El 8 de septiembre de 2002, el a la sazón presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró que iba a “barrer de las calles a los pequeños delincuentes que amargan la vida a los ciudadanos”. Fue significativa la precisión de que la amenaza iba dirigida a los delincuentes de poca monta, porque los grandes no frecuentan las calles sino que actúan desde despachos enmoquetados, defendidos físicamente por vigilantes jurados y jurídicamente por competentes abogados. La declaración compone una metáfora obscena porque las personas son eso y nunca basuras que barrer para arrojar al vertedero, aunque sean pobres e incluso rateros.
El sistema de palo y tente tieso debió aprenderlo Aznar de su amigo y mentor George W. Bush que mantenía a dos millones de compatriotas entre rejas y cuatro millones y medio más en libertad condicional. La aplicación de esta receta comportaba un doble objetivo: barrer las calles y reducir la tasa oficial de paro, dado que los reclusos no buscan trabajo, lo tienen asegurado bajo la atenta mirada de sus guardianes. Lo que interesa es sacar de la circulación a los que la ley tipifica como indeseables, mayoritariamente sin medios de vida.
En España tenemos actualmente unas 75.000 personas privadas de libertad. Se ve que la escoba funciona a pleno rendimiento. Bien está que las autoridades se preocupen de garantizar la seguridad ciudadana pero no con acciones represivas. Se echa en falta una política integrador para prevenir el delito y no limitarse a corregir sus efectos.
El problema debe enfocarse a largo plazo, de forma que el plan contemple las medidas necesarias que eviten las situaciones de discriminación y exclusión social porque siempre ha sido mejor prevenir que curar. A los políticos se les pide y se les paga para resolver problemas y merecerán aplauso si los evitan. En este contexto encaja la mejora de la educación y la estabilidad de los planes de estudio concebidos no como un atiborramiento de conocimientos teóricos, sino como método de inculcar valores cívicos.
Otro medio de lucha eficaz contra la delincuencia es la reforma del sistema penitenciario, dotándolo de medios suficientes para que pueda cumplir el papel que le asigna el artículo 35 de la Constitución de rehabilitar y resocializar a los reclusos a fin de que disminuya la reincidencia. Es preciso que los gobernantes se conciencien de que es mucho lo que nos jugamos en la apuesta de lograr una sociedad más justa, solidaria y cohesionada en la que nadie se siente excluido ni carezca de oportunidades acordes con sus aptitudes.
Dado que gran parte de los autores de delitos contra la propiedad proceden de las capas de la población económica y culturalmente más desfavorecidas, es imperativo invertir más en protección social a fin de que ni la necesidad ni la falta de oportunidades sean campo abonado de conductas antisociales.
El sistema de palo y tente tieso debió aprenderlo Aznar de su amigo y mentor George W. Bush que mantenía a dos millones de compatriotas entre rejas y cuatro millones y medio más en libertad condicional. La aplicación de esta receta comportaba un doble objetivo: barrer las calles y reducir la tasa oficial de paro, dado que los reclusos no buscan trabajo, lo tienen asegurado bajo la atenta mirada de sus guardianes. Lo que interesa es sacar de la circulación a los que la ley tipifica como indeseables, mayoritariamente sin medios de vida.
En España tenemos actualmente unas 75.000 personas privadas de libertad. Se ve que la escoba funciona a pleno rendimiento. Bien está que las autoridades se preocupen de garantizar la seguridad ciudadana pero no con acciones represivas. Se echa en falta una política integrador para prevenir el delito y no limitarse a corregir sus efectos.
El problema debe enfocarse a largo plazo, de forma que el plan contemple las medidas necesarias que eviten las situaciones de discriminación y exclusión social porque siempre ha sido mejor prevenir que curar. A los políticos se les pide y se les paga para resolver problemas y merecerán aplauso si los evitan. En este contexto encaja la mejora de la educación y la estabilidad de los planes de estudio concebidos no como un atiborramiento de conocimientos teóricos, sino como método de inculcar valores cívicos.
Otro medio de lucha eficaz contra la delincuencia es la reforma del sistema penitenciario, dotándolo de medios suficientes para que pueda cumplir el papel que le asigna el artículo 35 de la Constitución de rehabilitar y resocializar a los reclusos a fin de que disminuya la reincidencia. Es preciso que los gobernantes se conciencien de que es mucho lo que nos jugamos en la apuesta de lograr una sociedad más justa, solidaria y cohesionada en la que nadie se siente excluido ni carezca de oportunidades acordes con sus aptitudes.
Dado que gran parte de los autores de delitos contra la propiedad proceden de las capas de la población económica y culturalmente más desfavorecidas, es imperativo invertir más en protección social a fin de que ni la necesidad ni la falta de oportunidades sean campo abonado de conductas antisociales.
1 comentario:
En esta ocasión, Don Pío, no coincido en opinion con usted y, con su permiso, le dejo aquí mi discrepancia; pero permítame antes que le felicite por su blog, por sus siempre bien hilados argumentos y por mantener su cabeza crítica y actualizada.
En cuando al post que nos ocupa, la afirmación implícita de que quienes delinquen lo hacen, en gran medida, por necesidad, me parece injusta con el ser humano: hay personas en situaciones de gran necesidad que no delinquen, y a la inversa; creo que la delincuencia va ligada a la educación y valores más que a la necesidad.
hay delincuentes de guante blanco y otros que hacen del delito su medio de vida, de hecho creo que en esos dos grupos encajan la mayoría de los 75.000 encarcelados de los que habla y en ninguno de esos dos casos creo que se pueda hablar de necesidad.
en cuanto a la necesidad de protección social, comparto el planteamiento pero puntualizando algo: personalmente no creo en las subvenciones y subsidios a fondo perdido, no solucionan nada, sí creo en las ayudas con un objetivo; y esas ayudas con un objetivo tienen fecha de caducidad, no nos lleva a ninguna parte tener a parte de esta sociedad viviendo de subsidios.
Un abrazo
Berta
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