martes, 24 de junio de 2014

La doble cara del Estado



        Los heridos y familiares de los fallecidos en el trágico accidente ferroviario acaecido el 24 de julio del pasado año en la curva de Angrois, próxima a Santiago,  se encuentran ante el dilema de cobrar las indemnizaciones que les ofrecen las compañías de seguros o rechazarlas por la expectativa de que sean aumentadas si tuvieran éxito las demandas de la Asociación de Perjudicados (Apafas) y la Plataforma de Víctimas Alvia en el supuesto de que sea declarado culpable Adif, en cuyo caso sería responsable subsidiario el Estado, del que todos formamos parte.

    La primera consideración que se me ocurre al respecto es que ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de una persona porque la vida humana no tiene precio. Ello no implica que no sea prudente fijar un límite razonable a las obligaciones pecuniarias del Estado que pagamos los contribuyentes.
    En este contexto cabe preguntarse si la Administración cumple contratando el seguro obligatorio de viajeros o debe además asumir otras obligaciones por acciones de sus servidores. En la vida diaria, el Estado tiene dos caras como el dios Jano. Es odiado cuando recauda tributos, y es amado cuando ofrece subvenciones, indemnizaciones o desgravaciones fiscales. Cuando le reclamamos alguna prestación exigimos que el importe sea el máximo posible, por ejemplo, cuando nos expropia algún bien.

    Por el contrario, si nos toca ingresar, acudimos a todas las argucias imaginables para anular o reducir nuestra deuda. Evidentemente, falta una cultura fiscal que ni siquiera el propio Estado se ha encargado de implantar como se ocupa de desarrollar campañas a favor de la seguridad vial. No podemos olvidar que los impuestos, con la condición de que sean equitativos y bien administrados, es lo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada.

    Las relaciones entre el Estado y los ciudadanos adolecen de varias contradicciones y ninguna más palmaria que la que ocasiona el neoliberalismo económico. Su principio fundamental consiste en rechazar todo intervencionismo público y dejar los negocios a merced de los empresarios porque ellos saben mejor que nadie lo que hay que hacer. Siguiendo el guion, durante los años de bonanza las autoridades monetarias se inhibieron y dejaron que los bancos y cajas de ahorro se endeudaran hasta las cejas o que realizaran operaciones de riesgo incontrolado y que la burbuja inmobiliaria siguiera hinchando. Cuando sobrevino el estallido, las entidades financieras, que antes clamaban por el respeto a la iniciativa privada, se acordaron de papá Estado, el cual hubo de entregarles muchos miles de millones de euros para evitar el colapso del sistema, aumentando a su vez su deuda cuyos intereses pagamos todos. Entretanto, como los dineros públicos no llegaban para todo, hubo que negar el auxilio a quienes eran desalojados de sus viviendas por los mismos bancos y cajas receptores del dispendio estatal. La situación, que parece kafkiana, es real y triste.

    Es frecuente leer y oír que el Estado despilfarra (y es cierto) y que la empresa privada es quien mejor gestiona sus recursos. Lo expuesto demuestra que esa apreciación dista mucho de la realidad, y a pesar de todo, las presiones ideológicas obligan a privatizar las empresas creadas con recursos presupuestarios. Y si se tercia, hasta servicios sociales como la sanidad.

