complementarias: incrementar los ingresos públicos y recortar los gastos improductivos. En el primer caso puede elevar los impuestos, y para que la carga impositiva sea equitativa incidirá en las rentas más altas que además no repercutirán negativamente en el consumo. Otras medidas con el mismo objeto serían intensificar la lucha contra el fraude y la economía sumergida, gravar más los artículos de lujo, restablecer los impuestos de Patrimonio y Sucesiones eliminados indebidamente y aumentar el impuesto sobre las SICAV, actualmente favorecidas por un gravamen irrisorio.
En el capítulo de gastos improductivos la panoplia de medidas es muy amplia y sin ánimo exhaustivo citaré las siguientes: supresión de subvenciones injustificadas, disminución de la publicidad institucional, austeridad en el uso de vehículos oficiales, supresión de asesores sin justificación (para algo están los funcionarios técnicos), drástica reducción de organismos autónomos innecesarios, reducción de horarios de las televisiones públicas, restricción de viajes oficiales, racionalización de los sueldos con arreglo a criterios objetivos homogéneos y supresión de la facultad de algunos organismos para establecer sus propias retribuciones, v. gr. TVE y Banco de España
Dichas reformas, junto con la abolición del cheque bebé y del regalo de 400 euros a contribuyentes del IRPF cuya razón de ser nadie entendió en su día, deberían ser suficientes para reconducir el déficit a las cifras previstas, en cuyo caso no habría sido necesario recurrir a las medidas a todas luces injustas, inequitativas y regresivas como la rebaja de sueldos de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones, las aportaciones a las personas dependientes, la ayuda a los países en desarrollo y el tijeretazo a las inversiones que ponen en peligro el crecimiento y los puestos de trabajo, acordadas por el Ejecutivo.
Como suele argüirse que las crisis ofrecen oportunidades para corregir fallos y disfunciones, si de verdad el Gobierno desea aprovecharlas, sería bueno que comenzase
a pensar en introducir una serie de reformas encaminadas a eliminar obstáculos al progreso y modernizar el país que, por mi parte, cometeré la osadía de señalar algunas en otra ocasión.
Al coincidir en el tiempo la desocupación forzosa con el déficit presupuestario, es más difícil combatir ambos desequilibrios macroeconómicos a la vez, porque sus efectos se potencian recíprocamente. En efecto, a más paro, menos consumo, lo que repercute en la actividad económica, y cuanto mayores sean las prestaciones por el desempleo más se agravará el déficit. Nos movemos en un círculo vicioso.
Reducir el déficit y crear empleo semejan dos objetivos incompatibles, y sin embargo es un desafío que debe afrontar la política económica. Es preciso que la economía nacional sea más competitiva, de forma que exportemos más e importemos menos a fin de que podamos pagar lo que necesitamos con la venta de lo que producimos.
A mi juicio, después de cubrir las aportaciones del subsidio de desempleo, que es prioritario, es preciso atacar el déficit porque así se reducirá la transferencia de renta del sector público al privado integrado en gran parte por inversores particulares e institucionales extranjeros. Para ello, el Gobierno tiene dos vías a seguir, no exclusivas sino complementarias: incrementar los ingresos públicos y recortar los gastos improductivos. En el primer caso puede elevar los impuestos, y para que la carga impositiva sea equitativa incidirá en las rentas más altas que además no repercutirán negativamente en el consumo. Otras medidas con el mismo objeto serían intensificar la lucha contra el fraude y la economía sumergida, gravar más los artículos de lujo, restablecer los impuestos de Patrimonio y Sucesiones eliminados indebidamente y aumentar el impuesto sobre las SICAV, actualmente favorecidas por un gravamen irrisorio.
En el capítulo de gastos improductivos la panoplia de medidas es muy amplia y sin ánimo exhaustivo citaré las siguientes: supresión de subvenciones injustificadas, disminución de la publicidad institucional, austeridad en el uso de vehículos oficiales, supresión de asesores sin justificación (para algo están los funcionarios técnicos), drástica reducción de organismos autónomos innecesarios, reducción de horarios de las televisiones públicas, restricción de viajes oficiales, racionalización de los sueldos con arreglo a criterios objetivos homogéneos y supresión de la facultad de algunos organismos para establecer sus propias retribuciones, v. gr. TVE y Banco de España
Dichas reformas, junto con la abolición del cheque bebé y del regalo de 400 euros a contribuyentes del IRPF cuya razón de ser nadie entendió en su día, deberían ser suficientes para reconducir el déficit a las cifras previstas, en cuyo caso no habría sido necesario recurrir a las medidas a todas luces injustas, inequitativas y regresivas como la rebaja de sueldos de los funcionarios públicos, la congelación de las pensiones, las aportaciones a las personas dependientes, la ayuda a los países en desarrollo y el tijeretazo a las inversiones que ponen en peligro el crecimiento y los puestos de trabajo, acordadas por el Ejecutivo.
Como suele argüirse que las crisis ofrecen oportunidades para corregir fallos y disfunciones, si de verdad el Gobierno desea aprovecharlas, sería bueno que comenzase
a pensar en introducir una serie de reformas encaminadas a eliminar obstáculos al progreso y modernizar el país que, por mi parte, cometeré la osadía de señalar algunas en otra ocasión.
1 comentario:
Sin duda el gobierno se ha dejado en el tintero unas cuantas medidas de las posibles como bien apuntas (si bien aún está a tiempo de llevar a cabo algunas de ellas, sobre todo en el área recaudatoria). No obstante, mucho me temo que los tijeretazos que aplicó hayan sido en su mayor parte imprescindibles, pues no es muy del estilo del PSOE tomar medidas impopulares o antisociales si no es absolutamente necesario.
Para mí lo más preocupante ahora es que nuestros compromisos con la UE nos puedan estar obligando a concentrar nuestros esfuerzos más en luchar contra el déficit que en luchar contra el paro, que es pienso yo el problema más urgente y el verdadero lastre de este país.
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