En las medidas anticrisis adoptadas por el
Gobierno se asignaron a las comunidades autónomas 11.000 millones de euros que se
verán obligadas a recortar en sus presupuestos para contribuir a recortar el
déficit. Primero fue la UE la que exigió el ajuste al Ejecutivo y éste le pasó
el recado a los gobiernos autonómicos.
La reacción de estos entes es de lo más
sorprendente y variado. Cada uno se propone cumplir el encargo a su manera. La diferencia
se registra tanto en materia de ingresos como de gastos. En el primer caso,
comunidades gobernadas por el PSOE acuerdan subidas de impuestos, especialmente
el IRPF, si bien con criterios desiguales, de modo que mientras en Cataluña
consideran ricos a quienes ingresan 120.000 euros, en Baleares la cifra baja a
80.000 y en Extremadura la reducen a 60.000. En las que gobierna el PP se
renuncia a tocar los impuestos, y hasta una comunidad, la gallega, después de
haberlos recortado, no piensa subirlos tampoco.
En cuestión de medidas de ahorro es donde
se observan las mayores divergencias. Una partida recurrente objeto de las
tijeras es la disminución de organismos públicos que con los nombres de
empresas públicas, consorcios, fundaciones, entes públicos, etc. suelen reunir la condición común de su
opacidad presupuestaria. Uno se pregunta por qué esa obsesión de crear esos
entes al margen de la Administración que propician el descontrol y dan cobijo a
sinecuras.
Otro capítulo de gastos susceptible de
recorte afecta al número de consejerías que en el caso de Castilla La Mancha
baja de 14 a 7, sin que nadie explique cuantas deben ser para una
Administración eficiente. En este orden de innovaciones, es un criterio
singular el de la comunidad de Navarra,
la cual busca contribuir a crear empleo ofreciendo ayudas a
la contratación de servicio doméstico y subvencionando las reparaciones de
coches.
Por los ejemplos expuestos, que son solo
una pequeña muestra de las opciones elegidas, no parece que se haya puesto a
trabajar la imaginación a tope. Resulta extraño que no se haya puesto el acento
en gastos tan improductivos como injustificados cuales son los de la creación y
sostenimiento de “embajadas” en Madrid y Bruselas así como en la contratación
de asesores cuyas tareas, en buena lógica, deberían ser desempeñadas por
funcionarios técnicos a los que se supone cualificados en sus respectivas
especialidades.
Ante tanta diversidad de recetas para curar
una patología común, es lamentable la ausencia de criterios objetivos
elaborados por consenso en lugar de que cada gobierno autonómico adopte sus
medidas sin valorar su eficacia ni sus consecuencias.
Hoy por hoy, el mapa político dibuja una
España dual según que gobierne el PP o el PSOE dando una imagen de un país de
taifas como el que gobernó la España musulmana en el siglo XI que propició su
decadencia y la supeditación a los reyes cristianos.
La diversidad de régimen fiscal complica la
unidad de mercado y varía la situación de los ciudadanos ante Hacienda según la
comunidad donde estén domiciliados. Viene de atrás el régimen especial que
disfrutan el País Vasco y Navarra, pero al paso que vamos, lo especial va
camino de convertirse en ordinario, sobre todo tras la oleada de nuevos
Estatutos, impulsada por el Gobierno del PSOE, que sirve de hecho para alterar la Constitución sin que haya
sido aprobada su reforma. Es lo que se llama empezar la casa por el tejado. El
regulador que regule la situación desregulada, buen regulador será.
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