lunes, 16 de junio de 2014

Complicada que es la vida



    La noticia tuvo amplia difusión mediática y fue presentada como la primera acción policial contra la compraventa de órganos en España. Se había detenido a cinco personas acusadas de haber mediado en un intento de donación de un trozo de hígado para ser trasplantado a un enfermo hepático –uno de los arrestados– a cambio de una importante suma de dinero. Los cinco podrían haber incurrido en un delito castigado con penas de prisión de seis a doce años, de acuerdo con lo establecido en la última reforma del Código Penal de 2010.
    No seré yo quien discuta la finalidad ética que la ley española defiende al prohibir la compraventa de órganos –permitida en otros países– mas no me niego a reflexionar sobre la complejidad de las cuestiones que se plantean. Es un hecho que el cuerpo humano se compone de órganos únicos (corazón, hígado, bazo, etc.) y de otros duplicados (pulmones, ojos, etc.) y que la vida puede mantenerse con relativa normalidad con uno solo de estos últimos. El organismo también elabora materiales renovables como es el caso de la sangre o el esperma. También se ha descubierto recientemente que el hígado es un órgano vital que, reseccionada una parte, se regenera, por lo que es posible trasplantar una porción que sustituya a otro enfermo, sin que la vida del donante corra peligro, aunque no por ello esté exenta de riesgo.
Se producen con excesiva frecuencia situaciones de personas en estado de extrema pobreza que solo cuentan con su fuerza de trabajo sin que nadie les ofrezca una ocupación. No poseen propiedades ni bienes de clase alguna que ofrecer en venta en el mercado para sobrevivir, tal vez no solamente ellos sino otras personas que de las primeras dependen, como era el caso de inmigrantes irregulares entre los cuales se buscaban posibles donantes. Para ellos no existían opciones entre las que escoger para satisfacer sus necesidades básicas que la sociedad insolidaria en que vivimos no les ofrece. En esta tesitura se explica la aparición de anuncios en Internet con el ofrecimiento de vender un riñón o un pedazo de hígado. Para estos anunciantes la venta de un riñón puede salvar la vida de un enfermo y salir de la angustiosa miseria a la que se ven abocados. Para el hambriento lo más urgente es alimentarse y después filosofar. Los demás podemos condenar tales conductas porque tenemos saciado el apetito. Al fin y al cabo, donante y donatario están defendiendo el derecho a la vida que ampara la Constitución.
    Por otro lado, en tiempos no lejanos estuvo permitida la venta de sangre y en cambio ahora está prohibida y penalizada. El veto legal no se extiende a la venta de esperma o de óvulos, si bien enmascarando el precio pagado como compensación a las molestias que ocasiona la extracción. No es fácil justificar la diferencia entre el comercio de gametos y el de la sangre, tanto más cuanto que España importa plasma. Cuando alguien, por mor de la adversidad se ve forzado a desprenderse de una parte duplicada de su organismo a cambio de una retribución, ¿a quién daña?, ¿a quién perjudica? Mientras se admita que el dinero es un elemento diferenciador de posibilidades, siempre será conflictiva la valoración de los privilegios que su posesión otorga.
    Un caso reciente acaecido en Tarragona ejemplifica lo resbaladizo del terreno que se pisa a la hora de juzgar la eticidad de las ventajas compradas con dinero. He aquí el relato de los hechos entresacados de la información periodística. Una enferma necesita ser operada para implantar una prótesis de rodilla. Acude al hospital financiado en un 97% de su actividad por la Seguridad Social, y según ella, le dijeron que la lista de espera era de catorce meses. Como adujo no poder aguatar el dolor, propuso abonar la operación y la espera se redujo a menos de un mes sin que, según la dirección del centro, se retrasase ninguna intervención pública. El coste fue de 9.300 euros, todo perfectamente legal.
    Lo que esto pone de relieve es la discriminación de pacientes de primera y de segunda en los centros concertados con financiación mixta, pública y privada.
    Cuando hablamos de problemas éticos, a veces tenemos que conformarnos con la solución admitida por consenso, a sabiendas de que puede no estar amparada por verdades inconcusas. Es una cuestión de valores que, como tales, no son inmutables.

