En toda España contamos con cerca de medio
centenar de aeropuertos aparte de los de Murcia, Castellón y Ciudad Real que
están acabados pero cerrados. La mayoría son otras tantas fuentes de pérdida
que podrían verse afectados por la privatización de Aena. Entre ellos están los
tres gallegos. Para obviar su falta de rentabilidad se recurre a subvenciones autonómicas
o municipales a las compañías aéreas, bien a tanto alzado, bien garantizándoles
un número determinado de viajeros. El ayuntamiento vigués proyecta reforzar el
tráfico de Peinador ofreciendo a las operadoras 3,5 millones de euros para
contrarrestar las ayudas que reciben Lavacolla y Alvedro.
Pienso que estos gastos tienen muy difícil
justificación social. Con ellos se están
abaratando artificialmente los viajes de negocios o de turismo, que no precisan
de mayores alicientes.
Sí, como se sostiene, ejercen influencia en
la actividad hostelera local, las empresas del sector deberían aportar una
parte de lo que ponen la Xunta
y los ayuntamientos. Si lo que se está promocionando indirectamente es el
turismo de otras comunidades, también éstas deberían participar en el importe
de las subvenciones.
Otro aspecto de la cuestión a tener en cuenta
es que el auxilio económico favorece a las compañías de aviación en perjuicio
de Renfe y de las empresas de transporte por carretera, lo que les da derecho a
reclamar igualdad de trato.
Estas consideraciones ponen de manifiesto
el riesgo que corren las autoridades de incumplir el principio de equidad y de
malgastar los caudales públicos, a la vez que mantener en activo a empresas
ineficientes que proliferan al amparo de conseguir favores a costa del bolsillo
de los contribuyentes, al mismo tiempo que incurren en costes de oportunidad,
por cuanto las sumas gastadas se restan de otras inversiones posiblemente más
eficaces para promover el bienestar de los ciudadanos. No debemos olvidar que
los medios disponibles siempre son escasos en relación con las necesidades y
por ello es obligado establecer un orden de prioridades justo.
En definitiva, se echa de menos la acción
del Estado en el sentido de prohibir que los organismos públicos contribuyan a distorsionar
la competencia y socializar pérdidas. Constituye una perversión de la economía
de libre mercado que es preciso desterrar.
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