Recetas anticrisis

Si como suele admitirse, las crisis económicas como la que actualmente padecemos, son patologías que alteran y distorsionan el funcionamiento del sistema económico, hemos de aceptar que para superarlas hemos de aplicar métodos adecuados que permitan pasar de la depresión al optimismo razonable. Al igual que ocurre con las enfermedades humanas, la curación de las económicas puede intentarse con distintos remedios y el éxito dependerá del acierto en la elección.

    Así como el médico puede elegir el tratamiento entre la homeopatía y la cirugía, según el diagnóstico, el político escogerá las medidas que estime más ajustadas a su ideología. De aquí arrancan las líneas generales de la política anticíclica que respondan a sus convicciones o intereses. La diferencia está en quien debe soportar los costes de las reformas inevitables, si los deben pagar los pocos que tienen mucho o los muchos que tienen poco. De la elección dependerá que aumente o disminuya la desigualdad social.

    Las medidas de política económicas implementadas por el gobierno socialista primero y acentuadas después por el del PP, no solo son  antisociales sino que resultan ineficaces, lo cual explica el descrédito de  ambas formaciones como evidencian las sucesivas encuestas de opinión. Y no vale acusar a Alemania de ser la causa de nuestros males, pues si como un mal galeno prescribe dosis excesivas de austeridad, también recomienda la implantación de reformas que, o brillan por su ausencia o adolecen de un marcado sesgo ideológico neoliberal que la experiencia muestra ineficaces a la vez que gravemente lesivas para la mayoría de la población.

    La alternativa de izquierda se propone alcanzar dos objetivos simultáneos: reducción del gasto improductivo y aumento de los ingresos públicos. El logro del primer objetivo implicaría la reforma de la Administración, el recorte de cargos políticos y asesores, la disminución del gasto corriente, la simplificación de trámites administrativos, revisión de puestos de trabajo en el extranjero, reducción o supresión de televisiones autonómicas y representaciones extranjeras, entre otras medidas de política económica.

    En materia de ingresos públicos, la clave de arco es una profunda reforma fiscal progresiva que grave por igual las rentas del trabajo y las del capital y haga hincapié en los impuestos directos sobre los indirectos ya que estos últimos restringen el consumo e impulsan la inflación. A ello habría que añadir la intensificación de la lucha contra el fraude en las mayores empresas y las grandes fortunas en donde se oculta el 70% de la evasión, de importe suficiente para eliminar el déficit del Estado.

    Como gesto de solidaridad con los más débiles, sería deseable que los cargos políticos se rebajasen, con carácter temporal, sus sueldos y gastos de representación, así como los sueldos máximos de los directivos bancarios y de las grandes sociedades, con especial mención de los que prestan sus servicios en los bancos que han devenido propiedad del Estado recortando estos por debajo de los autorizados en la actualidad.

    Dado que padecemos una dura crisis de demanda por la maltrecha capacidad adquisitiva que deprime el consumo, debería anularse la última subida del IVA y aumentar las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro tipo Banco de Alimentos, Caritas o Cruz Roja para que puedan satisfacer las necesidades más apremiantes de quienes han caído en la pobreza.

    Una de las medidas más urgentes para estimular el crecimiento es la de facilitar la concesión de crédito a las familias, empresas y emprendedores. A tal fin, los bancos nacionalizados deberían recibir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) fondos públicos para atender la demanda solvente.

    En definitiva, hay que arbitrar medidas que tras la salida de la crisis conduzcan a una aminoración de la desigualdad social y que el 10% de la población no sea más rica y el 80% más pobre. Hay alternativas en contra de lo que sostienen los economistas conservadores.