lunes, 9 de junio de 2014

Rejuvenecimiento de la Constitución



    A partir de ahora en que España está a punto de estrenar rey en la persona del que será Felipe VI, se antoja más fácil que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo para remozar nuestra Carta Magna que, después de 36 años de vigencia, acusa un cierto grado de obsolescencia, fruto de la velocidad con que se sucedieron los cambios sobrevenidos desde que fue promulgada.
    El texto adolece de numerosas contradicciones y flagrantes omisiones, que si en su día pudieron verse como normales, están pidiendo una corrección para adaptarlo a la realidad presente.
    Comencemos por señalar las patentes contradicciones que existen entre los artículos 14 y 56. El primero reconoce que “los españoles somos iguales ante la ley”, pero a continuación, el segundo afirma que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Evidentemente, aquí se rompe el principio de igualdad. En realidad la norma se incumple desde el momento en que se establece que la jefatura del Estado se reserva al monarca, que la ejerce por derecho de herencia. A veces no caemos en la cuenta que también otras leyes vulneran el artículo 14 como las que autorizan el aforamiento de determinadas personas cuyo número no baja de 10.000, un privilegio que no admite parangón con el ordenamiento jurídico de nuestro entorno.
    En el capítulo de omisiones no son menos los ejemplos que urge subsanar. Comencemos por el anacronismo que representa el precepto del artículo 57 referente a la sucesión de la corona en el que el varón prevalece sobre la mujer. Esto a su vez constituye una vulneración del citado artículo 14 que, como hemos visto, establece la igualdad de todos los españoles (y de las españolas, por supuesto). Recordemos que, de momento, los herederos de Felipe VI son mujeres y si éste tuviera más tarde un hijo, descartaría a sus hermanas de su acceso al trono.
    La amplitud y ambigüedad del art. 56 no aclara si la inmunidad judicial del soberano se aplica a los actos que realice en el desempeño de sus funciones o se extiende a cualquier hipotético delito que pudiera cometer. Tal inconcreción se puso de manifiesto en 1999 cuando España suscribió el Tratado de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional, el cual determina que los jefes de Estado son responsables de genocidio o crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión se salvó la situación con un dictamen del Consejo de Estado según el cual las normas sobre inmunidad no son extrapolables a la esfera internacional.
    Otros casos de omisión, explicables por la extemporaneidad de los hechos, remiten a la enunciación de las comunidades autónomas y a la adhesión a la UE, con la consiguiente renuncia de la soberanía nacional.
    Otros vacíos textuales menos explicables implican la vulneración de una norma expresa en la que se establece que “las abdicaciones y renuncias (…) se resolverán por una ley orgánica” precepto que cayó en el olvido durante treinta y cinco años. De ahí que la pereza o la desidia legislativa de las Cortes y los distintos gobiernos que se sucedieron, cogieran desprevenidos a unas y otros cuando Juan Carlos I anunció de forma sorpresiva su abdicación, lo que obligó a improvisar de prisa y corriendo y con carácter provisional todo lo relativo a la nueva situación creada por la transmisión de poderes.
    También debería haberse corregido la ausencia de regulación de las funciones reales por incapacidad o enfermedad, así como la edad de jubilación, ahora que hasta los papas se retiran, y el estatuto del soberano emérito.
    De lo dicho se desprende que no faltan motivos para acometer la revisión del texto constitucional que, como toda obra humana, acusa el paso y el peso del tiempo, y por ello, está necesitado de una cura de “aggiornamento”.
    Comprendo, no obstante la reticencia del PP por temor a que, abierto el melón surjan sorpresas, algunas de escaso calado y otras de trascendencia jurídico-política. Sin embargo, después de la nueva redacción del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto para complacer a la señora Merkel, lo acordaron los partidos mayoritarios en 24 horas, no debería ser problemático un nuevo consenso. No obstante, plantearlo ahora en momentos de crisis, podría ser un sobresalto creador de inestabilidad política. En todo caso, el PSOE, que dice tener en su ADN el republicanismo, podría  introducir en su programa  electoral la iniciativa, secundado por los demás partidos de izquierda, sobre todo si los próximos resultados electorales consolidasen  los de la las recientes europeas.
    A los políticos se les llena la boca cuando buscan el aplauso o los votos y dicen que el español es un pueblo maduro y sabio. Ojalá que esa madurez y sabiduría se ponga de manifiesto en las ocasiones importantes como sería la reforma constitucional.

