De cómo se alimenta la desigualdad

Desde que los seres humanos vivieron en sociedades organizadas se idearon normas y procedimientos que propiciaban el enriquecimiento de una minoría a costa del resto, conformándose así las clases sociales con separación entre ellas de los acaudalados y los que “viven de sus manos” como los llamó Jorge Manrique.
La situación de ambas clases se traduce en una serie de factores encadenados que actúan a modo de círculos virtuosos en favor de los ricos y círculos viciosos en perjuicio de los pobres.
Expondré a continuación cómo la sociedad actual impulsa la acumulación de la riqueza en pocas manos y fomenta la proliferación de los desheredados.
Cabe admitir, en principio, que alguien ahorre una parte de sus ingresos, incluso a costa de privaciones, y si a este aspecto previsor se suma una buena capacidad de trabajo y hasta una cierta creatividad, pasado cierto tiempo reunirá un patrimonio como fruto de su esfuerzo y como retribución de su ahorro, transformado en capital productivo. Este proceso podría considerarse como el origen lícito del primer capitalista, pero todos sabemos que no sería sino la excepción que confirma la regla.
Cuando nuestro hombre muera, su fortuna la heredarán sus hijos que disponen así de una plataforma económica sin mérito propio alguno, desde la que podrán incrementar sus beneficios sin necesidad de someterse a ninguna clase de privaciones ni sacrificios personales, como podría haber sido el caso del fundador de la saga familiar.
Los herederos al nacer en una situación privilegiada habrán podido recibir una sólida formación que les dará ventaja para dirigir sus empresas y acceder a los altos puestos de la Administración. Se realiza así la simbiosis de la riqueza y el poder que en adelante se apoyarán mutuamente. Sus relaciones sociales se desarrollarán en un ámbito de clase alta, por lo que es probable que los matrimonios se convengan entre familias de similar posición social que favorecerán a su vez el aumento de las fortunas.
Cuando los empresarios quieran ampliar sus negocios pueden acudir al crédito bancario en condiciones favorables, tanto por disponer de garantías reales como por la influencia de las relaciones familiares, lo que permite asimismo ampliar sus empresas.
Un medio adicional de incrementar los patrimonios consiste en situar fondos en paraísos fiscales con alta rentabilidad libre de impuestos por tratarse de inversiones desconocidas por Hacienda. Otra forma de reducir la tributación es la creación de sociedades ficticias que absorben gastos y rebajan la base tributaria aprovechando la menor tarifa del Impuesto de sociedades con respecto al Impuesto sobre la renta (IRPF).

Las relaciones familiares o la pertenencia a los consejos de administración de grandes empresas permiten disponer y utilizar en provecho propio información privilegiada para operar con ventaja en Bolsa sin apenas riesgo de que pueda probarse el delito tipificado en el Código Penal.
El broche final de esta serie de facilidades para el redondeo de beneficios y el incremento del capital lo pone el sistema tributario. El procedimiento consiste en recargar los impuestos indirectos (los que se pagan por el consumo, independientemente de la capacidad económica de los contribuyentes) y disminuir la fiscalidad sobre los directos (es decir, los que gravan los salarios y las rentas del capital). La misma discriminación la sufren las rentas del trabajo (salarios) respecto de las producidas por el capital (intereses, dividendos y alquileres, principalmente). La aplicación de este tratamiento diferenciado se refleja en la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) que recae en el 80% sobre rendimientos del trabajo frente al 20% que aportan las rentas del capital.
Por si fuera insuficiente esta injusta discriminación, en el sistema neoliberal en que vivimos, los sucesivos gobiernos compiten por implantar rebajas de impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Sociedades que afectan a los más ricos, manteniendo entretanto intocable el IVA que se paga al adquirir los artículos de consumo y también los de primera necesidad , de los que nadie puede prescindir.
