Puro teatro

   Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 dieron un resultado que complicó extraordinariamente el panorama político, caracterizado por el fraccionamiento de las fuerzas en liza.

    El PP obtuvo 123 escaños, el PSOE 90, Podemos 69 y Ciudadanos 40. Tanto el PP como el PSOE sufrieron un severo castigo que benefició a las otras dos formaciones emergentes. El bipartidismo que reinó desde la recuperación de la democracia quedó tocado pero no hundido. Diríase que se cumplió el dicho que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de afianzarse.

    Como la mayoría necesaria para gobernar son 176 diputados, solo podría lograrse con la suma PP+PSOE o con la coalición PSOE+Podemos+ Ciudadanos. La alianza de los dos primeros fue propuesta por Rajoy y rechazada de plano por Pedro Sánchez y la segunda se hizo imposible por la incompatibilidad manifiesta  entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. En todo caso, resultó claro que no podría haber investidura sin el apoyo activo o pasivo de los dos mayores partidos, es decir, “lo viejo” al que Pablo Iglesias denominó “la casta”.

    Agotados los plazos legales -a todas luces excesivos- los líderes se enfrascaron en un interminable proceso de reuniones infructuosas, propuestas, declaraciones, acusaciones, reproches y amenazas durante más de 130 días que dieron pasto abundante a los medios de comunicación y pusieron a prueba la paciencia, el cansancio, el aburrimiento y el hartazgo de los españoles. El PP por su parte siguió impertérrito sin mover ficha. Que nadie podía gobernar sin  acuerdo previo de los dos grandes partidos era evidente con arreglo a la aritmética, pero los responsables no lo entendieron así y se dedicaron a actuar como comediantes en un ejercicio de puro teatro. Al final del período de consultas se mantenían tan inconmovibles como al principio, haciendo inevitable la repetición de las elecciones que fueron convocadas para el 26 de junio seis meses después, manteniéndose entre tanto Rajoy en funciones, al frente del Gobierno con capacidad limitada al despacho de los asuntos de trámite.

    Los daños de la intransigencia política son difíciles de evaluar, pero es indudable que son importantes y diversos. Admitiendo que  sea en setiembre cuando  pueda formarse el nuevo Gobierno, habremos padecido una prolongada situación de interinidad y semiparálisis, con la consiguiente demora en la implementación de reformas inaplazables, la incapacidad para adoptar medidas de política interior y exterior, la postergación de inversiones indispensables para aminorar el paro, el descrédito de los partidos que han priorizado las apetencias de sus líderes o intereses particulares en detrimento del bien común.

    Por último, no cabe despreciar el coste de una nueva consulta, que se estima en 140 millones de euros, cuando no se ha podido reducir el déficit en la cuantía comprometida con Bruselas, que la deuda ya se iguala al PIB y que el desempleo afecta a uno de cada cinco españoles activos. Finalmente, no hay que olvidar el riesgo de que la distribución de votos repita la del 20-D en cuyo caso habríamos malgastado inútilmente ocho o nueve meses para encontrarnos de nuevo en el mismo punto de partida.

    Los responsables de estas parálisis recaen sobre los líderes políticos, especialmente los dos más votados por su poder decisorio. Pienso que así lo entenderían los electores el 26-J, y en consecuencia, aquellos sufrirán mayor castigo sin llegar a convertirse en irrelevantes por el voto cautivo  con que cuentan.

    De confirmarse esta hipótesis, me atrevo a pronosticar un reparto de escaños similar al siguiente; 95 el PP, 80 el PSOE, 85 Podemos y 65 Ciudadanos. Darían una suma de 325, adjudicándose los 25 restantes los partidos nacionalistas e IU.

    Es posible que al PP le pase factura la demora en la repetición de los comicios por la inacabable lista de corrupciones descubiertas en los últimos meses, y el PSOE corre peligro de ser sobrepasado por Podemos, lo que sería su mayor desastre.