domingo, 1 de junio de 2014

El fútbol y el poder



       Que la afición al fútbol es un sentimiento y una pasión irrefrenable no precisa de mayores demostraciones después de la jornada vivida en Lisboa, a donde acudieron 60.000 forofos españoles para presenciar el partido en el que el Atlético de Madrid y el Real Madrid se disputaban la final de la Liga de Campeones, muchos de ellos después de adquirir entradas a precios desorbitados.
    Millones de personas acuden a los estadios a ver ganar a su equipo como sea, y muchos más se conforman con verlo delante de un televisor. Si triunfa, serán presa de excitación y éxtasis. En caso contrario sufrirá desánimo, frustración, disgusto, depresión. Los medios de comunicación, por su parte, calientan el ambiente con noticias, comentarios y declaraciones de los jugadores para mantener viva la afición. El fútbol es también una religión en la que no podían faltar cohortes de fanáticos al mismo tiempo que atrae a creyentes de todas las clases sociales. Sus campos son lugares interclasistas donde coinciden empresarios y trabajadores, gobernantes y gobernados, blancos y negros. Estos últimos integran las plantillas de los equipos y algunos alcanzan puestos preeminentes, contratados por millones de euros.  
    Para entender la dimensión imparable del fenómeno y sus perversiones, conviene analizar la relación incestuosa entre el fútbol y las instancias del poder. Este fue acusado en la dictadura de Franco de utilizarlo como una forma actualizada del romano pan y circo, instrumento de distracción de la política y válvula de escape de las dificultades y ausencia de libertades. Si hubiera sido así, hay que reconocer que la democracia ha contado con alumnos aventajados, capaces de llevar la tensión a límites insuperables.
    En este contexto, el Estado alimenta la difusión del fenómeno futbolístico con diversas ayudas y dispensándole un tratamiento fiscal que no concede a otros contribuyentes. Los clubes acumulan cuantiosas deudas fiscales de hasta 3.500 millones de euros sin que Hacienda adopte medidas de apremio. En el impuesto del IVA aplica a las entradas el gravamen reducido del 10%, en tanto que las del cine y teatro sufren el 21%, lo cual amenaza a estas actividades culturales con desaparecer.
    No contentas con esto, los directores de Televisión Española y Radio Nacional, sostenidos con los impuestos de todos los españoles, reservan espacios preferentes a dicho deporte, y en la transmisión del partido de Lisboa, TVE después de haber pujado con las cadenas privadas para conseguir la exclusiva, desplazó a la capital portuguesa a un equipo de 120 personas.
    Y por si todo ello fuera poco, es menester contabilizar el coste del despliegue de fuerzas de seguridad para mantener el orden.
    Si del ámbito nacional descendemos al local (provincial y municipal) vemos que las diputaciones subvencionan la construcción de campos de fútbol con césped artificial en parroquias escasamente pobladas, y en Vigo, el alcalde anunció que, con cargo al superávit presupuestario de 2013, destinará 2.700.000 euros a reparar y mejorar el estadio de Balaídos que usufructúa el Celta sin contrapartida. Disfrutar del campo en exclusiva y cargar al propietario el gasto de mantenerlo en uso es un negocio redondo. Como si el Club fuera una ONG.
    Uno piensa, si aun queda capacidad de pensar, si no habría otra aplicación más justa de ese excedente ante la crisis que pone a tantas familias al borde de la subsistencia.
    Dado el trato preferente que nuestros gobernantes otorgan al mundo del espectáculo deportivo, usted, amigo lector, quizás se pregunte la razón de estos privilegios. Ante semejante duda solo puedo responder, como decía el padre Astete en su famoso catecismo “Doctores tiene la Iglesia que sabrán responder.” Estos doctores son los políticos que hemos elegido para administrar con prudencia los caudales públicos.