Poderes ocultos

En contra de lo que pudiera creerse sobre el auge en nuestros días de los medios de comunicación social y de la libertad de prensa, vivimos una época en la que florecen poderes que se mueven en la sombra, con enorme capacidad para influir en nuestras vidas, condicionar las decisiones de las instancias públicas y sustraerse al imperio de la ley. Se caracterizan por su estructura jerarquizada piramidal, por la autonomía de sus órganos de gobierno, por la opacidad de su actuación y por la ausencia de legitimidad democrática y de control externo.
Entre los poderes ocultos los hay que son de naturaleza intrínsecamente perversa y se mueven en la más espesa oscuridad para eludir la acción de la justicia. Libran sus batallas en las cloacas de la sociedad de las que apenas emerge la punta del iceberg. Su “modus operando” es actuar de forma clandestina o con apariencia de legalidad por medio de testaferros y su arma predilecta es el dinero –poderoso caballero, como lo definió Quevedo- que moviliza a unos y paraliza a otros. No descartan, sin embargo, el empleo de procedimientos contundentes para conseguir sus fines, como la violencia, la coacción y el chantaje.
Las organizaciones que mejor responden a estas connotaciones son las mafias que tienen por fin único o preferente el narcotráfico, la trata de blancas, el juego ilegal, el contrabando y el traslado clandestino de emigrantes. Encajan también los movimientos terroristas en los que el asesinato, la extorsión o el secuestro son sus tarjetas de presentación.
Un segundo grupo englobaría aquellas asociaciones privadas reconocidas que no persiguen fines ilícitos, siquiera nominalmente, pero que no actúan a cara descubierta, bajo sociedades interpuestas que ocultan el nombre de la asociación a la que pertenecen, la cual, a su vez, debe obediencia a otra entidad supranacional. Es el caso de las logias masónicas, la Trilateral, las sectas seudorreligiosas y grupos afines. En algunos de ellos destaca su actuación como grupos de presión en favor de sus intereses.
Curiosamente, algunos poderes ocultos existen por obra y gracia del Estado, como los servicios secretos, destinados a espiar a los propios ciudadanos y a los extranjeros que operan en el filo de la ley, cuando no totalmente al margen, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Son los organismos oficiales que encarnan la razón de Estado, es decir, la cara sin rostro del Estado de Derecho. Aunque sin dependencia directa oficial pero estrechamente vinculadas a las autoridades o a departamentos ministeriales, tenemos las sociedades dedicadas al tráfico de armas, amparadas en el secreto pero con cobertura legal y con frecuencia ligadas a los servicios de espionaje.
Un nuevo poder oculto, no institucionalizado ni controlado externamente ha surgido en los últimos tiempos. Se trata de los especuladores internacionales que, favorecidos por la instantaneidad de las comunicaciones y la libertad de movimientos de los capitales, desplazan enormes sumas de una plaza a otra, llevan la inestabilidad a los mercados financieros, alteran las paridades monetarias y ponen en peligro la política económica de los gobiernos, y en definitiva, el desarrollo económico y la paz social. Lo ocurrido recientemente con la especulación de los mercados contra Grecia es un ejemplo convincente del peligro que la excesiva libertad entraña para la estabilidad económica de los Estados.
Con características peculiares cabe incluir en el conjunto de los poderes ocultos los medios de comunicación, el cuarto poder del Estado. Constituyen un poder esencial en las democracias que sin embargo, en el ejercicio mal entendido de la libertad de expresión puede resultar funesto cuando se pone al servicio de intereses particulares, a veces inconfesables. El oligopolio que ejerce en Italia Berlusconi ilustra lo que supone este peligro para la salud pública y la auténtica democracia. La delicada responsabilidad de los gobiernos es velar por la independencia, la veracidad e imparcialidad de la función informativa y orientadora de la opinión. Cuando esto no ocurre debería intervenir el Estado sin que ello suponga incurrir en la censura ni el abuso de poder, ya que sería peor el remedio que la enfermedad.
Si todo poder oculto, por su propia naturaleza, entraña un riesgo de inseguridad para la ciudadanía, la amenaza adquiere mayores proporciones cuando se formalizan alianzas entre ellos o cuando se infiltran en las instancias del poder legalmente constituido. Es el caso de la financiación de las campañas electorales en favor de determinados candidatos supuestamente vinculados a intereses ocultos como puede ser el narcotráfico.
Si bien las autoridades combaten como pueden el crimen organizado y las entidades que conforman el primer grupo sin que logren erradicarlas, en los demás casos es indispensable exigir transparencia de sus fines, actividades y financiación.
La regulación de los mercados tiene que ser más estricta, recortando el campo de maniobra especulativa. En este terreno, carece de toda justificación la existencia de los paraísos fiscales por donde canalizan sus fondos las organizaciones delictivas y otras que, siendo legales, son moralmente recusables.