lunes, 7 de abril de 2014

De qué reforma hablamos



Conocido que fue el informe sobre la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 20 de marzo de 2014, desató toda clase de críticas negativas, e incluso el Gobierno que lo había pedido se desligó de su contenido. Claro que ante el rechazo uno se pregunta por qué se hizo el encargo a espaldas de organismos públicos como el Instituto de Estudios Fiscales. O cómo se seleccionó a los componentes del comité llamado de “sabios”. El coordinador, Manuel Lagares intervino en todas las reformas del sistema tributario desde 1970, excepto la de 2006 en que el Gobierno socialista prescindió de su asesoramiento.
    Los efectos que produjeron nadie se atrevería a calificarlos de brillantes, ya que el sistema impositivo español suscita más reproches que elogios, toda vez que descansa  sobre las rentas del trabajo y cuando el empleo disminuye se resiente la recaudación, lo que denota su ineficiencia  e inequidad.
    El encargo y el rechazo del Gobierno del trabajo de los expertos, recuerda la auditoría que Feijoo encomendó a KPMG sobre la solvencia de Caixagalicia y Caixanova con vistas a la fusión de ambas entidades. La tarea se concluyó en 15 días, y como el que paga manda, la conclusión fue  la que deseaba la Xunta, si bien no sirvió para nada porque el Banco de España contaba con los informes de los inspectores. El coste de un millón de euros se podría haber ahorrado sin perjuicio para nadie y probablemente podrá decirse lo mismo del dirigido por Lagares, cuyo precio no se ha hecho público. Su fama de “sabio” no lució a gran altura durante los años que estuvo vinculado a la Confederación Española de Cajas de Ahorros, cuyas entidades en su inmensa mayoría terminaron en bancarrota.
    En cuanto al informe en cuestión, destaca su marcada tendencia protectora de las rentas más altas. Propone, entre otras cosas, subir el IVA del 21% al 23% y reducir el IRPF pasando el tipo mínimo del 24,75% al 20% y el máximo del 56% al 50%. La rebaja del tipo mínimo quedaría más que compensada por el nuevo IVA que incluiría además pasar del 10% al 21% los alimentos elaborados que forman parte de la cesta de la compra. A este último cambio la terminología oficial llama reclasificación de conceptos, al igual que a la amnistía fiscal la denominaron regularización extraordinaria.
    Lo que hace falta en materia fiscal es una reforma a fondo  que se base en los impuestos directos como es el IRPF y el de Sociedades para obtener el grueso de la recaudación que gravan los ingresos y no en los indirectos que recaen sobre el consumo. Los primeros son más progresistas y más redistributivos, y además, los primeros tienen la ventaja de no incidir en los precios, con lo que se evitan las tendencias inflacionistas, Otro cambio, debe reducir la diferencia entre la presión fiscal de las rentas del capital y las del trabajo que atenta contra la equidad del sistema lo cual no parece haber preocupado en absoluto a los redactores del informe comentado.
    Son solo algunos de los aspectos que deberá contener una auténtica reforma para que pueda ser considerada como tal y que contribuya a atenuar la desigualdad social.

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