En España, la moda de las rebajas fiscales selectivas, propia de la derecha ha contagiado a la sedicente izquierda socialdemócrata como si ambas se hubieran puesto de acuerdo para quitar a los pobres para dar a los ricos, influidos, quizás por el texto evangélico.
Como la avaricia es insaciable y el dinero llama a dinero, los mayores contribuyentes aun recurren a un último truco para reducir su deuda tributaria: el fraude. Dado que sus ingresos no están controlados con la misma rigurosidad que las nóminas de los asalariados, alteran sus declaraciones y hurtan al fisco una parte de su contribución porque el beneficio potencial excede al riesgo de ser descubiertos. Como consecuencia, la defraudación alcanza cifras elevadas aun cuando las acusaciones de delito fiscal que prosperan son prácticamente inexistentes. Y aun tienen a su favor la posible promulgación de amnistías fiscales que hacen borrón y cuenta nueva.
Así como existen diversas formas de discriminación positiva que favorecen a los más adinerados, hay otras que operan en perjuicio de los necesitados. Veamos como actúan algunas de estas últimas:
Desde el nacimiento en el seno de una familia pobre, el niño se enfrenta a un entorno desfavorable. Su alimentación es deficiente y puede perjudicar su desarrollo físico e intelectual y otro tanto puede decirse de su educación en el más amplio sentido. El ambiente familiar suele ser poco propicio para despertar su curiosidad intelectual. .
Como consecuencia, en el colectivo de alumnos de su condición económica se da la mayor proporción de fracaso escolar. En cualquier caso, lo habitual es que sus posibilidades educativas terminen en la enseñanza gratuita obligatoria.
El resultado es que las opciones laborales se limiten a los empleos menos cualificados, y consiguientemente, peor remunerados. Compárense, por ejemplo los 9,78 millones de euros que cobró en 2006 Francisco González, presidente del BBVA, equivalentes al salario de 1225 trabajadores acogidos al salario mínimo.
Si una familia adquiere los alimentos necesarios, lo habitual es que el precio sea más caro por unidad de producto que el que paga una familia pudiente por una compra similar de mayor cantidad.
Las ayudas a la agricultura establecidas por la Unión Europea se calculan en proporción a la producción obtenida, con lo cual, un reducido grupo de terratenientes reciben gran parte del presupuesto acordado.
Cuando un modesto consumidor contrata un servicio de suministro esencial (agua, energía eléctrica, teléfono) el contrato de adhesión contiene una cláusula que permite facturar un consumo mínimo aunque éste no haya
tenido lugar. De esta forma, la obsesión ahorradora del supuesto usuario habrá sido contraproducente, aparte de que el precio unitario de la cantidad mínima suele exceder del aplicado a un consumo de mayor cuantía.
Si a costa de privaciones y sacrificios consigue unas modestas economías y las deposita en una entidad financiera, el tipo de interés que ésta le abona es inferior al que devenga una cuenta millonaria, y además el saldo se ve minorado por el cargo de comisiones de mantenimiento y administración, que por el contrario suelen ser condonadas a los grandes clientes. Y por supuesto, las facilidades crediticias son escasas, por no decir nulas.
Quienes obtienen ingresos inferiores a la base tributaria mínima exenta (como es el caso de muchos trabajadores) no están obligados a presentar declaración del IRPF, con lo cual pierden la opción de acogerse a las bonificaciones y desgravaciones fiscales establecidas por la ley, por ejemplo, por el número de hijos menores, así como a la devolución del impuesto retenido por los intereses que hubieran devengado sus cuentas de ahorro. Beneficios que sí disfrutan los demás contribuyentes.
Se podrá alegar que tales son las reglas de la economía de mercado, pero es indudable que ésta castiga a los menos acomodados y que deja en la cuneta a muchos perdedores.
La injusticia social no está en la naturaleza de las cosas, sino que es resultado de la estrecha alianza tejida entre el dinero y el poder para ajustar la legislación al beneficio de ambos.